Hace ya cien días que
Quim Torra fue investido 10º presidente de la Generalidad de Cataluña (según los libros de historia) y 131º (según la mitología nacionalista). Son cien días, desde el 14 de mayo, en los que el Ejecutivo catalán sólo ha remitido al Parlamento cuatro proyectos de ley paralizados por el 155; en los que apenas se ha aprobado
un polémico decreto que permite la comercialización de leche cruda y un decreto ley que revierte la privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat; y en los que la única actividad institucional de relevancia ha sido la restitución en sus antiguos puestos de los cargos cesados por Mariano Rajoy durante la primavera, y la derivada de
los distintos actos, marchas y protestas a cuenta de los llamados "presos políticos".
Todos somos los 14
La parálisis del Ejecutivo ha arrastrado consigo la del Legislativo. El Parlamento catalán sólo ha celebrado durante estos primeros cien días de Torra un puñado de plenos sin mayor fruto que
las habituales escenificaciones de irreductibilidad frente al Gobierno central antes de cerrar por vacaciones. Del hemiciclo catalán sólo han salido dos leyes aprobadas antes de echar el candado para el verano. Una de ellas, la reforma de la ley de Presidencia que debería permitir futuras investiduras virtuales
como la que se pretendió en su momento de Carles Puigdemont. La segunda, una intrascendente modificación de la normativa universitaria.
En la práctica, los diputados catalanes contarán este año
con tres meses de vacaciones de verano. La última sesión del Parlamento se celebró a mediados de julio y la primera del nuevo curso no llegará hasta el 2 octubre, con ocasión del debate de política general, un día después de un aniversario del referéndum del 1 de octubre
que se prevé muy tenso en las calles. El debate será la culminación de veinte días, desde la Diada del 11 de septiembre, en los que el nacionalismo prevé poner contra las cuerdas al Estado
e incluso forzar a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas si la atmósfera en Cataluña amenaza ingobernabilidad.
Programa de punto único
No es un secreto para nadie en los pasillos del Parlamento y entre las paredes del palacio de la Generalidad que el programa político de Quim Torra y Carles Puigdemont sólo cuenta a día de hoy con un único punto:
la construcción de la república independiente catalana. Todo lo demás (sanidad, educación, seguridad, infraestructuras, vivienda, agricultura, industria, administraciones públicas) ha sido aparcado y dejado al albur de la inercia.
La fragilidad del Gobierno del PSOE y la decisión de la Justicia alemana de no extraditar a Puigdemont por todos los delitos que le imputaba el juez Llarena, y muy especialmente el de rebelión, han sido los dos factores que han incentivado la estrategia frentista de un Carles Puigdemont que se percibe a sí mismo
como dueño del destino político de Pedro Sánchez.
Los dos culpables de la parálisis
La parálisis catalana tiene varios culpables. En primer lugar,
la guerra civil en el seno del independentismo entre ERC y la vieja Convergencia, por un lado, y Quim Torra, Carles Puigdemont, la CUP y la parte del PDeCAT que aboga por diluirse en la Crida, por el otro.
El resto de actores de la obra se mueven entre ambos extremos. La ANC es fiel a Puigdemont y a su estrategia maximalista de demandas desorbitadas e internacionalización del 'conflicto'. Òmnium Cultural se mantiene equidistante,
pero escorando con frecuencia hacia el posibilismo de ERC. Los CDR son irreductiblemente puigdemontistas, al igual que la práctica totalidad de los medios de comunicación en catalán, tanto públicos como privados.
El segundo culpable es el propio Quim Torra, acogotado por un Carles Puigdemont que ha cumplido su amenaza
de no dejarle ocupar el despacho de presidente de la Generalidad, oficialmente en obras desde hace meses. Quim Torra trabaja y despacha desde una estancia cercana y se califica a sí mismo, sin un ápice de ironía, como "presidente vicario".
Sabedor de su provisionalidad y de la percepción, común incluso entre sus propios seguidores, de que se trata únicamente de un presidente de transición
hasta la llegada de nadie-sabe-a-ciencia-cierta-qué-al-palacio-de-la-Generalidad, Torra se limita a ejercer de pirómano jefe amenazando día sí día también al Gobierno central (mientras sus fontaneros negocian discretamente con los del Gobierno central) o a los ciudadanos catalanes que retiran lazos amarillos de las calles y
que han empezado a ser identificados y denunciados por los Mossos d'Esquadra.
Albert Rivera
✔@Albert_Rivera
Tome nota Sr.
@QuimTorraiPla y deje de utilizar a los mossos como una policía política. Perseguir desde el gobierno a los ciudadanos que cumplen las leyes para amparar a los que la incumplen puede ser un delito de prevaricación.
Unió de Mossos per la Constitució@UMCmossos
La retirada de símbolos partidistas no autorizados está amparada por la sentencia del TSJC de 5 de Julio sobre la neutralidad de los edificios y espacios públicos por parte de las administraciones locales.
UMC no se opone a su retirada y exige el cumplimiento de la sentencia
23:45 - 19 ago. 2018
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Rumores a discreción
Los rumores se suceden sin pausa. Según uno de esos rumores, la relación entre Quim Torra y Carles Puigdemont
no se encontraría en su mejor momento. Según otro de esos rumores, Carles Puigdemont tendría pensado ceder su puesto 'natural' al frente de la Crida
a un Jordi Sánchez actualmente en prisión preventiva. Según otro de esos rumores, Elsa Artadi sería en estos momentos la verdadera presidenta ejecutiva de la Generalidad en la sombra, y Quim Torra el encargado de 'agitar' las aguas de un independentismo que desconoce cuál es la hoja de ruta de sus líderes.
Pero si los rumores son poco tranquilizadores, aún lo son menos los hechos confirmados. A las habituales declaraciones explosivas de Torra se ha sumado la decisión adoptada esta semana por el Gobierno de la Generalidad de no enviar a ningún representante al Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy miércoles
y remitir las posibles futuras conversaciones a comisiones bilaterales Estado-Generalidad.
En lenguaje llano: Cataluña no se considera una comunidad autónoma más
sino un Estado soberano al mismo nivel que el español. "El reparto de los objetivos de déficit es desproporcionado y tienen un efecto recentralizador" ha dicho
Pere Aragonès, vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico catalán, en un mensaje nada subliminal dirigido a la ministra de Hacienda
María Jesús Montero.
A la espera de una posible convocatoria anticipada de elecciones autonómicas en Cataluña, quizá tras el inicio de los juicios a los presos por el golpe de los pasados meses de septiembre y octubre de 2017, quizá cuando se haga pública la sentencia, quizá en el momento
en el que la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez sea más evidente, Quim Torra pasa sus días como presidente entrando y saliendo de las cárceles catalanas (ayer visitó a Carme Forcadell en la prisión de Mas d'Enric) y enzarzado en las ya habituales trifulcas verbales con la oposición.
Ayer, el PP de Albiol solicitó que Torra comparezca en el Parlamento para dar explicaciones
por su llamada pública "a atacar al Estado" del pasado sábado. La petición será abordada por la Junta de Portavoces el próximo 4 de septiembre.