El Estado eleva su gasto casi tres veces más de lo que permite la Ley de Estabilidad
La interinidad presupuestaria en la que está sumida España desde el año pasado, para la que no hay un fin previsible en pleno 2025, no implica que las cuentas del sector público estén exentas de controles y límites. Muy al contrario, la regla de gasto –fijada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria– mantiene plena vigencia pese al caso omiso que hace de ella el Estado. En concreto, la Administración central incrementa su desembolso a un ritmo anual del 6,8%, frente al límite del 2,6% que establece la mencionada norma.
Así lo reflejan los datos más recientes, publicados a inicios de este mismo mes, por la Intervención General del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Así, las cifras referentes al conjunto del ejercicio 2024 muestran cómo el gasto efectivo del Estado se situó el año pasado en 172.552 millones de euros, frente a los 161.504 millones propios de 2023. El informe de la IGAE no se resiste a señalar cómo en este deterioro tienen una influencia creciente, aunque no exclusiva, "los gastos extraordinarios derivados de sentencias judiciales por importe de 6.582 millones de euros, frente a los 634 millones de gasto de esta naturaleza registrado en 2023".
Se trata de un fenómeno vinculado con la mala calidad jurídica de las
disposiciones judiciales promulgadas en los últimos años, que ha hecho saltar las alarmas incluso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Ya sean litigios relacionados con impuestos –hidrocarburos, IRPF o Sociedades– o incumplimientos de trasposiciones en lo que concierne a las directivas comunitarias, o bien aplicaciones mal diseñadas de disposiciones normativas –como la relativa al canon hidráulico–, lo cierto es que los gastos relacionados con los reveses jurídicos al Estado amenazan con superar los 12.000 millones en años venideros, de acuerdo con la AIReF. Pero no son los responsables de las cuentas estatales los únicos que deberían sonrojarse del modo en que menosprecian la regla de gasto.
El Estado eleva su gasto casi tres veces más de lo que permite la Ley de Estabilidad (eleconomista.es)