Efectivamente se vuelven a presentar para hacer convenio con Muface pero reduciendo sensiblemente los cuadros médicos y hospitales. Hasta hace unos años, como los funcionarios no tuvieron seguridad social hasta el año 1976, la cobertura médica y hospitalaria que prestaban las aseguradoras privadas era similar a la que prestaba la seguridad social a sus asegurados, de forma que un asegurado privado tenía un cuadro médico y hospitalario menor que el que tenían los de Muface. Con los años el personal funcionario de Muface ha ido envejeciendo y como no entran nuevos afiliados la siniestralidad hace que cada vez sea mas ruinoso para las aseguradoras. Para arreglarlo a Hacienda no se le ocurrió otra que congelar las primas que paga a las aseguradoras o incrementar el pago en porcentajes ridículos y digo ridículos porque el papá Estado paga a las aseguradoras menos dinero que lo que se paga a la Seguridad Social, por eso se sigue manteniendo el sistema de Muface porque al Estado le sale más barato tenerlo en seguros privados que pasarlos a todos a la Seguridad Social. El resultado de ello lo estamos padeciendo los que menos culpa tenemos, los funcionarios asegurados, nos encontramos con que cada vez los cuadros médicos y hospitales ofrecidos son más reducidos, de forma que médicos y hospitales que ofrecen a sus asegurados privados los excluyen para el colectivo de muface (al revés de lo que ocurría hace unos años) y lleva al peregrinaje hospitalario, y así si tienes cáncer el óncologo con el que tienen concierto está en un hospital, el radiólogo en otro y cirujano en otro, con lo cual una enfermedad grave como ésta que requiere la atención, en formato equipo médico, es imposible al estar en distintos hospitales y así nos encontramos con que funcionarios que o han cotizado o cotizarán toda su vida, en caso de una enfermedad grave y que por el recorte a los seguros privados no será atendido como debe y si se le ocurre utilizar los servicios de la Seguridad Social tendrá que pagar la correspondiente factura, hace que esté en peores condiciones que un emigrante ilegal que será atendido gratuitamente en la Seguridad Social sin que en su vida haya pagado ni un euro por esa asistencia sanitaria.