Telefónica ha traspasado su
filial argentina al holding latinoamericano del que dependen sus otras divisiones en la región. La operación se produce en plena crisis económica y política del país, y después de que la multinacional española se anotara un deterioro, en 2020, de
894 millones por su negocio en Argentina. De esta forma, se intenta proteger de posibles eventualidades con la expropiación de
YPF a
Repsol por otro Gobierno peronista en la memoria.
El Consejo de Administración de Telefónica acordó el pasado 29 de junio la transmisión de la participación directa que tiene en las filiales argentinas -Telefónica Móviles Argentina y Telefónica de Argentina- a favor de
Telefónica Latinoamérica Holding (TLH), sociedad domiciliada en España y que agrupa al resto de filiales latinoamericanas, excepto Brasil.
TLH ampliará capital y las nuevas participaciones serán asumidas por Telefónica. «Se hace constar que el patrimonio segregado no comporta un activo esencial de Telefónica ni supone actividad esencial desarrollada por Telefónica, no habiendo sido por tanto necesaria la aprobación de la segregación por la Junta General», explica la operadora en el anuncio de la operación, publicado en el BOE.
En los últimos años, Telefónica no ha recibido buenas noticias precisamente de Argentina, país en el que
emplea a 12.276 personas y al que considera contablemente como
hiperinflacionista, al igual que
Venezuela.
El grupo presidido por José María Álvarez-Pallete se anotó en el ejercicio 2020 pérdidas por deterioro del valor del fondo de comercio y otros activos en el país por importe de 894 millones de euros.
En junio del pasado año el Gobierno argentino aprobó por Ley un incremento del tipo de gravamen vigente, pasando del 30% al 35%, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021.
Además, la operadora española arrastra desde hace casi una década una batalla en los juzgados por las licencias de la subasta de espectro. Telefónica demandó al Estado argentino por los contratos de licencias para prestar servicios y autorizaciones de uso de espectro, acordados en 2014.
Telefónica sostiene que en la firma de esos contratos se acordó que los servicios prestados por Telefónica Argentina serían libremente fijados por la compañía. Sin embargo, el país impuso que se trataban de servicios públicos y que los precios serían regulados por el Estado.
El pasado mes de septiembre fue desestimada la demanda de Telefónica, decisión que ha sido recurrida.
Crisis política y económica
La eterna crisis política y económica de Argentina se profundiza en los últimos tiempos por los efectos de la pandemia y la inflación, además de disputas en el Gobierno.
La tensión entre el Presidente del país, Alberto Fernández, y la vicepresidenta, Cristina Fernández, es cada vez más palpable, con ataques del ‘kirchenerismo’ a las medidas aprobadas para reducir el déficit fiscal y poder cumplir con el Fondo Monetario Internacional.
Recientemente ha presentado su dimisión el Ministro de Economía, Martín Guzmán, hasta ahora hombre fuerte del Presidente, mientras el país registra una inflación de entre el 50% y el 70%.