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La multitudinaria junta de acreedores de la brasileña Oi, que ante el coronavirus solo pudo realizarse el martes vía telemática, y después de que la justicia brasileña descartara las demandas del banco BNDES y de Anatel a favor de un aplazamiento de 60 días, respondió a las expectativas. Estaba en juego una nueva versión del concurso de acreedores iniciado en 2016, con descuentos de hasta un 60% para los acreedores, sino también el “desguace” de la operadora brasileña, dispuesta a aceptar la oferta conjunta de Vivo/Telefónica, Claro/American Móviles y Tim (Telecom Italia) por su operación móvil.
Buena prueba de que la operación quedó prácticamente cerrada antes del inicio de la junta de acreedores, es el hecho de que fue comunicada oficialmente a la autoridad portuguesa del mercado de valores, la CMVM. El autor del comunicado fue el grupo luso Pharol, que tras la fallida fusión entre Oi y Portugal Telecom, en 2014, siguió como accionista de referencia de la operadora brasileña, donde mantiene una posición del 5,5%.
Cabe recordar que fue tras un polémico préstamo de casi 900 millones de euros por parte de PT al ya entonces fallido Grupo Espirito Santo, que Oi vendió la operación portuguesa al galo Altice, por unos 7.400 millones.
Previamente, el consorcio formado por Vivo/Telefónica, Claro y Tim reforzó su oferta de 16.500 millones de Reales (unos 2.600 millones de euros) por la clientela móvil y el espectro radioeléctrico de OI. Añadió otros 756 millones de Reales (120 millones de euros) a la oferta inicial, como pago de los servicios que la operadora brasileña se compromete a prestar a los compradores de la operación móvil durante un periodo de transición de 12 meses, y garantizó, además, la firma de contratos a largo plazo, tanto por prestación de servicios como por la utilización de capacidad de espectro y de red.
El trio Vivo/Claro/Tim tiene garantizado así que no vuelva a ocurrir lo que sucedió a finales de julio, cuando su oferta inicial de 15.000 millones de Reales fue superada por Digital Colony, que pasó a ocupar la posición clave de “stalking horse” (el poder tener la última palabra en la subasta) y a tener la “exclusividad” de negociaciones hasta el 3 de agosto. Para recuperar la iniciativa a todos los niveles, Vivo, Claro y Tim acabaron mejorando en un 10% la oferta de Digital Colony (ya nadie contempla una eventual contra ofensiva del fondo norteamericano), con lo que las “negociaciones exclusivas” quedaron excluidas.
Junta virtual
La junta virtual de acreedores ocupó toda la jornada del martes, y al margen del espinoso debate sobre las condiciones del pago de la deuda de la operadora, que a finales del mes de julio ascendía a 26.200 millones de Reales (15.900 millones corresponden al valor nominal u “face value”, frente a un valor justo u “fair value” de 9.100 millones), lo que hizo el CEO Rodrigo Abreu, fue insistir en que Oi no va a desaparecer, sino que mejorará su viabilidad y su sostenibilidad con la venta de la operación móvil, de 51% de Infra Co (infraestructuras), de las torres de antenas (Highline ofrece 1.066 millones de Reales ), de la televisión de pago y otros activos menores.
En relación con la pérdida de control de Infra Co, Oi subraya que seguirá siendo un accionista de referencia con el 49% del capital, y un “player” clave en el mercado. A finales de julio tenía 1,5 millones de accesos de Internet con fibra óptica conectados a los hogares (FTTH) y más de 7 millones de “homes passed” desplegados en 127 ciudades con ofertas comerciales de hasta 400 Mbps, telefonía fija y televisión de pago. Pero lo más llamativo es la extensión de su red de fibra, que supera los 370.000 kilómetros, y que está muy por encima de la competencia.
El mercado brasileño
Brasil suma 225 millones de conexiones. La cobertura 4G llega a casi 5.000 ciudades, que concentran el 97,5% de los 210 millones de habitantes del país, con que el número de “chips” 4G activos supera los 160 millones, frente a los 36,8 millones que corresponden a la red 3G, que cube 5.225 ciudades (99,9% de la población).
A finales de junio, la base total de Internet fija ascendía a unos 33,7 millones de conexiones, de las cuales 11,5 millones corresponden a pequeñas operadoras regionales, y casi un 80% son fibra óptica. Las partes de Claro, Vivo y Oi respectivamente están en torno a los 10, 7 y 5 millones de accesos, respectivamente.
El cambio estratégico forzado de Oi podrá ser seguido también por Tim, aunque por razones muy distintas. El CEO Pietro Labriola recuerda que, al contrario de Vivo, Claro y Oi, la operadora brasileña de Telecom Italia casi no tiene actividad fija, sino que siendo fundamentalmente una operadora móvil, busca un socio local o exterior para compartir la unidad de fibra óptica, cuya segregación tiene prevista para final de año. La intención de TIM es ceder a su futuro socio el 51% del capital y la gestión de la infraestructura del servicio fijo.
Concurso de acreedores
De hecho, además de la “reestructuración judicial” de Oi, que deberá estar concluida para mayo 2022 (plazo límite fijado para el cierre de todas las operaciones previstas de ventas de activos), todo el sector respira un ambiente de cambios drásticos, relacionados sobre todo con el despliegue de la red 5G, cuyas frecuencias y licencias serán subastadas durante la primera mitad del 2021.
La operación no tendrá objetivos recaudatorias. Solo estarán en juego los objetivos de cobertura y el nivel de inversiones, aunque queda por saber hasta donde el presidente Jair Bolsonaro está pensado llegar para impedir y frenar la utilización de la tecnología de Huawei.
Pero lo que más se respira es un optimismo relativo. La nueva imagen de un sector más fuerte con solo tres grandes operadoras que tras repartirse la clientela y el espectro móvil de Oi ( un16% del mercado) seguirán haciéndose una dura competencia; y el anuncio de una nueva ley de antenas que promete acabar con las habituales inercias locales y regionales, eliminando la exigencia de licencias e instaurando la regla del “silencio positivo” de la administración, regla que también se aplicará a la utilización de vías públicas (carreteras, ferrocarriles, alcantarillas), en relación con los “derechos de paso”, que con la nueva legislación, serán gratuitos.
Sin embargo, en lo que el Gobierno brasileño sigue empeñado, para gran desesperación de las telecos, es en mantener el nivel actual de la carga fiscal, cuya tasa recaudatoria se sitúa en torno al 47%. Eso fue lo que más reclamó el CEO de Vivo, Christian Gebara, en la conferencia anual de la patronal SindiTelebrasil, subrayando, al respecto, que el sector lleva invirtiendo de media un 20,8% de sus ingresos anuales.
Así, pese a la pandemia provocada por el Convid-19, en el primer semestre la inversión alcanzó los 14.000 millones de Reales, por encima de la media de los últimos 5 años, frente a unos ingresos de 118.400 millones, que siguen al nivel de 2019.
Un saludo!
