Funcionarios en Cataluña

Los golpes de las propias instituciones catalanas –y no de las estatales– contra la estrategia independentista continúan sucediéndose. El Govern ya ha tenido que sufrir opiniones contrarias a sus planes de organismos autonómicos como el Consejo de Garantías Estatutarias, pero el revés de ayer es, quizá, el más contundente, ya que el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, desplegó un sólido argumentario de 21 folios en los que censura la legitimidad del referéndum unilateral de independencia y de los planes de ruptura en general.

El texto, dado ayer a conocer por la web de «La Vanguardia», es un artículo titulado «El futuro político de Cataluña: el papel del Parlament» que se ha publicado en la «Revista catalana de derecho público». El autor repasa los pasos que ha seguido el bloque independentista en los últimos tiempos, desde la aprobación de resoluciones relacionadas con la autodeterminación hasta las declaraciones de soberanía del Parlament sin olvidar las denominadas elecciones «plebiscitarias» y el reciente impulso a la desconexión y al referéndum.

El plebiscito perdido

«Si desde el punto de vista política las elecciones (de septiembre de 2015) debían constituir un plebiscito para comprobar la mayoría social a favor de la independencia de Cataluña, este objetivo no se logró ni parece correcto desnaturalizarlo con el criterio de los escaños obtenidos», subraya Bayona en la primera parte de su artículo. 

El letrado mayor del Parlament arremete, a continuación, contra el intento de presentar al Estado como un espacio público ajeno a la democracia, cuando está «legitimado por procesos electorales en los que también han participado los ciudadanos de Cataluña». Bayona constata «un conflicto jurídico» producido por la colisión de los principios de democracia y de legalidad y comenta, en este sentido, que «no son separables». «En cualquier sociedad democrática toda la legalidad se subordina a una Constitución y esta también se fundamenta, como es lógico, en el principio democrático», argumenta. Bayona admite que pueden describirse algunos déficits del Estado que afecten a su calidad democrática, pero destaca que «es arriesgado confundir esta situación» con que no mantenga los elementos esenciales que lo definen como «democrático y de derecho», «sobre todo si esta imagen continúa siendo percibida en la comunidad internacional». «Pretender, a partir de la constatación de ciertos déficits, que el Estado español mantiene formas autoritarias (postfranquistas) que lo convierten en no democrático puede suponer un grave error de apreciación política y, sobre todo, jurídica», sentencia el letrado mayor del Parlament.

El autor considera que el proceso soberanista debería plantearse, por tanto, «de la manera más escrupulosa posible en el marco constitucional», valiéndose de la negociación y de los instrumentos que ofrece la legalidad. «Esta persevarncia incumbe especialmente a quien pretende alterar el statu quo y le obliga a demostrar que ha agotado todas las vías de actuación posible dentro del marco constitucional aceptando, a la vez, que la otra parte, el Estado, también tiene el derecho y la legitimidad democrática para defender la Constitución», razona.

En la recapitulación del artículo, Bayona se refiere a los planes soberanistas de desconexión y, en concreto, a la posibilidad de consumar la ruptura aunque no haya referéndum. «Esto supondría fundamentar la vía unilateral en una peculiar lectura del principio democrático y de su relación con la legalidad», ironiza.