El principal desafío que imponen las nuevas normas de Basilea a la banca española es la desaparición de las participaciones preferentes con las que bancos y cajas inundaron a sus clientes minoristas el año pasado. De hecho, si no contamos con ellas, ninguna entidad cumpliría a día de hoy los nuevos requisitos de capital acordados el domingo. Sin embargo, el Comité Bancario ha dado 13 años (10 años a partir del 1 de enero de 2013) para sustituir estos instrumentos por otro tipo de recursos, con lo cual es de esperar que ningún banco o caja tenga problemas para ello.
Tras la quiebra de Lehman y ante la exigencia de los inversores de mayores niveles de capital para comprar deuda y acciones de la banca, las entidades españolas colocaron masivamente participaciones preferentes en sus redes porque es un instrumento mucho más fácil de colocar y más barato que ampliar capital -algo por otro lado imposible en el caso de las cajas-. De esta forma, han pasado a constituir un porcentaje muy importante del capital de muchas entidades, dentro de lo que se conoce como Tier 1 (capital de peor calidad que el core, fondos propios y reservas).
Estas preferentes no son la inversión más adecuada para los minoristas por tratarse de títulos perpetuos, cuyos intereses dependen de si la entidad tiene beneficios y porque pueden sufrir grandes pérdidas en mercado (de hecho, se colocaron en general muy por encima de su cotización, lo que supuso varias advertencia de la CNMV). Pero tienen dos características beneficiosas para el cliente que son precisamente las que las excluyen de la definición de capital de Basilea: están obligadas a pagar el cupón si hay beneficios y estos títulos no absorben las posibles pérdidas.
Para suplirlas, las entidades tienen dos opciones. La primera, la preferida por Basilea y por los reguladores, es sustituir las preferentes por capital de máxima calidad. Pero eso obliga a los bancos a realizar ampliaciones y a las cajas a emitir cuotas participativas o a convertirse en bancos para emitir acciones, procesos complejos y costosos que muchas entidades prefieren eludir.
La tentación de crear preferentes B
La segunda es emitir unos nuevos instumentos similares a las preferentes pero que cumplan los nuevos requisitos de Basilea. Eso sería muy perjudicial para los clientes, puesto que sus inversiones tendrían las mismas desventajas que las actuales pero además se quedarían sin las dos ventajas comentadas: el pago de intereses quedaría a discrecionalidad del banco o caja aunque tenga beneficios y, en caso de pérdidas, estos títulos tendrían que asumir una parte de las mismas. Es decir, serían una especie de preferentes B.
Según fuentes del sector, es demasiado pronto para saber qué camino tomarán las entidades españolas. Pero no se descarta que, cuando llegue la ventana en que los bancos pueden rescatar las preferentes (normalmente cinco años), en vez de devolver el dinero ofrezcan a los clientes un canje por estos nuevos instrumentos adaptados a Basilea.
Este plazo de 10 años es el más largo de los que ofrecen los acuerdos de Basilea para que las entidades se adapten a los nuevos requisitos. Así, los estándares de capital empezarán a elevarse en 2013 y estarán completamente en vigor en 2015, el nuevo búfer de conservación de capital entrará en vigor en 2018 y las inyecciones de dinero público tendrán que desaparecer del capital ese mismo año.
el problema de quedarse es que nos den mas mierda en lugar de amortizarlas salvo que judicialmente o insistiendo al gobierno europa o a quien haga falta nos devuelvan el dinero