Hola,
¡Exactamente!, el "gran problema" de las demandas es a raiz del Real Decreto 24/2012 del 31 de agosto de 2012, donde la consecuencia es que se olviden de los contratos firmados hace años y que el estado salva a los bancos mal gestionados junto con sus mismos directivos (como CEISS) poniendo mucho dinero, pero que tambien los preferentistas y obligacionistas con fecha de vencimiento paquen los atracos de esos directivos y muchos directores y empleados.
El problema de esto es que es un claro incumplimiento de contrato de estos clientes donde asumían un riesgo que no se ha producido (quiebra y liquidación total), y que ni siquiera han consultado con ellos. Es definitiva se puede deir que esto en un ROBO a todos estos clientes y probablemente una ESTAFA a más del 95% donde les engañaron vilmente haciéndoles creer que tenían un prodcuto libre totalmente de riesgo, dando la espalda la CNMV, el Banco de España el gobierno anterior y el actual por encubrirlos. También hay que decir que las obligaciones tienen una fecha de vencimiento y el riesgo firmado en contrato no se ha producido, y si no hubieran tenido suficiente para salvar las nóminas y atropellos de estos bancos, seguro que también hubieran robado a los clentes de depósitos y cuentas a la vista, como en Chipre.
Lo que no se entiende es cómo no inundan de demandas penales por incumplimiento de contratos y castigan a los culpables, que en muchos casos continúan en sus puestos impunemente, despidiendo a gente muy válida y honrada, pero que no querían implicarse en sus artimañas. Se puede a la vez demandar por lo civil, ya que según parece es más fácil recuperar su dinero, pero siempre que demuestres que has sido engañado.
A mí me parece muy injusto que no sea viable reclamar por lo civil cuando no puedas argumentar muy bien que no fuiste informado en obligaciones, teniendo en cuenta que el riesgo que asummías cuando invertiste era la quiebra de la entidad, y que al no producirse no te deberían robar. Repito que es un claro incumplimiento de contrato, y aunque han cambiado las leyes con este Real Decreto, tiene que ser ilegal y sino, que la CNMV como supervisora y el Banco de España como autorizador para la subordinación, ´deberían haber avisado en los contrato que el estado podía cambiarlos sin ningún pudor en situaciones límite.
Por ultimo decir que lo han orquestado todo para que reclamar cueste mucho más dinero y los clientes robados y arruinados no reclamen, como ha pasado con los altos incrementos de las tarifas judiciales del decretazo de Gallardón y las altísimas tarifas de los abogados, procuradores,......