Tres millones de funcionarios enfadados amenazan a los partidos: cuidado con nuestro voto
Han trasladado a PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos su enorme malestar porque en el debate a cuatro nadie se acordó de ellos
En España hay casi tres millones de funcionarios. Y no han pasado por alto que no recibieron ni una sola mención en el debate electoral que mantuvieron este lunes los cuatro principales candidatos a ocupar La Moncloa. Una circunstancia que ha movilizado a este colectivo y le ha llevado a entrar en campaña.
Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera citaron a numerosos sectores de la población (autónomos, pensionistas, jóvenes, emprendedores...). Pero no hubo ninguna referencia a propuestas concretas relacionadas con los empleados públicos y sus familias.
Según ha sabido El Confidencial Digital por fuentes de varios ministerios, este “vacío” ha desatado la indignación de los trabajadores de la mayoría de departamentos de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de los entes locales. No han dudado en trasladar sus quejas de inmediato a sus representantes sindicales.
Advertencia a los cuatro grandes partidos
La avalancha de protestas de los empleados públicos ha obligado a las centrales a movilizarse. Fuentes conocedoras de estos contactos aseguran a ECD que los principales sindicatos, entre los que destaca la central mayoritaria CSIF, han trasladado una clara advertencia a los cuatro grandes partidos con opciones de Gobierno.
“Nosotros también votamos y somos tres millones”. Este es el mensaje que se recibió este martes, a primera hora de la tarde, en las sedes de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Se coordinó a través de llamadas telefónicas de varios representantes a los responsables de Administraciones Públicas de las distintas formaciones, con quienes mantienen habituales contactos informales.
Les advirtieron también que los empleados públicos son el motor que vertebra los servicios públicos en el conjunto del Estado y su voto puede ser decisivo, como se ha comprobado en anteriores comicios.
Los líderes han comenzado a reaccionar
Y los avisos han comenzado a surtir efecto. Fuentes parlamentarias de los diferentes partidos confirman a ECD que el plan es “salir a conquistar a los funcionarios en el último tramo de campaña”. En el caso del PSOE, por ejemplo, los mensajes no van a ir dirigidos tanto a proponer más medidas, como a poner en valor su trabajo.
“Lo que piden es simplemente que se hable de ellos, después de la dura campaña de desprestigio que han sufrido en los últimos años”, coinciden en el equipo económico de Podemos.
Pero la advertencia lanzada por los funcionarios ha inquietado especialmente en Moncloa. En el Gobierno confirman a este confidencial el anuncio de nuevas medidas en los próximos días, que serán protagonizadas por Mariano Rajoy, encaminadas a conquistar el voto de los empleados públicos.
El propio Rajoy ha sido claro con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: “Sin el voto de los funcionarios, no ganamos las generales”.
Movimientos a favor de un voto de castigo
Según las fuentes consultadas, algunos colectivos de funcionarios al margen de CSIF están proponiendo ir un paso más allá en las medidas de presión. Están dispuestos a promover un voto de castigo el 26-J, en forma de abstención, si no se atienden sus peticiones tras haberles “menospreciado” en el debate a cuatro.
Así lo confirman también personas involucradas en esta campaña, que han revelado estas intenciones a altos cargos de las distintas formaciones en las conversaciones informales mantenidas en los últimos días.
Les han trasladado un dossier con medidas
Los sindicatos han aprovechado también para trasladar a las distintas formaciones un dossier con sus principales demandas. Tienen que ver con la recuperación de las condiciones laborales que les fueron recortadas desde 2010. En concreto, reclaman recuperar la estructura salarial previa a mayo de ese año, cuando se congelaron los salarios un 5% de media.
Piden también la vuelta a la jornada laboral de 35 horas semanales, que fue eliminada en 2012, cuando se aprobó una jornada “mínima” de 37,5 horas semanales para todo el sector público. Y la devolución de otros derechos como la eliminación definitiva de los descuentos retributivos en todas las bajas por enfermedad.
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