Yo supongo que lo que te han “hecho nuevo” son los contratos de administración y custodia de valores, que es “el lugar” dónde se guardan los títulos, dónde se administran, por tanto es un documento menor en tu caso, porque es motivado por el traspaso de propiedad, lo que debes conocer es si tu fallecido padre tenía este tipo de contrato, además de las órdenes de compra y todo lo demás.
Yo no creo que debas denunciar estos contratos, esto va de “hechos” y los hechos son los que acontecieron con tu padre, lo de ahora es la consecuencia de vuestras circunstancias familiares.
Si, si ganáis el pleito, vuestro dinero vuelve a la situación inicial, vamos que si estaba en una cuenta corriente o de ahorro, ahí vuelve, porque se ha anulado el contrato posterior de las preferentes, entonces si se anula el contrato, es todo el contrato, si no habían preferentes, no podrían existir intereses de las mismas, es lógico y no puede ser de otra manera, ahora bien cuando se gana un pleito y se supone que recibes pongamos 50.000 € de tu dinero, este es el precio del dinero (lo que se podía comprar con él) de hace pongamos 5 años, y por la inflación, hoy 50.000 € no son o no sirven para lo mismo que en 2007, con lo cual normalmente se le añaden los intereses (para actualizar el valor de dicho dinero) ¿A que porcentaje? También normalmente es al interés legal del dinero en cada momento, hoy está establecido en el 4%.
Por tanto, si ganas el pleito, ojo que esto no son matemáticas, el dinero vuelve a la situación inicial, cobras y se regularizan los intereses, devolviendo tu lo que cobraste (*) y percibiendo el interés legal, y el saldo puede ser negativo o positivo dependiendo del tipo de interés de las preferentes y el interés legal.
(*) Lo que no sé es como juegan las retenciones en esto, supongo que te descontarán el bruto, lo que hubiera cobrado hacienda y no le pertenecía por haberse anulado en contrato, el banco no se mete (ni debe meterse), sin estar muy seguro, tendrías que presentar declaraciones complementarias o petición de ingresos indebidos para recuperar las retenciones de los intereses de la preferentes que estarían anulados por sentencia judicial.