Avante > En España el que no corre vuela
Hace casi un año que a la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, se le ha instalado una gran interrogación en su agenda: ¿He de cesar a Ricardo Lozano, o dejo que actúen los Tribunales? Ricardo Lozano, Director General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), lleva más de dos años siendo investigado por presuntas irregularidades en su forma de entender la administración a aseguradoras y asegurados. Especialista en la redacción de informes contradictorios, e inexplicables intervenciones, y participando en los consejos de administración de todo lo que puede, el avezado director es copartícipe de uno de los últimos escándalos de la Administración de Zapatero.
Lozano es propietario de una vivienda en el lujoso barrio del Parque de Conde de Orgaz, una de las zonas más exclusivas de Madrid, valorado en 1,5 millones de euros. Y desde su vivienda, de la que es también propietaria su mujer y una empresa dedicada a la asesoría en el mundo del Seguro (VERSUS AIF), Lozano consiente que se realicen negocios relacionados con el sector del que es el regulador. Pero todo esto no sería de extrañar en un país en el que los escándalos, primero inmobiliarios y después políticos, inundan nuestra seca geografía, si no fuera porque el director está llevando su peculiar forma de administrar hasta sus últimos extremos.
Ricardo Lozano, que fue apoyado por el entonces secretario de Estado David Vegara, ha pretendido jugar en la primera división: como jugador, árbitro, seleccionador, utillero, espectador… recogiendo al final la única cosecha que se puede esperar de esta zafia actuación; una querella criminal por: prevaricación, falsedad documental y revelación de secretos.
La querella, interpuesta el pasado mes de octubre por la Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), está fundamentada en la persecución realizada por Lozano contra una de las empresas ejemplares del sector. Aún con el peso de la inspección, que no encontró nada, de la intervención; que no ha conseguido nada, AMA ha continuado consolidándose y creciendo, y todo ello gracias al esfuerzo de los cerca de quinientos trabajadores de la aseguradora que con acierto ha presidido hasta hace unos días el reputado ginecólogo pontevedrés Diego Murillo. La querella ha sido admitida a trámite y por lógica procesal, debería haber parado las actuaciones del regulador/perseguidor. Pero el relato de los hechos acontecidos puede dar una idea de dónde se encuentra la relación política-justicia, que en ocasiones tiene un margen tan estrecho que es inexistente.