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Un grupo de policías emboscado en el anonimato está lanzando informes sin firma con sospechas de grave corrupción contra la clase política gobernante en Cataluña, contra algunos jueces y fiscales que investigan la corrupción de dirigentes de Convergència y contra directivos de los diarios de mayor difusión en esa comunidad autónoma.
Esta conspiración policial anónima, que el Ministerio del Interior no parece controlar, irrumpió cuando el Gobierno de Artur Mas inició su deriva soberanista para lograr la independencia de Cataluña, convocó elecciones anticipadas y anunció la fecha de una consulta sobre el derecho a decidir.
Desde entonces, los policías que elaboran esos informes contra el soberanismo catalán pretenden defender con su estrategia la unidad de España —en peligro por culpa del plan rupturista de los nacionalistas catalanes—, según interpretan fuentes policiales.
Ese grupo anónimo distribuyó un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) —falso, según declaró el jefe de esa unidad policial al juez— para desacreditar al presidente catalán en plena campaña electoral. Ahora, otros cinco informes, también sin firma, circulan por los mismos territorios con idénticos objetivos.
En estos informes, que ha analizado EL PAÍS, los policías anónimos aíslan datos reales, basados en hechos probados incluidos en sumarios, y los mezclan con otros datos procedentes de investigaciones preliminares, atribuidos a fuentes anónimas, no contrastados por nadie, en algún caso falsos y en otros muchos resultado de elucubraciones sin fundamento.
Interior dice que aún no sabe quién fabricó el informe con sello de la UDEF
Esos documentos anónimos pero elaborados supuestamente en algún departamento del Ministerio del Interior se distribuyen convenientemente y se convierten en escándalo de primeras páginas. Los periódicos que acogen esa mercancía irregular fuera del circuito legal y ajena a la instrucción judicial manipulan el titular hasta llevarlo más allá de donde llevó el policía anónimo su propio análisis.
El trabajo de esos agentes sin identificar ha sido amparado por altos dirigentes del Gobierno y del PP a través de declaraciones públicas que sirven como altavoz de las elucubraciones. Ha habido ministros, como el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha llegado a pedir cuentas a los políticos de CiU acusados por esos informes sin firma ni destinatario.
El desconcierto en el Ministerio del Interior respecto a estas prácticas cuanto menos alegales es mayúsculo, a juzgar por las declaraciones públicas de sus responsables. Un mes y medio después de que apareciese el supuesto borrador de la UDEF que sugería, sin aportar una sola prueba, que el presidente Artur Mas había cobrado comisiones ilegales a través de cuentas en Suiza, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, asegura que aún ignora quién fabricó el papel.
LAS ACUSACIONES SIN PRUEBAS. Posible cobro de comisiones ilegales de obras públicas por parte del presidente Artur Mas y del expresidente Jordi Pujol, que habrían ingresado parte de ese dinero en cuentas bancarias suizas.
La víctima principal de estas prácticas anónimas e ilegales es la clase política que gobierna en Cataluña, que, sin embargo, sí está inmersa en varios procedimientos judiciales, como el caso Palau y el caso ITV, donde se acumulan decenas de pruebas sólidas de su presunta corrupción. Esos casos judicializados, que se investigan desde hace mucho tiempo, tienen ya imputados a relevantes dirigentes de Convergència, el partido mayoritario en la coalición CiU.
En los informes policiales anónimos —además del fabricado con el membrete de la UDEF hay otros cinco que circulan sin sello ni firma con el título “Sumario Palau. Análisis de situación”, fechados entre el 12 de septiembre y el 31 de octubre de este año— se citan como fuentes de la información “sectores judiciales no nacionalistas, empresariado catalán, servicios policiales extranjeros, imputados que quieren negociar y sindicalistas de los Mossos”. Entre los imputados que quieren declarar, según uno de los informes anónimos, figura el ingeniero informático Hervé Falciani, que trabajó en el HSBC Private Bank de Ginebra y copió los datos de 130.000 cuentas, entre ellas 3.000 de españoles que supuestamente defraudaron al fisco. Los informes anónimos apuntan que Falciani, ya en libertad, podría facilitar datos referidos a autoridades catalanas que blanquearon dinero a través de Suiza.
Los policías descalifican en sus “análisis de situación” a los jueces y fiscales que investigan los casos de corrupción que afectan al Gobierno catalán de CiU, sugiriendo que quieren tapar el escándalo porque trabajan a sueldo de los políticos independentistas catalanes.
Estos jueces y fiscales a los que descalifican los policías anónimos en sus informes son los mismos jueces y fiscales que han imputado al extesorero de Convergència y los mismos que han impuesto a este partido una fianza de responsabilidad civil de 3,2 millones, además de destapar una red de financiación ilegal a través del Palau que se nutría con las comisiones que pagaban determinadas constructoras, entre ellas Ferrovial, por la adjudicación de obras públicas por parte del Gobierno catalán de Jordi Pujol hasta 2003.
Todo lo que los policías anónimos escriben en sus informes sin firma ni destinatario acaba publicado en determinados periódicos de tendencia conservadora. Así ocurrió con la denuncia policial anónima contra el juez del caso Palau, que decía así: “Su señoría Josep María Pijuan surgiendo como forma de sentirse realizado que le gustaría una Fundación para reinsertar los desclasados socialmente (IRES). A partir de ese momento, al parecer se le ha inyectado a esta Fundación fondos de la Generalitat, en una ingente cantidad de euros por importe de varios millones”. Con esta información bastante incomprensible, los policías querían sugerir que el juez protegía los intereses del Gobierno catalán como pago a la subvención recibida para esa fundación.
Los mossos anónimos que supuestamente nutren de información a los policías anónimos que hacen informes anónimos cuentan que vieron billetes de 500 euros en el maletero del coche del consejero catalán de Interior, Felip Puig; y que Félix Millet, expresidente del Palau de la Música y principal acusado de robar 30 millones de euros en esa institución, habló con Artur Mas el día que registraban su casa, y que si el caso “termina en un juzgado fuera de Cataluña” aportarán documentación que compromete a miembros del Gobierno catalán.