“Trato personas, no asegurados”. Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), lo tiene claro. Siempre desde un punto de vista personal, el decreto que impide atender a inmigrantes en situación irregular no entra en sus planteamientos éticos. “Si tengo a una persona delante, me da igual que sea extranjera o no; la tengo que atender”, dice. Una visión que comparte el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín: "Igual que no me pueden obligar a hacer una eutanasia no pueden obligarnos a no atender a un paciente".
El planteamiento de Rodríguez Sendín y de Basora es el de la mayoría de los profesionales sanitarios, que con inquietud apelan a su código deontológico para defender la atención los inmigrantes en situación irregular que desde el 1 de septiembre no tendrán derecho a la tarjeta sanitaria, según el real decreto de ajustes publicado esta semana por el Gobierno."Un paciente es un paciente negro, blanco o mediopensionista, y deontológicamente no le podemos abandonar. Es una locura. No somos policías ni inspectores, si a mí como médico me piden asistencia la tengo que dar, otra cosa es que no pueda utilizar las tecnologías que tenga mi centro--, y luego ya se verá la parte administrativa", dice el presidente de los médicos españoles. Y esa idea de que ellos van a tener que actuar como policías del sistema para evitar supuestos fraudes o simplemente para que se cumpla una norma les incomoda enormemente. Algunos aseguran que no lo acatarán. Practicarán, dicen, la insumisión. O una especie de objeción de conciencia, pero a la inversa.
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