Luksic y Del Valle contratan a un inspector del Banco de España para ir contra Europa
Los bufetes de estas fortunas latinoamericanas, Roca Junyent y Ontier, han encargado un informe pericial sobre Banco Popular un inspector en excedencia: Rubén Manso
El Santander diseñó el plan de comunicación del Popular días antes de la intervención
El documento de Uría y Menéndez, despacho de abogados de referencia del Santander, incluye el plan de comunicación a aplicar el día después de la intervención, lo que demuestra que la operación estaba diseñada y planificada
La crisis que mantiene el Popular fue promovida por unos pocos en contra de una masa de ciudadanos en un festín sin precedentes en la banca española. Hubo muchos abusos y quien debía corregir, mirar y velar por los inversores no lo hizo. Dieron por válidas las cuentas sin comprobar su correcto estado; solo imperaba el criterio de la compañía responsable de su auditoría. Bajo esta premisa se creó una ocultación de datos que llevó a la quiebra a una entidad.
Como dijo la presidenta del Santander: “Es una buena oportunidad en un buen momento”. Tiene toda la razón, se le puso en bandeja una entidad por la suspiraban muchas otras, tanto españolas como extranjeras y tuvo que ser un ex directivo del banco santanderino quien llevó a cabo la operación en una completa ocultación de datos hacia sus accionistas, más de 300.000. De modo que las demandas no dejarán de hacerse un hueco contra la cúpula del banco expropiado, cuyos responsables son Ángel Ron y Emilio Saracho, los cuales tendrán que responder a los motivos y circunstancias por los que se fue al garete.
Todo el mundo sabía que la apuesta por el mercado inmobiliario fue la mayor pesadilla del Popular, que sufrió sonados fracasos que fueron los que lastraron la marcha de la entidad. Ahora bien, tenía un punto fuerte, era el mayor banco con presencia de pymes en sus cuentas y también de donde procedían sus mejores beneficios. El Santander adquirió una buena presa, acompañada del Pastor, líder en el mercado financiero de Galicia. De modo que el banco cántabro no tardó en hacer caja al vender el 51% del paquete inmobiliario del Popular en 30.000 millones, una garantía más que suficiente para evitar la bancarrota. A cambio el Santander invirtió 12.000 millones en reflotar la entidad, con lo cual le quedan de beneficio al banco liderado por Patricia Botín 18.000 millones; el negocio es redondo.
Lo complicado es saber qué tejemaneje se hizo en la Comisión Europea para que el organismo que llevó a cabo esta solución de interinidad alevosa para los accionistas, se niegue a hacer públicos los documentos con sus resoluciones, los cuales tendrán que ser puestos a disposición judicial cuando se reclamen por esta vía. Hay muchos inversores atrapados en un papel que ahora es decorativo y un tribunal tendrá que decidir quién es el responsable y si dichos tenedores van a recibir alguna compensación. La presidents del banco santanderino había anunciado que solo serían los accionistas de la última ampliación los que recibirían un bono a siete años, pero tendrían que renunciar a las acciones legales que les correspondiesen. Tanta validez tiene una acción del Popular comprada en el Mercado de Valores, como de una ampliación. ¿Cuál es la diferencia para otorgar y retirar derechos a los accionistas?
La responsabilidad no es del Santander por hacerse con una entidad que tiene todos los visos de haber sufrido un boicot, sino a qué han venido las masivas retiradas de fondos unos días antes y por medio de rumores de que el Popular podía tener problemas de liquidez, cuando hacía unos meses que se sacaba al mercado una ampliación de capital de 2.500 millones. Se espera que la explicación sea amplia y convincente.
El informe de Deloitte sobre el Popular no fijó el precio de venta: lo puso el Santander
El famoso informe de Deloitte sobre el Popular va a decepcionar a casi todo el mundo por ser muy técnico y, sobre todo, muy poco relevante: la valoración la hizo Santander
La expectación generada por la próxima publicación de una versión censurada del famoso informe que hizo
Deloitte para la resolución del
Banco Popular se va a ver frustrada con alta probabilidad. Hay dos razones para ello: que se trata de un estudio eminentemente técnico que sigue una metodología estándar establecida por la EBA (Autoridad Bancaria Europea); y que su relevancia para el triste final del banco fue muy pequeña, puesto que
la consultora no fue la que puso el precio, sino el
Banco Santander. Aunque es poco relevante, no hay ninguna norma que impida tomar la valoración positiva, en contra de lo que sostiene el
FROB.
Según fuentes conocedoras de la situación, el informe de Deloitte no es un "informe de valoración", sino un
"informe de resolución", cuya utilidad era calcular cuánto podría costar la resolución del banco para que la JUR (Junta Única de Resolución) tomara ese coste como referencia a la hora de recibir ofertas por él. Es decir, venía a decir: "Resolver el Popular puede tener un coste de entre esta cifra y esta otra, por lo que cualquier oferta que entre en ese rango es aceptable". Pero
esta firma no ponía un precio al Popular: ese precio lo debían establecer las ofertas por la entidad, que, como es sabido, se redujeron a una: la del Santander.
La presidenta del Santander, Ana Botín, en la presentación de la compra del Popular. (Reuters)
"La fase de valoración ya estaba superada porque
Saracho había realizado una subasta y nadie había presentado una oferta.
Si nadie quiere comprar, no hay ningún valor económico y por eso el Popular entró en resolución", explica una de estas fuentes. Es decir, la clave para determinar que los accionistas y tenedores de deuda subordinada debían perder todo su dinero no fue el informe de Deloitte, sino la oferta del Santander.
En esa oferta se incluía el simbólico euro positivo y la imposición de esas pérdidas para cubrir el agujero del banco. Y,
dado que era la única puja y que era imprescindible que alguien aportara liquidez al Popular para que pudiera abrir el 7 de junio (el mecanismo europeo no contempla la provisión de liquidez), la JUR tuvo que aceptarla.
Margen de un 3% arriba o abajo
Deloitte estimaba el coste de resolución del Popular en -8.200 millones negativos en un escenario estresado, -2.000 millones en un escenario base (el más probable) y +1.300 millones positivos en un escenario optimista. Por tanto,
la oferta del Santander se ajustaba a esos parámetros, ya que, en la práctica, su precio era de -2.000 millones al imponer pérdidas a los CoCos (bonos convertibles contingentes) y a la subordinada.
El presidente de la asociación de inspectores del Banco de España calificó en el Congreso de
"grosería técnica" un rango tan amplio. Sin embargo, esa diferencia de 9.500 millones entre el valor más alto y el más bajo
en realidad supone un 3% arriba o abajo si se compara con el tamaño del balance del Popular, 145.000 millones en el momento de su resolución. "Es como valorar un piso en 300.000 euros y venderlo entre 290.000 y 310.000", ejemplifica otra de las fuentes.
Ahora, Deloitte debe elaborar dos informes más para la JUR. El segundo es una revisión del de junio con información más detallada de la que dispuso en aquel procedimiento de urgencia por la crítica situación del Popular. Se espera que esté listo en breve. El tercero es el informe del coste de liquidación, es decir, lo que
habría costado ir a un concurso de acreedores ordinario; si resulta que ese coste hubiera sido menor que la resolución, se les devolverá la diferencia a los afectados.
Ninguna norma impide tomar el valor más alto
El hecho de que el informe solo ofrezca un cálculo indicativo para compararlo con las posibles ofertas choca con las explicaciones del presidente del FROB (fondo público de rescate bancario),
Jaime Ponce, que ha asegurado en sede parlamentaria que
no podía tomar la estimación más positiva porque "la norma no te permite ir a ese enfoque porque exige utilizar las valoraciones más prudentes". Según estas fuentes,
las reglas europeas no establecen ninguna obligación de ese tipo. "Ojalá hubiera habido una oferta que pagara un precio positivo; y si se hubiera presentado, claro que se podría haber aceptado".
El presidente del FROB, Jaime Ponce, en el Congreso. (EFE)
Ponce no ha explicado en ningún momento el verdadero propósito del informe de Deloitte, aunque sí
ha pedido a la JUR su publicación. Asimismo, tampoco ha desvelado la razón por la que en el documento que publicó el FROB el día de la resolución del Popular solo se incluyeron los escenarios central y negativo, pero
se ocultó que había un tercer escenario positivo.
Así las cosas, lo que sí puede arrojar luz sobre el final del Popular es el
informe de la propia JUR sobre su decisión, del que solo se ha hecho pública una versión muy censurada. En su reciente comparecencia también en el Congreso,
Elke König (la presidenta de este organismo) prometió que desvelaría nuevas partes de este documento junto al informe de Deloitte. Ambos textos se esperaban antes de Navidad, pero la única estimación oficial es que se conocerán "lo antes posible".
