larazón.es. Madrid. Hace 8 minutos
Denuncian un «inusual vicio de secretismo al «camuflarse» partidas destinadas al referéndum para «dificultar» el recurso al TC.
S. E. . Madrid. Hace 16 minutos 131
El número de desempleados se redujo en mayo hasta los 3.461.128 personas, la menor cifra desde enero de 2009, tras experimentar un descenso mensual de 111.908 personas. La Seguridad Social registró en mayo un incremento de 223.192 personas, el mayor alza mensual desde julio de 2005.
R. B.. Barcelona. Hace 32 minutos 4
La Fiscalía ha presentado un informe al Tribunal de Cuentas en el que apoya la apertura de una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para determinar su responsabilidad en el gasto de más de 5 millones de euros en las votaciones de la consulta del 9-N.
Alucinante el espaldarazo al secesionismo por parte de la comisión de Venecia!!
Es un triunfo para Romeva y Puchi: Podían haberlos meado, insultado, menospreciado e ignorado, incluso abofeteado... Pero estos astutos han logrado simplemente que les cierren la puerta en las narices.
Gran triunfo del pruses!!
Lo reconozco, aumenta mi frustración...
Anda...y por casualidad se dice algo si una de las partes se niega a negociar?
No, nada. Ya sabes el que calla otorga
Moncloa es consciente de que los funcionarios catalanes son una pieza clave en la hoja de ruta independentista y confía en que no sucumban a las presiones del Gobierno catalán ante el referéndum.
Por eso, ve importante recordar que la primera obligación de un empleado público es la "lealtad" a la Constitución y que su incumplimiento puede llevar a incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales.
Así se recoge en uno de los argumentarios internos que maneja Moncloa, en el que se incluyen también algunas pautas de defensa jurídica que pueden seguir en caso de recibir órdenes de dudosa legalidad por parte del Gobierno de Carles Puigdemont.
En el citado argumentario, el Gobierno destaca que los funcionarios públicos que, en cumplimiento de su deber de lealtad a la Constitución incumplan órdenes de sus superiores jerárquicos no pueden incurrir en ninguna responsabilidad, cuando esas órdenes sean "claramente contrarias" al ordenamiento constitucional.
Exigencia de órdenes por escrito
En este punto, cree que es recomendable que el funcionario que reciba una orden contraria a la Constitución exija a su superior jerárquico que sea por escrito. Éste es uno de los asuntos que estuvo encima de la mesa en la reunión que a primeros de mayo mantuvo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra.
La 'número dos' del Gobierno conoció de primera mano el protocolo diseñado por el sindicato, que aconseja a los empleados públicos que, en caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.
En el caso de que el superior jerárquico persista en el requerimiento de la orden, el protocolo recomienda dejar constancia al superior de su parecer sobre la ilegalidad de la orden y acudir a los recursos legales. De esta manera se pretende salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su cumplimiento.
El Ejecutivo del PP confía en que los funcionarios no se arriesgarán a posibles sanciones y a ser apartados de un puesto que han logrado por oposición. El pasado viernes, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, fue preguntado expresamente por el papel que esperan de los funcionarios si se convoca el referéndum y dijo que no dudaba de que cumplirían con la ley y "con lo que ordena el Tribunal Constitucional".
La primera obligación de los funcionarios
En cualquier caso, en Moncloa no creen que esté demás recordar que la primera obligación de empleado público en cualquier administración, ya sea estatal, autonómica o local, es la "lealtad" a la Constitución y el debido acatamiento a las leyes.
En este sentido, subrayan que los funcionarios públicos que infrinjan ese "esencial deber de lealtad" a la Carta Magna pueden incurrir en responsabilidades disciplinarias e incluso penales. Y señalan -en el citado argumentario- que la obediencia debida a los superiores jerárquicos no es una cláusula general de exención de responsabilidad.
Presiones sobre el funcionariado en Cataluña
Este recordatorio se produce en medio de las presiones que, según fuentes consultadas, se están ejerciendo sobre algunos funcionarios catalanes. En este plano enmarcan declaraciones como las que realizó recientemente el diputado de Junts pel Sí (JxSí) Lluis Llach instando a sancionar a los funcionarios que incumplan la llamada Ley de Transitoriedad catalana.
Sin embargo, el Gobierno está evitando contestar a cada una de las "provocaciones" de Puigdemont -entre las que cita las de hace unos días retando a Rajoy a aclarar si usará la fuerza- para no "alimentar el victimismo", según fuentes gubernamentales.
Hace unos días, la consejera de Gobernación catalán, Meritxell Borràs, acusó al Gobierno de Rajoy de querer "amenazar" a los funcionarios y dijo que, ante el proceso político que vive Cataluña, "preservarán y protegerán a los trabajadores públicos", sin ponerlos "en riesgo".
Fuentes de Moncloa lamentan que el Gobierno catalán "intente dar la vuelta" a la situación porque, según explican, lo único que están haciendo es trasladar a los funcionarios que tienen amparo legal y que pueden no obedecer una orden que vaya contra la Carta Magna y las resoluciones del TC.
Varapalo de Europa a Puigdemont
La frase corrió como la pólvora en el PDeCAT tras conocerse la imputación abierta por el TSJ de Cataluña a quien fue su mano derecha, Germá Gordó, y la petición de la Fiscalía para investigar al ex presidente de La Generalitat por malversación de fondos públicos en la consulta del 9-N de 2014.
El 'Procés', en la fase final: Puigdemont anunciará esta semana fecha y pregunta del referéndum
Pablo Planas (Barcelona)
Esta semana se conocerá la fecha y también la pregunta del referéndum de autodeterminación. Ni las "recomendaciones" de la Comisión de Venecia, ni la renuencia de muchos funcionarios a colaborar en la organización de la consulta, ni la monitorización de las actividades del Govern y el Parlament por parte de la Fiscalía alteran la agenda del presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, que a mediados de semana tiene previsto protagonizar un acto solemne para anunciar la cita con las urnas y el texto de la pregunta.
Se barajan el 1 y el 8 de octubre. En cuanto a la pregunta parece que se impone la fórmula "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?", aunque ERC presiona para sustituir "Estado" por "República". No se descarta que Puigdemont quiera "firmar" la cuestión, aunque a diferencia de lo que hizo su antecesor, ha afirmado que sólo habrá una pregunta y dos respuestas, sí o no.
La intención de Puigdemont es reunirse antes del anuncio, previsto para el miércoles 7, con los portavoces de las organizaciones que dan cobertura "civil" al proceso -la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Indepedència (AMI)- para precisar el calendario parlamentario y coordinar las movilizaciones. La primera de ellas está fijada para el domingo 11 de junio a fin de señalar el comienzo de una larga campaña a favor del "sí" en un referéndum cuyo resultado, según Puigdemont, se aplicará.
El sustituto de Artur Mas descarta la repetición de un 9-N. En una entrevista en el diario nacionalista Ara, ha afirmado sin ambages que no será lo mismo porque en esta ocasión la organización corre de cuenta de la Generalidad y no de "voluntarios", la pregunta será "clara" y se aplicarán los resultados. Puigdemont ya no confía en respaldos internacionales, pero sí en una alta participación que "legitime" las pretensiones secesionistas de Convergencia, ERC y la CUP.
El pasado 9-N y según datos de los propios nacionalistas, 2.340.000 personas fueron a votar, menos de la mitad del censo electoral a pesar de que también podían participar menores a partir de los dieciséis años. En esta intentona, los impulsores del proceso confían en el que el calado de la situación política incite al electorado no nacionalista a participar en un referéndum "definitivo" e, insisten, "oficializado" por la administración autonómica.
La segunda quincena de agosto ha sido habilitada en la cámara autonómica por la mayoría separatista y los diputados de Junts pel Sí tienen orden de estar localizados en esas fechas y a no más de dos horas en coche de Barcelona. La pretensión es aprobar las "leyes de desconexión " en plenas vacaciones al objeto de dificultar la reacción de "Madrid". En el seno de los "juristas" de la ruptura existe el debate de si la "ley de transitoriedad" debe contener la norma que habilite el referéndum o la consulta requiere una ley propia.
Es la única duda que aparenta tener el bloque separatista, profundamente dividido por la corrupción convergente, la investigación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre Germà Gordó por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas, el famoso 3%, y la ambición de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalidad y líder de ERC, al que acusan de evitar a toda costa incurrir en el más mínimo conato de desobediencia.
Los asesores de Puigdemont y Junqueras no contemplan que el anuncio del referéndum comporte consecuencias judiciales y más bien especulan sobre hipotéticos movimientos del Gobierno encaminados a rebajar la tensión y abrir una negociación sobre las reivindicaciones separatistas.
A corto y medio plazo no es viable. Sus efectos dejarían la economía catalana al borde de la bancarrota.
La ofensiva secesionista dispara el gasto en publicidad de la Generalitat
El desembolso por este concepto se incrementó con la llegada de Mas a la presidencia autonómica y continúa con el presidente Puigdemont
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