Re: A propósito de la privatización de la sanidad en Madrid
Detesto a las víctimas que respetan a sus verdugos.
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Pero, además del coste, España también ha demostrado una mayor eficiencia que otros países a la hora de conseguir mejores supervivencias para sus pacientes.
De este modo, en el caso del trasplante renal hay diferentes estudios que muestran que en España los índices de supervivencia a los 10 años de haberse realizado el trasplante superan en 20 puntos a los de Estados Unidos.
"No se puede explicar por diferente cirugía o medicación, sino por un mejor sistema sanitario, que proporciona la medicación, que la financia (ya que en Estados Unidos muchos órganos se pierden por falta de financiación de la medicación), o que sigue con especialistas la evolución de sus pacientes y trata las posibles complicaciones. Todo ese tipo de cosas tienen una repercusión muy clara", ha aseverado.
Detesto a las víctimas que respetan a sus verdugos.
El gigante de la sanidad privatizada cobró del Servicio Madrileño de Salud 328 millones en 2011, 74 millones más de lo presupuestado
Deloitte subrayó en su auditoría la dependencia económica del grupo respecto del Gobierno regional
El grupo Capio, gigante de la sanidad privatizada y cuyos verdaderos dueños se ocultan tras sociedades de las Islas Caimán, obtiene la mayor parte de sus ingresos de una sola administración pública de las cuatro para las que trabaja. Y justamente los capta de aquella que con mayor énfasis exalta la iniciativa privada y que, tras privatizar cuatro hospitales, auspicia la “externalización” de otros seis para “abaratar” costes: la Comunidad de Madrid.
Las cuentas anuales de Capio correspondientes a 2011 constatan que seis de cada 10 euros ingresados provinieron del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Y confirman un dato que acabó trascendiendo hace dos meses pese al secretismo del Gobierno regional: que el dinero pagado por el Sermas a Capio superó con mucho lo presupuestado por el Gobierno de Esperanza Aguirre, ahora en manos de su sucesor, Ignacio González. El Ejecutivo regional del PP jamás ha permitido que la oposición acceda a la ejecución presupuestaria –el gasto real desglosado, por lo que los cálculos sobre el desfase solo pueden ser aproximados.
Dado que la facturación total de Capio en ese ejercicio ascendió a 562,62 millones (243,8 de enero a junio y 318,7 de julio a diciembre) y dado que el porcentaje declarado de ingresos del Sermas se cifró en el 60% para el primer semestre y en el 57% para el segundo, Capio cobró de la sanidad pública madrileña 328,012 millones ese año. El presupuesto de la Comunidad de Madrid asignaba ese año 253,78 millones para los dos hospitales con los que la empresa operaba entonces. En resumen, el sobrecoste llegó, como mínimo, a 74 millones.
Sin acceso a los datos
El pasado mes de enero, el diario El Mundo desveló que la Comunidad de Madrid y Capio habían suscrito en 2011 un acuerdo secreto que incrementaba en 94 millones el presupuesto original (211,15 millones) destinado al hospital Fundación Jiménez Díaz, de titularidad privada pero financiado con fondos públicos. El Ejecutivo de Ignacio González arguyó en su descargo que el Jiménez Díaz es un hospital “complejo” cuyos pacientes han pasado de 400.000 a 434.000. En cualquier caso, se trate de 74 millones adicionales o de 94, el desfase pone en solfa el gran argumento del Gobierno del PP en pro de la privatización: el abaratamiento de costes.
La verdad se defiende con datos. La opacidad suele servir para ocultar mentiras o intereses espúrios. Con simples datos se demuestra la falacia de que la sanidad pública en España es insostenible, y con datos se comprueba que detrás del eufemismo de la 'externalización' de los servicios sanitarios lo que hay es un negocio privado a costa del erario público.
Afirmar que el gasto público sanitario no se puede sostener es faltar a la verdad. Los últimos datos oficiales de Eurostat (fuente de referencia homogénea aunque de una lentitud comparable a la de nuestro Tribunal de Cuentas), correspondientes a 2008, indican que el gasto en sanidad pública por habitante y año asciende a 1.492 euros. Estamos en la parte media baja de la tabla y gastamos per cápita bastante menos que franceses, daneses, suecos, alemanes, belgas, austriacos... Lo mismo ocurre si se mide el porcentaje del PIB dedicado a la sanidad pública, que en España supone el 6,25%, también por debajo de lo que la cuota de su riqueza anual que nuestros principales socios y vecinos gastan en atención sanitaria pública.
Es por tanto el Gobierno de turno quien establece sus prioridades y la distribución de los Presupuestos, de modo que sería un buen ejercicio de higiene democrática que los programas electorales anticiparan con el mayor detalle posible las grandes cifras presupuestarias de quien aspira a ejercer el poder. Dedicar más o menos porcentaje del dinero de todos a la sanidad o a la defensa o a sostener organizaciones religiosas no es una cuestión de sostenibilidad sino de ideología. Tampoco vale recurrir al tópico de que el resto de los europeos pagan más impuestos. Con todos los matices y apellidos técnicos que se quieran poner, la presión fiscal es más baja en España y lo ha sido tanto en épocas de crecimiento como de recesión. Por cierto con una carga del esfuerzo fiscal mayor en las rentas del trabajo que en las del capital.
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Mejorar la gestión
¿Se puede gestionar mejor la sanidad pública? Por supuesto. Esa debería ser una de las mayores responsabilidades de un Gobierno nacional y una obligación prioritaria de los de las comunidades autónomas, que tienen transferidas las políticas sanitarias. Es factible y deseable ahorrar costes superfluos y mejorar la eficacia, como en cualquier otra administración pública, incluso desde la convicción de que un hospital público no tiene como objetivo ser negocio. Pero no se sostiene tampoco con datos la reiterada afirmación de que la gestión privada de la sanidad pública es más eficiente. La propia Organización Mundial de la Salud analizó en su día decenas de modelos de gestión privada en distintos países y concluyó que son más caros: porque los costes financieros son mayores, porque hay que añadir el reparto de dividendos de los accionistas y, sobre todo, por el coste que suponen los rescates de los hospitales cuando quiebran o amenazan con quebrar. Es lo que ha ocurrido en varias ocasiones con el modelo Alzira de Valencia que pretenden extender las autoridades del PP.
Los capítulos de mayor ahorro en la gestión privada proceden fundamentalmente de reducir personal y salarios y de recortar servicios, lo cual repercute de forma inmediata en la calidad de la atención sanitaria y en la salud de los ciudadanos, como señalan sindicatos y asociaciones de médicos especialistas. Los datos son tan contundentes que estas mismas organizaciones profesionales sólo se explican el deterioro al que se está sometiendo la sanidad pública como una estrategia de los Gobiernos del PP para justificar una galopante privatización que esconde intereses exclusivamente económicos.
http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/03/06/regalando_salud_financiera_834_1023.html
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que cara mas dura:
Declaraciones de Lasquetty sobre la sanidad privatizada
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oc_x1f0sh04#!
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Lo que no entiendo es porque se siente tan incómodo... sólo tendría que haber dicho la verdad:
"Petapouco 09/03/13 11:26
Lasquetty tiene razón. Si de lo que se trata es de transferir rentas del trabajo al capital, porque de eso se trata, de entregar dinero público al capital en forma de"beneficios" empresariales... ¿Qué más da que el beneficiado esté o no en un paraíso fiscal o que se conozcan o no sus accionistas? El objetivo se cumple y eso es lo único que importa. El trabajador pierde y el capital y los títeres de éste ganan. De eso se trata. Nada más."
Total para lo poco o nada que el ciudadano puede hacer o el castigo que los políticos van a recibir...
Por ello, la Dirección del Grupo asegura que "ni Rodrigo Rato, ni Esperanza Aguirre, ni María Dolores de Cospedal, ni Ignacio López de Hierro, ni ningún político tienen ni han tenido nunca relación alguna con el Grupo".
Añade que los accionistas, consejeros y directivos de Capio Sanidad son públicos y figuran de manera transparente en los registros correspondientes. Asimismo, asegura que lleva quince años trabajando para ofrecer a la sociedad española servicios sanitarios de calidad a partir de un modelo eficiente.
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