El ministro de Fomento anunció hace unos días que el gobierno tenía intención de aprobar una ley que obligará a realizar una inspección técnica de edificios de uso residencial que tengan más de cuarenta años y que estén ubicados en ciudades de más de 25.000 habitantes.

La iniciativa persigue dos objetivos. Por una parte, se pretende mejorar la calidad de vida de los que residen en esos edificios (a costa, claro está, de gastar dinero en las reabilitaciones). Por otra, se pretenden crear puestos de trabajo y reactivar la economía con esas reformas.

La idea no parece muy mal pensada. El sector de la construcción es el que más ha sufrido en esta crisis y, ahora también habrá que hacer recortes importantes en las obras públicas (tanto a nivel estatal como en comunidades autónomas y ayuntamientos). Por eso hay que buscar alguna forma de que el sector no desaparezca por completo y, al menos, un grupo de profesionales y de empresas puedan seguir dedicándose a ello.

Imagino que a los propietarios de esos inmuebles no les hará mucha gracia que alguien inspeccione sus casas, y les obligue a gastarse un buen dinero en hacer una reforma importante, pero, si pueden acogerse a alguna ventaja fiscal, tal vez no protesten mucho. El piso se revaloriza con la reforma y todos nos quedamos más tranquilos si los edificios viejos sufren alguna revisión periódica. La gran migración española del campo a las ciudades se produjo en los años 60 y 70, y no todos los pisos construidos en aquella época tenían una calidad óptima. Desde entonces, los cimientos, el hormigón y muchas otras parte del edificio se habrán degradado y, tal vez, el edificio podría venirse abajo, sufrir derrumbamientos parciales, agrietarse de un día para otro, sufrir incendios debido al deterioro de la instalación eléctica, etc.

La duda es hasta que punto los gastos en éstas reformas podrían reactivar la economía. Cuanto más exigentes sean las inspecciones, más dinero se pondrá en movimiento, aunque también habrá más oposición a la norma entre los propietarios de las viviendas.

Vamos a ver como está el sector actualmente.

En el primer gráfico puede verse la evolución de las viviendas comenzadas y terminadas durante los últimos años.

Los visados para construir viviendas nuevas están en el mínimo de los últimos 20 años. Hay que tener en cuenta de muchos de estas viviendas cuyos planos se visan en el colegio de arquitectos no llegan a construirse. Por eso siempre se visan más de las que luego se terminan. Desde mediados de 2007 han caído en picado y la cantidad que se está visando ahora, de unas 8.000 viviendas mensuales, es una cosa casi testimonial. Como muchas de ellas propablemente no se construirán, en algún momento del futuro la cantidad de viviendas terminadas tenderá a cero.

También puede verse como aún se siguen terminando bastantes viviendas, de las comenzadas hace unos años. Como muchas promotoras y constructoras han entrado en concurso de acreedores, la construcción se ha ido ralentizando, y se nota como la serie roja se va separando cada vez más de la azul. Durante el 2011 se seguirán terminando bastantes viviendas que aún están a medias, por lo que bastantes personas podrán seguir trabajando en el sector. Sin embargo, si ahora apenas se empiezan, dentro de entre 12 y 18 meses el sector tocará fondo y la inmensa mayoría de las empresas del sector tendrán que cerrar o dedicarse a otra cosa. Por eso, si aumentase el número de reformas, al menos parte del sector podría salvarse.

En el siguiente gráfico podemos ver la licitación pública, es decir, las obras que están adjudicando las administraciones públicas españolas.

 Desde un máximo de unos 3.800 millones de euros mensuales a mediados de 2007, la licitación ya ha caído a unos 2.000 millones mensuales, y todo parece indicar que la caída continuará. Ahora hay que reducir gastos de todas las administraciones, así que durante 2011 esta partida continuará cayendo.

 

En el siguiente gráfico podemos ver el consumo de cemento.

La caída ha sido considerable, desde unos 4,8 millones de toneladas al mes hasta los 2 actuales. Estamos a niveles del año 94, en el que había una crisis acusada en el sector. Aunque la caída se está moderando y debería tocar fondo dentro de no mucho tiempo, las pocas viviendas que se están comenzando y el continuo descenso en la licitación pública hacen presagiar, al menos, uno o dos años malos para el sector del cemento. Las obras públicas tardan bastante en terminarse, por lo que muchas de las que ahora se terminan debieron adjudicarse al menos hace uno o dos años. Y, si están licitando menos ahora, lo normal es que en los próximos años se construya menos que éste, y se consuma menos cemento.

En resumen, si no cambia nada, todo indica que lo peor para el sector aún no ha llegado. Las administraciones públicas no tienen dinero para hacer obras importantes, por eso, la única reactivación posible tendría que venir del sector privado. Las reformas de viviendas impuestas desde el gobierno podrían ser una ayuda y la inversión privada en infraestructuras también. Sin embargo, la caída desde el 2007 ha sido muy brusca. Las reactivaciones que se produzcan podrían servir para mantener a las empresas que sobrevivan, pero en ningún caso pueden devolver la actividad del sector a los niveles de hace 3 años.