«Está claro que algunos utilizan la comisión sobre el fraude como un instrumento partidista», aseguraba ayer el consejero de Presidencia de la Generalitat, en alusión a ERC y su petición de que Artur Mas comparezca en el Parlamento catalán para dar explicaciones sobre los turbios negocios del expresidente Jordi Pujol (lo hará el próximo lunes). Se trata de la enésima pulla que se intercambian nacionalistas y republicanos desde que, a mediados de enero, pactaron adelantar las elecciones al 27 de septiembre.
Aunque existen contactos entre ambas formaciones para concretar la hoja de ruta que debe conducir a la independencia de Cataluña, lo cierto es que las relaciones entre CiU y ERC están al límite. La formación que lidera Mas confiaba en que ese acuerdo electoral incluyera un pacto de no agresión, por lo que la solicitud de los republicanos de que Mas acuda a la comisión de investigación ha sido interpretada como una «puñalada», según palabras del consejero catalán de Territorio, Santi Vila, quien calificó la petición de «poco patriótica». Por su parte, la formación de Oriol Junqueras también asume las críticas de CiU en clave partidista y no descarta que estas vayan en aumento a medida que se acerquen las elecciones municipales.
Primera vuelta
Ambos partidos afrontan esos comicios como una primera vuelta de las «plebiscitarias» del 27-S, y mientras que Convergència quiere circunscribir la campaña al proceso secesionista, ERC abrirá el foco y se presentará como el partido que lucha contra la corrupción y que marca el paso presupuestario a los nacionalistas. Unos argumentos que no puede utilizar Mas.
En el entorno de Mas crece la teoría de que el acuerdo con ERC del pasado 14 de enero fue en realidad una victoria pírrica y cuestionan ya si vale la pena mantener la fecha del 27-S. No solo no han logrado formar esa lista conjunta que permitiría diluir un previsible nuevo descenso electoral de CiU, sino que los republicanos demuestran que van a ir a por todas en materia de transparencia y de políticas sociales. Poco o nada repuntan los nacionalistas en las encuestas de intención de voto, tras un breve aumento tras el simulacro de votación del 9-N. Esquerra, por su parte, confía en repetir los buenos resultados de las elecciones europeas, cuando por primera vez se convirtieron en la fuerza ganadora en Cataluña. Tienen un as en la manga: el fichaje de exdirigentes socialistas que gobernaron con Maragall y Montilla para las elecciones municipales. Exconsejeros como Antoni Castells, Montserrat Tura o Marina Geli -que acaba de dejar el grupo parlamentario del PSC para ser diputada no adscrita- podrían incorporarse a las listas de Junqueras como independientes, lo que permite dar la puntilla a una formación socialista en horas bajas y competir con ICV y Podemos por el espacio más social. Los llamamientos a la unidad de Artur Mas, de momento, caen en saco roto, pese a sus reiteradas advertencias de que es precisamente la ausencia de un frente común el que puede poner en peligro el proceso soberanista catalán.
«Poco de fiar»
Y para acabar de tensar la cuerda entre CiU y ERC, el líder de Unió, Josep Duran Lleida, no solo redunda en la idea de los nacionalistas de que el partido de Oriol Junqueras «no es de fiar», sino que avisa de que no se siente cómodo con ese itinerario independentista. Tampoco pondrá trabas a esa entente secesionista si en Unió hay una mayoría favorable al Estado propio, pues, en contra de una dirección que apoya el modelo confederal, en las bases socialcristianas hay un importante sector independentista.
Precisamente ayer, el secretario de Universidades de la Generalitat y dirigente de UDC, Antoni Castellà, aseguraba «que sería muy, muy interesante que en las generales pudiera haber una lista soberanista unitaria. Nos viene una oportunidad casi única en la historia, en la que hay una formación que rompe el bipartidismo y si aprovechamos esta situación podemos hacer una lista única del soberanismo que tenga una capacidad importante para iniciar la negociación sobre el estado independiente». No obstante, Unió no tomará una decisión definitiva sobre su futuro junto a CDC hasta después de las municipales, y ha aplazado el debate sobre el proceso soberanista previsto para el 31 de enero hasta después de mayo.