El frente jurídico de ETA se enreda en los tribunales después de casi 10 años de iniciarse la investigación
TRIBUNALES
La abogada de los presos de ETA, Arantza Zulueta, en el momento de su detención, en enero de 2014, en Bilbao. ARABA PRESS
La abogada Arantza Zulueta recurre al Supremo para impedir ser juzgada en España
HEMEROTECA: Arantza Zulueta, una veterana de la defensa de los presos de ETA
El frente jurídico de
ETA sigue sin rendir cuentas ante la
Justicia casi 10 años después de que se abriera el primer procedimiento judicial para investigar a los abogados de la banda terrorista, en el marco del conocido como frente de cárceles. Fue en 2009 cuando se incoaron diligencias para investigar la estructura
Halboka, creada en torno a la gestión de todo lo relacionado con los presos y ex presos de la organización.
Un total de 53 personas están acusadas de delitos de integración en organización terrorista, depósito de armas y explosivos, colaboración y participación activa en organización terrorista, enaltecimiento, quebrantamiento de medida cautelar y financiación del terrorismo.
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Sin embargo,
sus respectivos juicios permanecen bloqueados en la
Sala de lo Penal de la
Audiecia Nacional -Secciones Cuarta y Tercera-, a expensas de que el
Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación presentado el pasado mes de junio por
la veterana abogada de los presos de ETA, Arantza Zulueta.
La que fuera representante legal de una gran parte de los miembros de la banda, además de integrante de la ilegalizada
Gestoras Pro Amnistía, quiere evitar ser juzgada en
España y alega que
Francia es la jurisdicción competente para enjuiciar los hechos por los que se le atribuye un delito terrorista de depósito de armas y explosivos, en el marco del llamado caso Halboka.
El tribunal que preside
Ángela Murillo, rechazó, el pasado 31 de mayo, la petición de Zulueta. Su abogado,
Alfonso Zenón, alegó «una clara y patente falta de jurisdicción» por parte de la Audiencia Nacional para juzgar a su cliente, según consta en el auto dictado por la Sala.
Un 'pendrive' en el despacho de Zulueta
A esta abogada, a la que se le atribuyen también delitos de integración y participación activa en organización terrorista en grado de dirigente,
se le intervino documentación relativa a varios zulos con armas y explosivos, localizados en el sur de Francia. La información se halló en un pendrive, escondido detrás de un cuadro que había en una habitación de su despacho, en
Bilbao.
Según Zenón, Francia abrió un procedimiento penal tras localizar los zulos e, incluso, condenó a una persona por ello -
Alejandro Zobarán Arriola-. «Francia no ha cedido su jurisdicción a España para poder juzgar aquí los hechos que nos ocupan», alega el abogado de Zulueta, que pidió la nulidad del la causa «al pretenderse enjuiciar aquí a la acusada por un delito cometido en suelo francés».
Sin embargo, la Sala tumbó estos argumentos y dejó claro que «no consta» un procedimiento en Francia en el que se estén comprobando los hechos que se atribuyen a la abogada en España. Lo único que existe en el país vecino es el resultado de una comisión rogatoria cursada por el Juzgado Central de Instrucción número 3 al
Tribunal de Gran Instancia de París para comprobar los datos hallados en el pendrive.
En cuanto a Zobarán Arriola,
los magistrados reconocen que fue condenado, pero por tenencia de armas y explosivos, no por el mismo delito que se le atribuye a Zulueta.
Por otra parte, la abogada de ETA pidió a la Sala de lo Penal de la Audiencia anular el juicio por «indefensión material». Zulueta acusa a los investigadores de iniciar el procedimiento en base a un informe de la
Guardia Civil con datos que «forman parte de las investigaciones desarrolladas por el
Centro Nacional de Inteligencia», alegando que «la actividad del CNI se ha producido a espaldas de los encausados».
"Todo preparado" para celebrar los juicios
La Sala desestimó esta petición y respondió que no hubo «ilicitud» en la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, dejando claro que el procedimiento judicial arrancó también en base a «otros actos de comprobación desplegados por la Guardia Civil distintos de las
observaciones telefónicas intervenidas por el CNI, mediando resolución judicial».
Fuentes jurídicas señalaron a este diario que, a falta de la resolución del Supremo, «todo está preparado» para celebrar los juicios -caso Halboka y caso Herrira-. La
Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para Zulueta 19 años de prisión por Halboka y 14 años y otros ocho de libertad vigilada por Herrira.
El Ministerio Fiscal acusa en ambas causas a
Jon Enparantza y
Naia Zurriarain. En el caso Herrira están también acusadas
Amaia Izko Aramendia y
Jaione Carrera Ciriza, las abogadas que defendieron a varios de los condenados por las
agresiones a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra).
Dos juicios y 53 acusados del 'frente de cárceles'
La Audiencia Nacional está a expensas de celebrar dos juicios contra el último gran frente de ETA, el llamado frente de cárceles. En total, 53 personas deben sentarse en el banquillo de los acusados. Nueve y 47, respectivamente, aunque conviene precisar que tres están acusadas en los dos procedimientos.
Caso Halboka. Este procedimiento arrancó en 2009. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa a nueve personas de formar parte del frente jurídico de ETA, liderado por Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegui. Les atribuye delitos de integración y colaboración en organización terrorista, y de depósito de armas y explosivos. Serán juzgados por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.
Caso Herrira. Comenzó a investigarse en 2013. La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa a 47 personas por integrar el frente de cárceles. Entre ellas, Zulueta, Enparantza y Naia Zurriarain -encausados también en el caso Halboka-. El Ministerio Público les atribuye delitos de integración y colaboración en organización terrorista, enaltecimiento, quebrantamiento de medida cautelar y financiación del terrorismo. Serán juzgados por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal.
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