TRIBUNALES Delitos fiscales, falsedad y administración fraudulenta
Así se desvalijó la CAM
Roberto López Abad (i), junto a su abogado, antes de comparecer ante el juez en la Audiencia Nacional en julio de 2012. SERGIO GONZÁLEZ
Los mails intervenidos por el juez prueban cómo se manipularon los balances en la caja
Hay más de 20 implicados en el fraude fiscal de los ex directivos de Caja Mediterráneo
El juez Gómez Bermúdez ha enviado a la cárcel al ex director general, López Abad
El magistrado sospecha que pretendían huir a Curaçao, país sin convenio de extradición
Los directivos blindaron sus pagas millonarias cuando se vieron abocados a la intervención
JUAN NIETO Valencia
Actualizado: 09/11/2013 07:03 horas
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Caja Mediterráneo se esfumó con unas pérdidas de 1.731 millones de euros, una tasa de morosidad del 20% y una exposición al ladrillo de 16.000 millones de euros. Parte de su equipo directivo ya ha dormido en Soto del Real (Daniel Gil, uno de los intermediario de Brugal, salió este viernes al pagar la fianza) y la Audiencia Nacional dirige tres investigaciones penales para esclarecer las responsabilidades de los dirigentes que la llevaron a la quiebra tras más de 100 años de historia.
CAM confío gran parte de su negocio al ladrillo. La Comunidad Valenciana monopolizó esta industria y la caja pendía en gran medida de la construcción. Cuando un presidente accedía al máximo órgano de Gobierno recibía constates llamadas de los empresarios a los que luego financiaba proyectos de dudosa rentabilidad. De hecho, la Policía intervino una llamada de teléfono del jefe de Brugal, Enrique Ortiz, el día en que Modesto Crespo ascendió a la presidencia para "felicitarle", según explican los agentes.
La operación Mar Abierto ha llevado a la cárcel al que fuera director general de la caja hasta 2010, Roberto López Abad. Ascendió en la caja en la etapa de Eduardo Zaplana y supo alienarse después con los gobierno de Francisco Camps.
Según el auto de ingreso en prisión, el ex director general de la CAM «ha cobrado recientemente una indemnización de 3.888.000 euros en junio de 2011» y adquirió en 2009 una casa en México por casi 600.000 dólares americanos
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desplegó esta semana sus medios por varias comunidades autonomías en busca de pruebas y evitar la destrucción de documentos ante las sospechas de que los implicado pudieran escapar a Curaçao, una pequeña isla del Caribe donde no existe convenio de extradición.
Unos meses antes los investigadores ya irrumpieron en la casa que López Abad tiene en San Juan (Alicante). Y, al parecer, la documentación encontrada habría sido crucial para confirmar los delitos que investiga ahora el juez Javier Gómez Bermúdez en una de las tres piezas sobre el caso CAM que tiene en su juzgado. Investiga delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida, entre otros delitos.
Anticorrupción investiga si López Abad y Gil, apoyados por los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó, idearon una estructura fiscal en paraísos fiscales con la que se apoyaron para transferir de la caja más de 240 millones de euros y con la que ocultaron al fisco 30 millones de euros en beneficios. Los dos empresarios serán detenidos e interrogados en los próximos días cuando regresen de México de viaje de negocios (han comunicado al juzgado su intención de entregarse).
EL MUNDO