El martes vi el nuevo documental de Iñaki Arteta. Se proyectó en la Fundación Ortega y Gasset-Marañón para un pequeño grupo de periodistas. Al terminar, los asistentes quedamos unos largos segundos en silencio. Lo que habíamos visto y oído era doloroso y deprimente. Sabíamos de antemano qué nos iba a contar Arteta en Contra la impunidad, porque conocíamos los datos, ya de por sí elocuentes. Aun así, nos impresionó ver a familiares de asesinados por ETA abrumados por la decepción, la tristeza y la amargura ante la falta de justicia. Ante las faltas de la Justicia y el Estado que han provocado que los asesinatos de sus abuelos, padres, maridos o hermanos hayan quedado impunes, sin resolver y, en no pocos casos, prescritos.
Los datos, decía, son elocuentes. Hay 324 asesinatos de ETA no resueltos entre los 858 que perpetró, y esto significa que permanecen impunes más del cuarenta por ciento de los crímenes con víctimas mortales cometidos por la organización terrorista. No hemos conocido la magnitud de la impunidad gracias a un departamento de la administración o del gobierno. Se ha sabido por el trabajo de unas cuantas personas que se pusieron a cotejar sumarios y a investigar. De no ser por esta iniciativa particular, seguiríamos ignorándolo, pensando quizá que se ha hecho siempre todo lo posible por encontrar a los autores de los atentados y que las víctimas del terrorismo han recibido en todo momento la atención adecuada.
Pedro J. Juan Boix es hermano de José Manuel, muerto en una cadena de atentados en las estaciones de trenes de Madrid en julio de 1979. Era estudiante, atleta y no había cumplido los 18 años. En el documental de Arteta, Pedro cuenta que desde entonces nadie se ha puesto en contacto con él: ningún juez, ningún fiscal, ningún policía. Como si el asesinato de su hermano, y el de las otras seis víctimas mortales de los atentados de aquel día, no hubiera existido.
Cristian Matías es nieto de Manuel Albizu, taxista asesinado por ETA en marzo de 1976 en las afueras de Guetaria. Tampoco ha sabido nunca nada de la justicia. Hace algún tiempo se puso a buscar donde habían asesinado a su abuelo y encontró el sitio examinando las fotos que salieron en la prensa. En el recodo donde apareció el taxi, con el cadáver de Manuel, hay ahora un contenedor. Podríamos decir que lo del contenedor es pura coincidencia, pero no es el único lugar de un asesinato de ETA en el País Vasco donde se ha colocado un cubo de basura.
Teresa Díaz Bada es hija de Carlos Díaz Arcocha, asesinado en 1985 cerca de Vitoria. Arcocha, que era teniente coronel del ejército, era el jefe de la Ertzaintza, la policía autonómica vasca. El asesinato permanece sin aclarar. Tampoco ella ha tenido noticia alguna de la policía, la Audiencia Nacional ni ningún otro departamento judicial. Su decepción es palpable. La suya es una decepción con la justicia, pero también con la sociedad. Se pregunta si lo que hizo su padre, al seguir adelante pese a los riesgos y las amenazas, valió la pena. Y responde que no. Por un país que no cuida a sus víctimas, no.
Naiara Zamarreño es hija de Manuel, asesinado en Rentería en 1998. Manuel Zamarreño era concejal del PP en esa localidad. Sustituyó en el cargo a José Luis Caso, también del PP, asesinado seis meses antes. Naiara cuenta que su padre sufrió un largo calvario cuando decidió ocupar el cargo vacante por el asesinato de Caso. Lo hizo pese a las llamadas amenazadoras, las pintadas, los carteles y la certeza de que iban a intentar matarle. Su hija no sabe quiénes asesinaron a su padre. Sigue esperando.
Hay más. Hay más de 300. Podríamos suponer que los asesinatos de ETA sin resolver son sólo los más antiguos, y que eso es explicable por la falta de medios que tenían entonces, a finales de los setenta, a principios de los ochenta, la justicia y las fuerzas de seguridad. Pero han quedado sin esclarecer, y por tanto impunes, atentados mucho más recientes. El de Calviá, en Mallorca, en 2009, por ejemplo. Antonio Salvá y José Antonio Sáenz de Tejada, padres de los dos guardias civiles asesinados allí con una bomba lapa, siguen esperando y desesperando.
¿Cómo es posible? ¿Cómo ha sido posible que se acumulara tanta impunidad? En el documental de Arteta, los entrevistados descartan la intencionalidad, política o de otro tipo. Piensan que la causa está en la negligencia y en la incompetencia. A la condición de víctimas del terrorismo añaden la condición de víctimas de la negligencia, de la incompetencia, de la desatención, de la indiferencia. Es comprensible que algunos asesinatos no se puedan resolver y queden impunes. Es incomprensible, en cambio, que no se haga el esfuerzo. Algunos jueces y fiscales reconocen, en la cinta de Arteta, que el Estado no estuvo a la altura. Mientras la presidenta del Congreso recordaba a las víctimas del terrorismo en la apertura de la legislatura, la pregunta que yo me hacía es si nuestras instituciones estarán algún día a la altura de las víctimas.