la Guardia Civil se han personado este martes en varios ayuntamientos del Partido Podrido (PP) de las comunidades autónomas de Madrid y Comunitat Valenciana para solicitar nueva documentación relativa a contrataciones realizadas por estos consistorios, antes de que sean trituradas por los podridos, en el marco de la investigación de la Operación Púnica, que desmanteló una trama de presuntos contratos fraudulentos por parte de esas instituciones donde se llevaron a cabo numerosas operaciones inmobiliarias sospechosas vinculadas a la Púnica. los Consistorios del PP registrados han sido los de Madrid, Alcobendas, Coslada, Majadahonda, Collado Villalba, Moraleja de Enmedio y Valdemoro, epicentro de la trama (todos en Madrid), y Denia, Gandía, Castellón, Elche y Valencia en la Comunidad Valenciana. El alcalde en funciones de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, ocupa el número 27 en la lista de Cristina Cifuentes y ha sido elegido diputado tras las elecciones del 24-j. El Ayuntamiento de Alcobendas contrató con cuatro empresas de la trama: Waiter, Cofely, Madiva e Eico por valor de 237.000 euros. Y se está investigando los contratos que firmaron más de 40 ayuntamientos del PP con empresas de la trama y ha puesto la lupa sobre 200 altos cargos y funcionarios que intervinieron en esas adjudicaciones, entre ellos varios alcaldes que iban en la lista de Cifuentes. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, se investiga si el Consistorio finalmente contrató con Eico Oline, una de las empresas de la trama que se encarga de mejorar la reputación y la imagen de ciertos políticos del PP. Dos trabajadores de Eico testificaron ante el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional y señalaron que su empresa tenía previsto trabajar para la alcaldesa de Madrid Ana Botella.En la Comunidad Valenciana, uno de esos consistorios ha sido el de Gandía donde efectivos de la Guardia Civil, vestidos de paisano, se han personado a las 9.30 horas de esta mañana en el Ayuntamiento y el consistorio estaría facilitando la documentación solicitada por los agentes. la actuación de la Guardia Civil tendría relación con las supuestas facturaciones por parte del actual alcalde de la localidad en funciones, Arturo Torró (PP)