Lo que si es cierto y me intriga es que cuando los controladores hicieron aquel planton y entre muchos aeropuertos fue el de madrid uno de los afectados EN HORAS pusieron solucion a esa huelga. Y nunca mas se supo se las protestas de los controladores.
Lo que no entiendo es lo de EULEN, que siendo como quien dice una ETT los trabajadores tengan tantisimo poder... porque en otros sitios en este tipo de empresas el que protesta por algo mañana ya tiene sustito.
eulen tiene una ett pero esta en el aeropuerto como una empresa de servicios que ha ganado el concurso del servicio que presta...los trabajadores van pasando subrogados en iguales o mejores condiciones de trabajo manteniendo antiguedades a las empresa que haya ganado el concurso ultimo.
El Consejo de Estado da luz verde a que el Gobierno central recurra ante el TC la reforma parlamentaria para la ruptura exprés
La Guardia Civil inculpa también al responsable de comunicación del Govern y prosigue con las investigaciones
Pilar Santos / Madrid / J. G. Albalat / Fidel Masreal / Barcelona
Joan Ignasi Elena tras salir de declarar del cuartel de la Guardia Civil de Barcelona. /CHRISTIAN MORALES
A falta de política entre la Generalitat y el Gobierno central, ambos contendientes siguen con su enfrentamiento abierto por la vía judicial por querer celebrar e impedir, respectivamente, el referéndum unilateral del 1-O. El conflicto se recrudece por momentos porque todo indica que el Consejo de Ministros llevará este viernes al Tribunal Constitucional la
reforma parlamentaria para la desconexión exprés, mientras la Guardia Civil sigue investigando a cargos no solo del Govern y este se prepara para denunciar al juez instructor entre otras cosas por dilatar el secreto del sumario "injustificadamente".
El Consejo de Estado
ha debatido a primera hora de este jueves la reforma del reglamento del Parlament, tal como le pidió el Gobierno central, y ve fundamentos jurídicos para recurrirla ante el Constitucional. Así las cosas, lo más probable, según fuentes de la Moncloa, es que el Consejo de Ministros de este viernes decida presentar el recurso. Ciutadans y el PPC seguirán el mismo camino.
En concreto el Consejo de Estado considera, por unanimidad, que la modificación en las normas vulneran el derecho de participación política en condiciones de igualdad que está reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución, informa Efe.
Más interrogatorios
Mientras el Consejo de Estado estudiaba la reforma del reglamento del Parlament en Madrid, en el cuartel de Travessera de Gràcia de Barcelona la Guardia Civil seguía tomando declaración a responsables del Govern y ha inculpado al director general de comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, a raíz de las investigaciones que está realizando por los preparativos del referéndum del 1-0. Clotet ha sido citado como testigo, pero en el transcurso del interrogatorio se le ha comunicado que se le cambiaba la condición a investigado y se le ha requerido que llamara a un abogado. Tras ello, el director general se ha acogido a su derecho a no declarar. Con este alto cargo ya son dos los inculpados policialmente: el miércoles
pasó lo mismo con el secretario general de Presidència, Joaquim Nin.
Después ha sido interrogado como testigo el exportavoz del Pacte Nacional pel Referèndum (PNR), Joan Ignasi Elena. Tras declarar, Elena ha denunciado que el Gobierno utiliza los "instrumentos del Estado" para "perseguir y destruir" la disidencia política. "Hay que decir basta. Esto no va de independencia, de opinar de una forma u otra, va de democracia y de respeto a la diferencia", ha exclamado.
Las pesquisas de la Guardia Civil se enmarcan en la causa que tramita el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, por las palabras pronunciadas en algunas conferencias por el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal en las que afirmó que el Govern había obtenido datos fiscales de todos los catalanes “de forma ilegal” y que había una partida "camuflada" en los presupuestos de 400 millones para organizar el referéndun. Por ahora, en esta causa solo constan como investigadas (antes imputados) tres personas: el propio Vidal, el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi-Suyer, y el secretario de Hacienda del Govern, Lluís Salvador.
Además, los interrogatorios de funcionarios que está realizando la Guardia Civil desde hace meses son meramente policiales. Eso sí, el juez encargó a los agentes que investigaran los hechos y, sobre todo, esa partida de 400 millones "camuflada". En este sentido, el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, ha tuiteado la citación de un funcionario en la que figura que las pesquisas fueron ordenadas por el juez. Una de las líneas de investigación es la creación de la página web por parte de la Generalitat y que después fue traspasada al PNR. Los investigadores sospechan que se costeó con esa partida escondida.
"Cataluña nos roba": el grito del pueblo aragonés que exige 44 obras de arte
El municipio aragonés de Sijena ha peleado en los tribunales, con un sólo abogado que trabaja gratis, para que les devuelvan su tesoro artístico que se encuentra en Lérida. Han ganado dos sentencias que la Generalitat se niega a acatar.
Año 1936. Una milicia antifascista incendia el monasterio de Sijena (Huesca). Con él, gran parte del patrimonio artístico queda calcinado. Un funcionario de la
Generalitat de Catalunya llamado Josep Gudiol se lleva, días más tarde, numerosas pinturas, algunas quemadas y otras intactas, para salvarlas de su destrucción.
Año 1969. El convento de Sijena va a ser sometido a una serie de reformas. Las monjas que allí viven son trasladadas de forma provisional a un monasterio de Barcelona. Las trasladan a la ciudad condal porque el monasterio de Sijena pertenece en esos años al Obispado de Lérida. El obispo manda enviar un camión de mudanzas al monasterio y rebaña las obras de arte que quedan. También se las lleva
a Cataluña.
Año 2017. Julio. Un domingo, en la puerta del museo de Lleida, decenas de aragoneses montan una manifestación con pancartas y cantan un himno. Son habitantes de Sijena, que exigen que la Generalitat devuelva al pueblo sus tesoros. Lo exigen porque la justicia les ampara.
DAVID GANA A GOLIATH EN LOS TRIBUNALES
Este lunes acaba el plazo para que Cataluña le devuelva sus obras de arte a este pueblo de tozudos aragoneses. 44 piezas que están en el museo de Lérida y que tienen que ser devueltas a Sijena. Esta es la historia de una lucha entre un municipio de 500 habitantes y una comunidad autónoma de 7 millones de personas y con pretendidas estructuras de estado. Es David contra Goliath. Y el lunes 31 de julio acaba el plazo porque los tribunales han dado la razón a David.
El tesoro de Sijena se encuentra bloqueado en el Museo de Lérida
Dos sentencias respaldan a este pueblo oscense que, contra el potentísimo gabinete jurídico que defendía los intereses de Cataluña, ha puesto a pelear a un abogado en solitario. Un abogado aragonés que no cobra y para colmo se llama Jorge
Español.
"He llevado este caso gratis", recuerda. Por amor al arte, nunca mejor dicho. Y este abogado ha ganado.
LUNES, FECHA LÍMITE
Las obras de arte tienen que estar de vuelta en Sijena antes del lunes 31. Los catalanes tenían que haber presentado el plan de transporte el pasado día 25 de julio. Es decir, el documento en el que explicarían cómo se iban a trasladar esos objetos hasta Aragón. desde la Generalitat no aportaron ningún papel y han anunciado que no van a devolver nada. Si el lunes 31, tal y como todo hace suponer, las obras siguen en Barcelona y Lleida, se estará cometiendo una ilegalidad. Es por eso por lo que en Aragón
han pedido oficialmente que la policía incaute las obras y las devuelva a su lugar de origen.
Advierte el letrado Jorge Español que, de incumplirse las sentencias, los responsables estarían incurriendo en un presunto delito de apropiación indebida del patrimonio histórico español. "Un delito que puede llegar a pagarse con
6 años de prisión", cuenta el abogado. Los responsables serían los dos consellers que han estado implicados en este proceso. El anterior, Santi Vila, y el actual, Lluís Puig.
EL TESORO DE SIJENA
¿
En qué consiste el tesoro de Sijena y por qué está en Cataluña? Se trata de una serie de pinturas y murales del medievo. En total son 97 piezas, pero 53 ya volvieron a Aragón el año pasado. Pero las otras 44, las más importantes, todavía están en Cataluña.
Entre el tesoro hay auténticas joyas, como unos sepulcros de monjas donde están pintadas sus figuras por fuera. "Son de la época gótica y no hay nada parecido en el mundo", explica el abogado Jorge Español. También hay otras piezas de gran valor: “Los estudiosos del arte medieval consideran que Sijena tenía una pintura conocida como “Capilla Sixtina del Románico”, por su riqueza pictórica. También se la llevaron”, cuenta Juan Yzuel, portavoz de la plataforma
Sijena Sí. Es una entidad que pelea por la recuperación de estas obras de arte. Yzuel también es el autor del himno del pueblo que cantaron los aragoneses en el museo catalán a modo reivindicativo.
EL VATICANO CAMBIA LA HISTORIA
Esas pinturas están en Cataluña porque la aragonesa Sijena ha dependido históricamente del Obispado de Lérida. Por tanto, todo el patrimonio de este monasterio era gestionado desde Cataluña. Cuando había un incendio, algún ataque, robos o simplemente se pretendía evitar que las monjas vendiesen los bienes del convento para poder subsistir, la sobras de arte eran trasladadas desde Sijena a la sede del Obispado de Lérida. De ahí pasaron posteriormente al museo de esa ciudad o al Musei Nacional de Catalunya, que está en Barcelona. “Algunas veces lo hacían son buena fe, para preservar las obras del pillaje o los actos vandálicos. Pero en otras ocasiones
fue un expolio absoluto”, explica Juan Yzuel.
Los portavoces de Sijena protestan en la puerta del Museo de Lérida
Todo cambió en 1995, cuando la Santa Sede, siguiendo lo establecido en el II Concilio Vaticano, ordenó hacer coincidir los límites eclesiásticos con los de la geografía política. Así, el pueblo aragonés dejó de depender de Cataluña. Pasó de ser competencia del obispado de Lérida a ser transferido al aragonés de Barbastro-Monzón. Cataluña quedaba automáticamente fuera de la ecuación,
pero seguía teniendo el tesoro de Sijena.
Desde entonces llevan reclamando su patrimonio en este pueblo. La nula colaboración por parte de la Generalitat espoleó a la gente de Sijena para montar una plataforma y llevar el caso a los tribunales. En realidad se trata de dos causas distintas, pero con un nexo en común: un juicio es relativo a unas pinturas y otro a distintos objetos artísticos. Pero ambos tienen el mismo origen y el mismo fin: son obras de arte que salieron de Sijena, están en Cataluña y un juez ha ordenado que vuelvan.
CATALUÑA SE NIEGA
¿Qué dicen desde la Generalitat? Que no las van a devolver. Argumentan desde el museo que el estado de conservación de las obras es tan precario que trasladarlas a Aragón conllevaría un serio problema. Podrían estropearse durante el viaje o sufrir algún tipo de daño irreparable. “
Nuestros criterios son estrictamente técnicos y en defensa de las obras de arte. Presentan una fragilidad extrema y una gran sensibilidad frente a cualquier cambio en su entorno” argumentan desde el Museu Nacional de Catalunya.
En Aragón entienden que esta explicación no es más que una argucia para no cumplir las sentencias: “Durante un montón de años tuvieron todas esas obras guardadas en un almacén, en pésimas condiciones, pero ahora creen que el transporte las puede dañar”.
Retablos, cuadros y murales conforman el grueso del tesoro secuestrado de Sijena
El antiguo conseller de Cultura de Catalunya, Santi Vila, ya intentó calmar las aguas el año pasado y aceptó el traslado de parte del tesoro. Devolvió otras 53 piezas de arte que pertencen a ese pueblo de Huesca y estaban en museos de Cataluña. El problema es que todas éstas son obras de arte menores. Cálices, cucharas, manteles… En realidad, las obras de arte más preciadas, las pinturas, siguen en manos de los catalanes. Entienden en Sijena que fue
una maniobra de cara a la galería para intentar apaciguar los ánimos.
Otra maniobra que ha llevado a cabo el gobierno catalán ha sido la de deshacerse de las obras. ¿Cómo? Cediéndolas a una tercera entidad: el Consorcio del Museo de Lleida. De esta forma, la Generalitat demora y ralentiza el proceso, al alegar que no dispone de la posesión inmediata de las obras. Si no tengo las obras, no las puedo entregar.
"CATALUNYA ENS ROBA"
En Sijena consideran que se ha instrumentalizado políticamente este caso desde Cataluña. El abogado Jorge Español recuerda que “las relaciones entre Aragón y Cataluña siempre han sido excelentes. Ahora los independentistas están desacatando las leyes y están haciendo de este asunto un cinflicto más entre Cataluña y España.
Pero en Aragón hay leyes antes que reyes, y no vamos a parar hasta que se cumpla la ley”.
De momento ya han pedido al juzgado hasta en 24 ocasiones que se ejecute la sentencia y la Brigada policial de Patrimonio Artístico entre al Museo de Lleida a llevarse las obras de arte. El plazo acaba este lunes, pero agosto es un mes inhábil judicialmente, por lo que la resolución se demorará hasta septiembre. Máxime cuando Cataluña ya ha avisado de que el lunes no va a devolver nada a Aragón. Ahora, en Sijena, sus habitantes hacen suya una frase de origen catalán: “Catalunya ens roba”.
No entiendo eso que dicen que agosto es inhabil, en cataluña tambien se pensaban que en agosto iban a poder hacer todo a su antojo con el tema de la independencia porque se pensaban que los jueces y gobierno se irian todos de vacaciones en agosto...
y mira por donde el TC a suspendido sus vacaciones... espero que metan mano dura con el tema se sigena y el 1 de agosto vaya la policia a devolver las obras a quien corresponda
Gobierno y jueces, en 'alerta' en agosto por el reto soberanista
Rajoy junto al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. BERNARDO DÍAZ
El presidente del TC pide a sus 11 compañeros que estén «preparados»
Ningún ministro saldrá de España por vacaciones La respuesta a cualquier decisión independentista se dará en 48 horas
Las principales instituciones del Estado cuyos servicios se pueden reclamar para reaccionar ante cualquier movimiento de los responsables del proceso soberanista catalán permanecerán este mes de agosto en estado de «alerta». Así lo han confirmado fuentes de los principales organismos afectados, que son el Gobierno, el
Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado.
La escalada soberanista del presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, y de los partidos que le acompañan -
PDeCAT,ERC y la
CUP- obliga a las instituciones del Estado a establecer una guardia estival especial ante previsibles acontecimientos. Mariano Rajoy y sus ministros no saldrán de España por vacaciones y estarán disponibles para celebrar una reunión extraordinaria del Gobierno en cuestión de horas.
En el caso del
Tribunal Constitucional (TC), en el último pleno ordinario del mes de julio su presidente,
Juan José González Rivas, pidió a los otros 11 magistrados que estuvieran «atentos y preparados» para la posible convocatoria de plenos extraordinarios en agosto.
Esta misma semana ya ha habido un precedente de lo que puede ocurrir. El Parlament aprobó reformar su reglamento para permitir votar de forma exprés las leyes del referéndum, el Gobierno recurrió la decisión y el TC se reunirá de forma extraordinaria mañana por la tarde para, previsiblemente, admitir a trámite el recurso del presidente del Gobierno y suspender de forma preventiva el nuevo reglamento parlamentario.
Sin descartar que pueda haber sorpresas en los próximos días, por el momento el Parlament ya ha habilitado la segunda quincena de agosto para tareas legislativas. Cualquiera referida al referéndum sería recurrida por el Gobierno e inmediatamente estudiada por el TC en otro pleno extraordinario. Fuentes del tribunal explican que tienen la «responsabilidad» de responder con rapidez a una situación de tanta trascendencia.
Este tipo de plenos extraordinarios podrán abarcar admisiones a trámite de nuevos recursos, de incidentes de ejecución de sentencia -por actos que desobedezcan prohibiciones previas- o la adopción de medidas cautelares. En ningún caso se entrará a resolver el fondo del asunto, si bien en la situación actual medidas cautelares como la suspensión de la vigencia de un acuerdo tienen una importancia crucial.
En cuanto a la actuación de la Fiscalía General del Estado, sus ojos están puestos principalmente en los procedimientos penales abiertos en Barcelona. Tanto en el Tribunal Superior de Justicia contra aforados como la presidenta del Parlament,
Carmen Forcadell, como en juzgados ordinarios.
El Juzgado número 13 de
Barcelona, por ejemplo, ha imputado recientemente al secretario de Hacienda de la Generalitat en la investigación sobre el posible uso de fondos públicos para la independencia. Y hace unas semanas, la Guardia Civil se personó en el teatro donde se había anunciado el referéndum para rastrear quién había sufragado los gastos del acto independentista.
A lo largo de la mayor parte de agosto, estará presente en la Fiscalía General el fiscal de Sala
José Miguel de la Rosa. Se trata del jefe de la Secretaría Técnica, el órgano que asesora al fiscal general. Será él quien, en contacto con
José Manuel Maza si es necesario, podrá medir con la máxima garantía la respuesta adecuada a los posibles desafíos.
Mientras, el Gobierno se va a partir de esta semana de vacaciones, pero sin desconectar. El fin de semana del 19 de agosto a más tardar todos los ministros tendrán que estar de nuevo en sus despachos. Es el límite para empezar a trabajar en la primera reunión del Gabinete, que está prevista para el día 25.
Durante estas tres semanas escasas de descanso estival, ningún ministro saldrá de España. Todos saben que existe la posibilidad de que la fecha de vuelta se adelante. Se van, como explican en Presidencia, «en alerta y con el teléfono permanentemente cargado», atentos a la llamada a rebato para frenar de inmediato las sorpresas de la Generalitat.
A partir del día 16, cuando se reanude el trabajo en el Parlament, la atención se extremará. Los miembros del Gobierno más afectados por esta situación de duermevela son la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, y el de Justicia,
Rafael Catalá. En sus departamentos, durante todo el mes de agosto, habrá un retén de altos cargos para activar de inmediato la maquinaria de respuesta del Estado a cualquier acto jurídico que contravenga la Constitución.
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales,
Roberto Bermúdez de Castro, forman también parte de la primera línea de guardia.
La atención se centra principalmente en el previsible intento de aprobación exprés de las llamadas leyes para la desconexión. El Gobierno ya ha recurrido al TC la reforma del reglamento del Parlament, promovida para que entren en vigor con la mayor celeridad posible. Aun así,
Puigdemont y todos los diputados de Junts pel Sí y la CUP firmaron el viernes la ley del referéndum, con el propósito de registrarla mañana.
Fuentes del Ejecutivo sostienen que esta ley se presentará en la Cámara pero la Mesa no la tramitará, porque ya están apercibidos por el TC. En todo caso, si se produce este paso u otros actos jurídicos, será necesario presentar nuevos recursos de inconstitucionalidad con suspensión cautelar inmediata.
Ante esta circunstancia se deberá convocar al Consejo de Ministros para que autorice al presidente del Gobierno la promoción del correspondiente recurso. En consecuencia, los miembros del Ejecutivo tendrán que estar disponibles para reunirse en cuestión de horas. Para que la autorización del Consejo sea válida bastará con que haya quórum, es decir, que esté presente al menos la mitad del Gobierno.
Entre la consumación del acto, la presentación del recurso, su admisión a trámite y la consecuente suspensión pueden transcurrir a lo sumo entre 48 y 72 horas.
Los servicios jurídicos también quedarán sometidos a las guardias oportunas. No obstante, en Moncloa señalan que al tratarse de un proceso que se prolonga ya desde hace más de cuatro años -la primera impugnación del Estado fue contra la resolución del Parlamento de Cataluña del 23 de enero de 2013, en la que se aprobó la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña-, los argumentos están más que claros y han sido confirmados en múltiples ocasiones tanto por el propio Tribunal Constitucional como por el Consejo de Estado.
Por lo que respecta a las Cortes, el verano se presenta más tranquilo. Especialmente en el Congreso. En caso de que el Gobierno lo considerara oportuno -y no es probable que así sea-, podría activar el artículo 155 de la Constitución para tomar el control de algunas competencias de la Generalitat. Si eso ocurriera, se requeriría la acción inmediata del Senado.
En el Congreso, en cualquier caso, los grupos parlamentarios, al menos los principales, mantendrán portavoces de servicio.
Las empresas con capital extranjero prefieren Madrid a Cataluña. Actualmente existen 7.657 sociedades foráneas en la región madrileña frente a 5.418 que están en la comunidad catalana, que representan el 40% y el 28% de las establecidas en España respectivamente.
Sectores del cuerpo relatan su inquietud por la «desinformación» ante el 1-O. A menos de dos meses del referéndum, apenas se han visto con la nueva cúpula política
La intención del Govern de celebrar el referéndum para el 1 de octubre tiene en jaque a los Mossos d’Esquadra, el cuerpo policial de Cataluña. Existe cierto malestar e inquietud dentro de la institución, así como incertidumbre sobre el papel que deberán desempeñar en la jornada. De momento, no tienen órdenes oficiales.
Los últimos movimientos en la cúpula, con el relevo en la Conselleria de Interior de Joaquim Forn por Jordi Jané y en la dirección de los Mossos d’Esquadra con Albert Batlle por Pere Soler, se han observado con preocupación. Algunas fuentes consultadas por este diario argumentan que el propósito político que han impulsado estos cambios genera desasosiego, mayormente porque se sienten «desinformados», aunque otras ciñen esta sensación a «la angustia que genera siempre los cambios en la dirección de cualquier organización». En todo caso, estas inquietudes tienen también su razón de ser en la falta de trato que ha habido tanto con Forn como con Soler hasta ahora.
El primero no se ha reunido todavía con los agentes, y el segundo, que ha demostrado ampliamente su fervor independentista con descalificaciones hacia los españoles en las redes sociales, ahora está de vacaciones y sólo ha atendido en una ocasión a los representantes y sindicatos de la Policía catalana. Fue el 27 de julio, en el encuentro mensual que celebran los Mossos d’Esquadra con la dirección general, pero Soler sólo intervino dos minutos, sin admitir preguntas, y lo hizo únicamente para abordar el 1-O. Toda una declaración de intenciones. Según han explicado algunos asistentes a este diario, avanzó que «hará caso al ordenamiento jurídico», sin especificar cuál pero se da por hecho que será el nuevo catalán con la Ley del referéndum, que prevé el establecimiento de un «régimen jurídico excepcional» con prevalecimiento «jerárquico sobre todas las normas que puedan entrar en conflicto» y «amparo» a todas aquellas «autoridades y personas físicas o jurídicas» que intervengan.
También adelantó que será la cúpula, formada por él, Forn y el mayor de la Policía catalana, Josep Lluís Trapero (nombrado recientemente por Puigdemont) quien asuma todas las responsabilidades y responda ante los tribunales. En este caso, conviene precisar que es un cuerpo jerarquizado, y por tanto, los que asumen las consecuencias por actuaciones ilegales son los directores. Es decir, en el hipotético escenario de que algún tribunal se decidiera a enviar una interlocutoria para retirar las urnas, ésta sólo podría dirigirse a la cúpula, y ellos son los que tomarían la decisión de acatarla o ignorarla. En este sentido, la única manera de involucrar a los agentes en las responsabilidades sería emitir «órdenes individualizadas», pero fuentes consultadas por este diario descartan por completo este extremo por la propia naturaleza jerárquica de la institución y porque «nunca ha ocurrido».
Asimismo, ahí no termina todo, ya que la Ley 10/1994 de la Policía de la Generalitat da margen para que los policías puedan no acatar los mandatos de los jefes. En este sentido, el artículo 11.C señala que «deben atenerse a los principios de jerarquía y de subordinación», pero «en ningún caso la obediencia debida no puede amparar órdenes que comporten la ejecución de actos que constituyen manifiestamente delito que sean contrarios a la Constitución o a las leyes». Por tanto, todos aquellos agentes que decidan desobedecer las instrucciones de la dirección y prefieran asumir la orden de los tribunales, lo podrían hacer al abrigo de este resquicio jurídico.
En caso de que se diese así, esta opción cuenta con adeptos. Por ejemplo, el portavoz del Sindicato de los Mossos d’Esquadra (SME), Toni Castejón, se mostró predispuesto, tal y como señaló a LA RAZÓN: «Lo que diga el juez va a misa». Pese a ello, Castejón afirmó que todavía están a la espera de que lleguen las órdenes. Otros restan posibilidades a esta idea, como el portavoz de Unió Sindical de la Policia Autonómica de Cataluña (Uspac), Josep Miquel Milagros, que no ve probable que haya compañeros que adopten esta actitud. «Nosotros no nos posicionamos políticamente, haremos lo que hacemos los 365 días del año, que es velar por la seguridad ciudadana», aseguró. Y algunos, como el portavoz de la Federación de Profesionales de la Seguridad Pública (Fepol), Valentí Anadón, se limitan a esperar a que la cúpula policial se pronuncie sobre qué hará en caso de que llegue una «orden judicial», aunque también recordó que nunca les han obligado a cumplir «órdenes manifiestamente ilegales». «Estamos en un compás de espera, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos», explicó Anadón a este diario, que se mostró prudente a la hora de aventurar escenarios.
Por otro lado, Milagros admitió haber recibido numerosas inquietudes por parte de algunos agentes, aunque estableció una clara relación entre las posturas políticas de éstos y su grado de nerviosismo. Así, afirmó que todas las consultas que ha tenido que atender provienen de policías alineados con las tesis antiindependentistas. «No me ha llamado ningún separatista», relató el portavoz de Uspac.
Finalmente, Anadón quiso poner voz al malestar que ha generado el proceso independentista en el seno de los Mossos d’Esquadra. En este sentido, el portavoz de Fepol consideró que se ha hecho una instrumentalización política del cuerpo en el conflicto entre Generalitat y Estado, una idea que siempre ha querido proyectar el cuerpo a lo largo de estos cinco años, y ahora con mayor énfasis, ya que se acerca el desenlace final del choque entre administraciones. «No permitiremos ser utilizados por nadie. No somos el ejército de nadie», aseveró Anadón a este diario.
