Europa, pendiente de las elecciones griegas.
El 25% de la población griega vive bajo el umbral de la pobreza.
Según las encuestas, los conservadores de la Nueva Democracia (ND) y la coalición izquierdista Syriza se disputarán la victoria en las elecciones griegas de mañana domingo. A falta de estimaciones fiables se habla de un empate técnico en torno al 28-29 por ciento en intención de voto.
Tsipras asevera que no aplicará ni un recorte de gasto ni un despido estatal más, y que reemplazará los acuerdos crediticios con un "programa de reconstrucción nacional". Incrementará la carga impositiva de las compañías más lucrativas. Promete "socializar" el sistema bancario -recapitalizando con rapidez los bancos con acciones comunes con derecho a voto-, que quedará así bajo control público y social.
Las elecciones helenas amenazan con causar un aumento inasumible de los costes de financiación españoles. La prima de riesgo alcanza los 554 puntos básicos y el bono permanece muy cerca del 7%. España puede verse abocada o bien a ampliar la ayuda financiera ofrecida hace una semana, que asciende hasta un máximo de 100.000 millones y que se limita al sector financiero, o bien incluso a pedir un rescate total, para el conjunto de la economía, de forma casi inminente. Más que nada, porque la capacidad de financiación del Estado se vería amenaza y, por tanto, el riesgo de quedarse sin acceso al mercado se dispararía.
El peligro es real. Varias agencias de calificación, como Fitch y Moody's, ya han avisado de que si Grecia sale del euro, comenzaría una ronda de rebajas de calificación que sería especialmente acusada en los países periféricos.
En ese caso, la deuda española perdería su sitio en las carteras de los gestores de fondos de inversión y de pensiones y de los índices globales de renta fija que, por su propia política o sistema de elección de miembros, no pueden incluir títulos de países con una calificación de bono basura. O lo que es lo mismo, España se enfrentaría al riesgo de sufrir una oleada de ventas, porque los gestores de esos fondos y los que replican esos índices tendrían que deshacerse de los bonos españoles, una consecuencia que metería aún más presión sobre las rentabilidades, que suben cuando el precio de los títulos baja con motivo de las ventas.
Portugal constituye un buen precedente en este sentido. Cuando la agencia Standard&Poor's rebajó el rating luso a la categoría de bono basura a mediados de enero de 2012, Citi sacó a la deuda portuguesa de su Citi World Government Bond Index siguiendo sus criterios de composición de índices. Esta combinación de recorte de la nota hasta el grado especulativo y expulsión de los índices de referencia provocó que el rendimiento de los bonos lusos a 10 años pasara del 12,4 al 17,4 por ciento en apenas dos semanas.
Si la deuda española se viera atrapada en ello, el Tesoro Público vería muy comprometida su capacidad de financiación en el mercado. El propio ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció el miércoles que "no se puede mantener en el tiempo una prima de riesgo en 550 puntos básicos". Admitió de ese modo que España se mueve en un terreno cada vez más peligroso. Ayer, de hecho, el diferencial entre la rentabilidad de los bonos españoles y alemanes a 10 años llegó a crecer hasta los 554 puntos básicos, la brecha más amplia desde 1993, es decir, desde antes de que el euro naciera oficialmente.
Y es que los costes de financiación van camino de ser inasumibles. En las dos últimas sesiones el rendimiento de los bonos españoles a 10 años ha rondado el 7 por ciento, también por primera vez desde que existe la moneda única. El jueves se estiró hasta el 6,99 por ciento y ayer alcanzó el 6,97 por ciento, para luego finalizar la sesión y la semana en el 6,87 por ciento.
A finales de 2010, el banco británico Barclays ya advirtió de que España se expondría al riesgo de ser rescatada si la rentabilidad superaba el 7 por ciento.