Primero fueron las urnas y ahora, las papeletas. El presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, encuentra cada vez más dificultades para sacar adelante el
referéndum independentista del próximo 1 de octubre. Las dos únicas empresas que podrían hacer frente al buzoneo de propaganda electoral para animar a la participación en toda Cataluña serían la estatal
Correos y la privada
Unipost, con sede central en Barcelona. La primera renunció a hacerlo en la consulta del 9 de noviembre de 2014 y la segunda, que fue finalmente quien se ocupó del envío, presentó el pasado martes una solicitud de
concurso de acreedores en un juzgado de Barcelona.
Este miércoles tendrá lugar una reunión del comité de empresa en el que se abordará el futuro de la compañía, en manos de la familia
Raventós. La empresa presidida por
Antón Raventós Raventós y dirigida por
Pablo Raventós, (familiares de los dueños de Codorniú, aunque sus actividades están separadas) tiene unas
pérdidas de cerca de 50 millones de euros y adeuda a sus 2.500 trabajadores casi tres pagas extra y la nómina de junio de 2017. La intención de la compañía es continuar con la actividad y también eso es lo que esperan los trabajadores, aunque no descartan cualquier escenario, incluso el cierre.
Carles Puigdemont y el rey Felipe VI en el acto del 30 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Gtres
Por eso, el 1 de octubre queda muy lejos para ellos. "Si el administrador concursal nos dice que pagarán, no iremos a la huelga, pero si no pagan, hay una convocatoria de huelga abierta desde el mes de abril y los trabajadores podrán seguirla", explica Mercedes Tejedor, secretaria general de Comisiones Obreras-Unipost. Los sindicatos también consideran que
en Cataluña no hay ninguna empresa privada que pueda llegar a todas las ciudades y rincones de Cataluña como Unipost, que también gestiona 143 franquicias.