Creo que esta medida ha sido mal planteada, mal explicada y mal interpretada (todo junto y a la vez).
De entrada no tiene ningún efecto retroactivo, y segundo solo pretende que los profesores (que al fin y al cabo son funcionarios) tengan un determinado nivel de conocimiento de catalán.
Si cualquier ciudadano (léase en este caso estudiante) tiene derecho a ser atendido y entendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales de Catalunya por parte de los funcionarios públicos, podría parecer lógico que los profesores tuvieran que, como mínimo, entender el catalán para poder garantizar este derecho.
Supongo que si se aprobara un decreto que exigiera el conocimiento del castellano a todos los profesores universitarios, a todos (o casi) les parecería normal, y se entendería que, como norma, tendría sus excepciones: profesores visitantes, invitados o de reputado prestigio que ejercieran su docencia de forma no permanente en España.
Un saludo