3. ¿Tendría la banca catalana acceso al BCE?
Otra de las grandes incertidumbres que envuelven el proyecto de Junts pel Sí es qué sucedería con los bancos catalanes ante una declaración unilateral de independencia. Los analistas, y ello lo reconoce la propia Generalitat, alertan de que las entidades bancarias con sede en Cataluña no tendrían acceso directo al crédito del Banco Central Europeo porque dejarían de pertenecer a un país de la zona euro. Otro problema adicional, también reconocido por la Generalitat, es que “los activos financieros emitidos en Cataluña (incluida la deuda del nuevo Estado) no podrían ser utilizados como colateral de las operaciones de crédito del BCE”. Para evitar estos perjuicios, Cataluña debería, como mínimo, alcanzar un acuerdo con Bruselas para gozar de un estatus similar al de Andorra o Mónaco. Para ello, requeriría la mayoría absoluta del Consejo Europeo, un trámite complicado en la medida en que los Estados miembros no se muestran dispuestos a apoyar la secesión dentro del territorio de un socio comunitario.
Las principales entidades financieras catalanas, con CaixaBank y Sabadell a la cabeza, confían en que nunca se encontrarán ante la encrucijada de decidir si ubican la sede en España o en un nuevo Estado catalán. La patronal bancaria AEBy CECA, que integra CaixaBank, Santander, BBVA, Bankia, Sabadell o Popular, emitió este viernes un comunicado en el que alertó de los “riegos para la estabilidad financiera” de una “ruptura unilateral del marco constitucional”. Las entidades financieras se posicionaron de forma inequívoca por primera vez en el debate soberanista catalán y defendieron que una declaración unilateral de independencia generaría “inseguridad jurídica”. En su opinión, esta situación “obligaría a las entidades a reconsiderar su estrategia de implantación, con el consiguiente riesgo de reducción de la oferta bancaria y, con ello, de exclusión financiera y encarecimiento y escasez del crédito”.
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Paradójicamente, la Generalitat ha abierto la senda de la independencia en un momento en el que su grado de dependencia de la ayuda y financiación estatal es mayor. El Gobierno recuerda que, sin los fondos ideados por Hacienda, Cataluña hubiera quebrado. Los independentistas responden que ello no sería así si los recursos que se generan en la comunidad se quedaran en ella.
La mala situación de las finanzas públicas ha llevado al Gobierno catalán a aplicar drásticos recortes en sanidad y educación. El Ejecutivo ha iniciado un proceso de venta de patrimonio de la Generalitat para lograr recursos, aunque con escasa fortuna. En 2014, había previsto recaudar 1.000 millones y apenas ingresó 300 millones.
4. ¿Cuál es la situación social en Cataluña?
La crisis económica que se inició en 2008 ha tenido efectos devastadores en toda España y ello se refleja especialmente en el empleo. En este apartado, no hay hecho diferencial. En la media nacional, España presentaba una tasa de paro del 10,4% y, en Cataluña, era del 7,5%, 2,1 puntos menos. Hoy, el nivel de desempleo alcanza el 22,4% en el conjunto del Estado y en la comunidad presidida por Artur Mas se encuentra en el 19,1%, 3,3 puntos por debajo del promedio. La situación es algo mejor en Cataluña, pero los indicadores sociales son igualmente negativos. De hecho, el paro en esta autonomía es superior al que registran ocho comunidades autónomas. Baleares (16,4%), Aragón (17%), Cantabria (18,1%), Castilla y León (19,5%), Madrid (17,6%), La Rioja (16,4%), Navarra (12,5%) y País Vasco (16%) presentan mayores guarismos.
El porcentaje de población en riesgo de pobreza en Cataluña es, según los últimos datos del INE, del 15,8%, por debajo de la media nacional del 22,2%.
Los pilares del Estado de bienestar recaen sobre las comunidades autónomas, responsables de la educación y la sanidad. Los últimos datos detallados en términos de contabilidad nacional, que corresponden a 2013, reflejan que la Generalitat gastó 28.595 millones y, de esta partida, el 32% se destinó a sanidad y el 20% a educación. Estos porcentajes son inferiores al promedio nacional. De media, las comunidades dedican a la sanidad el 35,7% del total del gasto autonómico y la educación se lleva el 23,8%. Las cifras sugieren que la Generalitat dedica menos esfuerzo a estas dos áreas. Sin embargo, este reparto también está condicionado en el hecho de que Cataluña tiene transferida la competencia de prisiones y cuenta con policía propia. Así, la Generalitat destina a “orden y seguridad” el 7% de su gasto frente al 3% de la media.
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