El Gobierno recorta 2.600 millones a las eléctricas para contener el recibo de la luz
- Ribera limita la subida del gas al 4,4% para evitar un alza del 28% en octubre
- El Gobierno aprovecha el aumento de recaudación para congelar impuestos eléctricos
- Implantará subastas de energía para ampliar la competencia de las comercializadoras
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- Rubén Esteller
14:12 - 14/09/2021 Actualizado: 14:38 - 14/09/21
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real decreto-ley para tratar de contener la subida de la electricidad y del gas este próximo invierno y que, según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, permitirá una rebaja de la factura de la luz del 22% hasta final de año. Para ello, entre otras actuaciones, pondrá en marcha un nuevo rejonazo a las eléctricas por 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo de 2022 y medidas fiscales que sirvan para contener los recibos.
El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado un paquete de medidas que se basa en detraer 2.600 millones de euros de las cuentas de las eléctricas para reducir los beneficios que les ha producido el incremento del coste del gas natural en otras tecnologías como las renovables que van a mercado, la hidráulica o la nuclear.
El Gobierno impondrá a estas centrales un precio del gas de 20 euros/MWh, que equivale a la media de negocio del Mibgas desde su existencia y detraerá los ingresos extra que perciban estas tecnologías hasta marzo de 2022, fecha en la que se espera una normalización de las cotizaciones internacionales del gas.
El recorte a las eléctricas supondrá la detracción mensual del 90% de los "sobre ingresos" que les genera los precios del gas en el mercado mayorista a estas tecnologías para no intervenirlo de forma directa, ya que esta opción la impide la legislación comunitaria. Cada mes, las compañías tendrán que hacer un pago sobre esta cantidad aunque el Gobierno asegura que todavía retendrán hasta un 10% de dicho aumento.
En opinión del Ejecutivo, la medida cumple plenamente el ordenamiento jurídico español y el comunitario pero desde fuentes del sector eléctrico ya se ha asegurado que se puede judicializar. El ministerio, por su parte, se limitó ayer a decir a este respecto que las empresas están en su derecho de acudir a los tribunales cuando consideran sus intereses particulares perjudicados pero que ellos están para defender a los clientes.
Nuevas subastas de electricidad
Otra de las medidas clave que incidirá en las grandes eléctricas será las nuevas subastas de electricidad. El Gobierno forzará a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a aportar liquidez a los contratos bilaterales mediante la obligación de vender un 6% de la generación (15.000 Gwh) en una subasta de la que se beneficiarán sobre todo al tejido industrial y las comercializadoras independientes. Estas subastas permitirán poner fin a una situación de baja competencia,
tal y como describía en un reciente informe la CNMC, como ya adelantó elEconomista.
El resultado de las subastas primaria de energía influirá también a medio plazo en la reforma de la tarifa eléctrica que prepara el Gobierno. El Ejecutivo quiere ligar alrededor de un 10% del precio al resultado de estas convocatorias para reducir la volatilidad del PVPC que consideran que será creciente durante los próximos años.
Déficit de tarifa de gas
El Gobierno además acomete una intervención de la tarifa del gas natural. Ribera permitirá dos subidas del 4,4% en los próximos dos trimestres (octubre y enero) para paliar el incremento del 28% que se iba a producir justo antes de la llegada del invierno de casi el 40% en el periodo.
La intención del Gobierno es devolver posteriormente a las comercializadoras reguladas las cantidad que ahora dejarán de ingresar justo con el coste financiero de no haber aplicado la subida, tal y como marca a normativa en vigor.
Este extremo significa que los consumidores de gas no pagarán en estos momentos el coste real de la factura del gas sino que lo harán durante los trimestres siguientes hasta que se compense plenamente esta reducción.
El impacto de esta medida que supone laminar la subida no puede ser cuantificado ya que dependerá de los precios que finalmente se registren en los mercados de gas con un sistema similar al que se aplica para la bombona de butano. Es decir, si tras los precios actuales se hundiera el gas en el segundo semestre de 2022, el recibo no bajaría para compensar la parte que ahora no se ha subido.
El Gobierno además analizará si esta medida es coyuntural o, finalmente, la mantiene vigente en el futuro.
Medidas fiscales
En el decreto aprobado hoy en el Consejo de Ministros se incluyen también las
medidas fiscales anunciadas ayer por el presidente del Gobierno. Entre ellas se incluyen la rebaja del impuesto de la electricidad del 5,11% al 0,5%, la prolongación de la suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta finales de año y el uso de 900 millones de los ingresos de las subastas de CO2 para rebajar los llamados cargos del sistema, es decir, todas aquellas cantidades que se destinan a financiar las políticas energéticas.
La reducción del impuesto especial supondrá unos menores ingresos para las comunidades autónomas por lo que el Gobierno se ha comprometido a estudiar si será necesario algún tipo de compensación posterior. Mientras que el resto de medidas fiscales, prácticamente, resultan neutras para el Estado gracias al incremento de recaudación que se ha producido durante estos meses atrás y no supondrá tener que realizar ningún tipo de actualización de las previsiones fiscales enviadas por el Gobierno a Bruselas.
El Ejecutivo además profundizará en las medidas de apoyo a los consumidores vulnerables con la creación del llamado suministro mínimo vital para aquellos que cuenten con Bono Social Eléctrico y que prohibirá la interrupción del servicio por impago durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes, garantizando una potencia de 3,5kW durante ese periodo.
Las confederaciones hidrográficas aplicarán criterios de uso racional del agua embalsada para proteger el medio ambiente y conjugar la generación eléctrica con otras actividades económicas sostenibles con nuevos límites mensuales al ritmo de desembalsado y volúmenes mínimos de reserva que protegerán el medio ambiente y dinamizarán los municipios ribereños.