El juez instructor de los ERE en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, cree que los expresidentes andaluces Manuel Chavesy José ANtonio Griñám cometieron un delito de prevaricación administrativa en el caso de los ERE. Los mismos indicios ve contra los exconsejeros andaluces y diputados Gaspar Zarrías y José Antonio Viera. Para este último, el juez entiende que, además, hay indicios de que pudo cometer malversación de fondos públicos. De los cinco ex altos cargos andaluces a los que investigaba el Supremo, Barreiro solo exculpa a la senadora Mar Moreno.
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En el caso de Griñán, que ha perdido su condición de aforado al renunciar al acta de senador, el juez considera que debe seguir investigándose en el Supremo como presunto "coautor" de los hechos. Griñán había pedido al Supremo que dejara de investigar su papel en el caso porque, tras renunciar al acta de senador, había dejado de estar aforado. Sin embargo, el magistrado motiva a través de un auto los indicios recabados contra él por los que se le imputa el delito de prevaricación, al que le considera presunto coautor y por tanto que debe ser enjuiciado conjuntamente con el resto de imputados.
Para los tres inculpados que siguen siendo aforados, Chaves, Zarrías y Viera, el juez eleva una exposición motivada a la sala de admisión para que pida el suplicatorio a las Cortes, necesario en este momento para continuar el procedimiento contra ellos. A lo largo de los 130 folios, el magistrado Alberto Jorge Barreiro analiza el sistema establecido durante diez años, de 2000 a 2010 para conceder ayudas sociolaborales a empresas y particulares por parte de la Junta de Andalucía. El juez relata cómo el sistema legal de subvenciones se fue modificando para convertirse con el paso del tiempo en la figura de transferencias de financiación, con una ausencia del control propio de las subvenciones.
El juez recoge también las 22 modificaciones presupuestarias que se aprobaron a lo largo de estos años y que resultan relevantes para configurar el delito de prevaricación. El juez cree que esas modificaciones presupuestarias “fueron arbitrarias” porque "se estaba haciendo un ejercicio arbitrario del poder que tenían atribuido, como integrantes del consejo de gobierno, poder que se desviaba hacia unos objetivos que tenían un componente claramente ilícito, por el sistema arbitrario aplicado." Con esas modificaciones se realizaba un aporte sustancial de dinero para pagar subvenciones ilegalmente concedidas, según Barreiro. El juez cita las palabras del exinterventor general de la Junta, MAnuel Gómez, en un escrito dirigido al Parlamento de Andalucía en el que señalaba que los imputados "cebaron sin descanso la partida de los eres".
El juez en su exposición detalla todos los indicios recabados contra los tres aforados, así como las advertencias reiteradas del interventor, un elemento que considera fundamental para acreditar el conocimiento de la ilegalidad del sistema establecido. Alberto Jorge Barreiro concluye que el sistema de subvenciones investigado fue ilegal. El magistrado se pregunta si un sistema de intervención es eficaz " cuando el que hace la labor de interventor general tiene que controlar la actuación de quienes lo nombran discrecionalmente para ejercerla, es decir, si el interventor puede realizar un control eficaz cuando es nombrado discrecionalmente por el intervenido"
El magistrado cuestiona el desconocimiento que esgrimieron los aforados cuando comparecieron en el Tribunal Supremo. En el auto que afecta a Griñan el instructor recuerda que se ha investigado una estructura claramente jerárquica y piramidal "pues no solo es que la falta de entrega por la viceconsejera de los informes que se dirigen al consejero contradiga de forma patentemente irrazonable lo que sucede en casos similares, sino que de acogerse la versión del imputado, en la junta de Andalucía habría un sector de altos funcionarios (de viceconsejerias hacia abajo) que estarían realizando una especie de complot o de conspiración del silencio dentro de las Consejeria de Empleo, Economia y Hacienda para ocultar a los respectivos consejeros los informes relevantes y alarmantes que les llegaban referentes al sistema de aplicación de las transferencias de financiación". El juez considera que el sistema de conceder ayudas o subvenciones mediante las transferencias de financiación generaba el falseamiento del presupuesto.
El magistrado dedica gran parte de su exposición a fundamentar porqué las decisiones adoptadas por los aforados fueron arbitrarias e injustas, requisitos para acreditar que con sus actos pudieron cometer un delito de prevaricación administrativa.
