Recurso ante denegacion del IMV por ser administrador de empresa - Ingreso mínimo vital

Insisto: en tu caso te diste de baja como administrador con el 036, que es lo adecuado... el compañero "imv justicia" NO ha realizado dicha operación, ergo incumple con los requisitos para pedir el IMV ante la Seguridad Social.

Es así de simple, por mucho que el hombre insista en que su mercantil no tiene actividad alguna, pues lo que la Seguridad Social quiere es que no figures como administrador de sociedad alguna para la concesión del IMV (repito, cosa que ese hombre no ha llevado a cabo y que encima en sede judicial le han recriminado como incumplimiento legal de las normas que rigen el IMV como ya publicó él mismo un par de post más atrás)  👇

Gracias a todos por vuestros comentarios. Entiendo perfectamente que la principal duda que surge es sobre la baja registral como administrador, pero precisamente ahí está el punto clave del recurso que voy a presentar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La Ley 19/2021 (artículo 11.3) claramente establece que quedan excluidos del IMV únicamente los administradores de sociedades mercantiles «que no hayan cesado en su actividad», no cualquier administrador por el simple hecho de estar inscrito en el Registro Mercantil. Esto implica que la distinción entre una sociedad activa e inactiva es fundamental.

En mi caso particular, soy administrador de una sociedad limitada unipersonal, sin empleados, en la que únicamente figuro yo desde su creación y que jamás ha tenido personal contratado. Está perfectamente acreditado en autos con documentación oficial (Modelo 036 de baja censal desde 2021, declaración del Impuesto de Sociedades con cero ingresos y cero gastos, certificado censal AEAT del 2024) que la sociedad no ejerce actividad alguna desde mayo de 2021. Además, yo personalmente estoy dado de baja en el RETA desde mayo de 2021, y sin trabajo ni ingresos desde noviembre de 2022, por lo que la desconexión económica con la sociedad es absoluta.

Ya existe jurisprudencia clara que respalda mi posición:

Además, otro aspecto esencial del recurso es que la Ley 19/2021 contempla expresamente la vulnerabilidad económica sobrevenida (artículo 11.5). Esto significa que aunque existiera formalmente una causa inicial de exclusión, dicha exclusión quedaría anulada cuando se demuestre una situación real de necesidad extrema. En mi caso, presenté pruebas claras e incontestables (fractura-luxación del codo, imposibilidad médica absoluta de trabajar durante largo plazo, calificación oficial como consumidor vulnerable severo, saldo bancario por debajo de 250 euros), documentación que el juez ni siquiera mencionó en la sentencia ni valoró mínimamente.

De hecho, durante el propio juicio ocurrió algo muy llamativo: la Seguridad Social presentó de repente un expediente con montones de páginas sobre mi caso que yo no había visto jamás y del cual nunca recibí copia. El juez me preguntó directamente si quería detener el juicio para leer ese expediente, y mi respuesta fue clara: "si usted va a comprobar que todo lo que figura en ese expediente está contrastado con la documentación que yo he aportado, por mí no es necesario leerlo ahora." El juez respondió literalmente: "Claro, yo lo comparo todo". Pero, como podéis observar en la sentencia, no hizo ni una sola alusión a esa documentación ni a mi situación personal de vulnerabilidad económica, ignorando absolutamente todas las pruebas que aporté.

También quiero señalar una situación muy desagradable vivida al entrar en la sala: las risas entre el abogado de la Seguridad Social y el juez al inicio del juicio, justo en un proceso donde yo comparecía sin abogado. Todo esto suma aún más a la sensación de indefensión sufrida y a la necesidad imperiosa de reclamar justicia real.

No sólo he presentado este recurso ante el TSJA, sino que además he elevado el caso ante el Defensor del Pueblo Estatal. Si fuera necesario, acudiré a instancias superiores hasta conseguir que se reconozca mi situación real, ya que no podemos permitir que una simple formalidad administrativa excluya injustamente a quienes demostramos claramente que no tenemos ningún tipo de ingresos ni actividad oculta, algo imposible en una sociedad limitada unipersonal absolutamente inactiva desde hace varios años.

Seguiré luchando hasta que se haga justicia de verdad, porque la exclusión prevista en la ley claramente se pensó para evitar fraudes con sociedades activas y con capacidad económica real, y nunca para castigar a quienes demostramos con documentos oficiales nuestra vulnerabilidad económica y ausencia absoluta de actividad.

Agradezco enormemente vuestro interés, apoyo y ánimo, y os mantendré informados sobre cómo evoluciona todo este proceso.

Yo lo que creo que depende del tramitador, en mi caso creo que basto con la revocación del NIF es de logica que con eso ya está sin actividad. Mi caso es del 2007. Yo ese documento se los envié en su momento junto con la baja de autonomos. En 2020 me lo aprobaron hasta hoy. El modelo 36 no estoy seguro si se lo envie, porque yo no la pude cerrar. Si es verdad que se de más personas que no han tenido problemas. Pone sin actividad, por eso quizás dependa del tramitador que te toque. Suerte.

Gracias por el aporte, fvv39. Precisamente con más razón deberían concedérmelo a mí si comparamos tu situación con la mía. Me explico brevemente: 

Tú mencionas que se te concedió el IMV tras la revocación del NIF, que, como bien apuntas, es una sanción administrativa que impone Hacienda a las sociedades por incumplimientos fiscales (por ejemplo, no presentar impuestos durante años). Es decir, es una situación irregular que en principio debería perjudicar más a la hora de pedir ayudas, ya que indica incumplimientos tributarios graves. 

En cambio, en mi caso la situación es justamente la contraria: he realizado correctamente todo el procedimiento voluntario y formal que marca la Agencia Tributaria para declarar la baja efectiva de actividad económica (presentación del Modelo 036 de baja censal, declaración de Impuesto de Sociedades con ingresos y gastos a cero, certificado censal oficial de Hacienda). Además, estoy dado de baja en el régimen de autónomos desde 2021, desempleado desde 2022, y sin ningún ingreso económico. 

Es decir, mi caso está documentado oficialmente y he cumplido voluntariamente todos los requisitos para demostrar que mi sociedad no tiene actividad real desde hace años. Por lógica, debería estar aún más claramente justificado que me concedan el IMV, dado que no existe irregularidad fiscal alguna como podría interpretarse en el caso de una revocación del NIF. 

Sin embargo, paradójicamente, tu caso (con revocación del NIF) fue aprobado sin problemas, mientras que el mío, cumpliendo voluntariamente todos los pasos legales y fiscales correctamente, ha sido denegado automáticamente por una interpretación formalista. 

Precisamente por estas incoherencias y diferencias de criterios entre casos similares estoy llevando mi reclamación hasta el Tribunal Superior de Justicia y al Defensor del Pueblo, para que no haya disparidades de interpretación y se aplique de forma justa y coherente la ley para todos. 

Te agradezco mucho que hayas compartido tu caso, porque deja aún más clara la injusticia que estoy sufriendo. 

Os mantendré al tanto de cómo evoluciona todo esto. ¡Gracias nuevamente por tu apoyo!

Lo del 036 no te lo puedo asegurar, porque fue en 2020, lo seguro es revocación y la baja autónomo. Si tú tienes seguro el 036 no se entiende sinceramente. Lo está claro en mi caso es que me han  actualizado hasta día de hoy, aveces al alza y otras a la baja, por tanto de logica que te lo miren todo.....

Exactamente, fvv39, lo más increíble es que un juez de lo social haya llegado incluso a afirmar en su sentencia que basta con el mero hecho de ser administrador para no poder acceder al IMV, lo cual es inaudito porque eso no es lo que dice la Ley. La Ley 19/2021 dice expresamente que solo quedan excluidos quienes administren una sociedad «que no haya cesado en su actividad». No dice en ningún sitio que ser administrador registral sea suficiente para excluir automáticamente, y mucho menos si está acreditado claramente que la sociedad no tiene actividad económica desde hace años, como en mi caso. 

Además, durante las reclamaciones administrativas previas, los propios agentes que me atendían me reconocían abiertamente que no conocían con exactitud lo que dice la Ley, solo que tenían órdenes explícitas de rechazar automáticamente todas las solicitudes de administradores, sin distinguir si la sociedad estaba activa o inactiva, algo completamente contrario a lo que dicta la propia ley. 

La Seguridad Social no debería interpretar ni aplicar la ley según sus intereses particulares, porque estos fondos no son propiedad de la Seguridad Social, sino dinero público que procede de todos los contribuyentes, y la finalidad de la ley del IMV es precisamente ayudar a quienes realmente lo necesitan, no excluirlos de forma arbitraria por un simple formalismo o interpretación restrictiva, ignorando incluso pruebas evidentes y documentación oficial. 

Por eso seguiré luchando en todas las instancias necesarias hasta que se haga justicia real, porque lo que me está ocurriendo no solo me afecta a mí, sino que también atenta directamente contra la finalidad social que la ley busca proteger. 

Gracias de nuevo por tu apoyo y por ayudar a visibilizar esta injusticia.

Creo que fue muy mala decisión presentarte sin abogado a dicha vista judicial, igual que aceptar sin más la "montaña" de documentos que dices presentó la Seguridad Social de tu caso, sin ni siquiera impugnarlos u obtener copia en el acto de los mismos ni examinarlos (copia la cual espero que tengas y hayas revisado no existan anomalías en los documentos que añadieron al caso, que seguro alguna cosa extraña habrá), pues en la elevación de tu caso a instancias superiores no podrás adjuntar pruebas ni documentos nuevos sobre el caso y, la decisión del tribunal, aparte del razonamiento jurídico que pretendas imponerles, se basará exclusivamente en los informes y documentos que ya obran en autos, por lo que si alguno de los mismos por parte de la Seguridad Social es incorrecto será complicado impugnarlos o revocarlos, dado que con su mera presentación a la causa sin rechazo alguno por tu parte a los mismos han conseguido legitimarlos, lo cual cualquier abogado te dirá que ha sido una temeridad procesal por tu parte.

Personalmente, sigo insistiendo en que, si en su momento, hubieras tramitado tu baja como administrador de la citada sociedad y cesado la misma, no hubiera sido necesario tanta lucha ni llegar a los cauces actuales, pero suerte de todas formas.

Yo creo que hay  algo que se le escapa al compañero, con la revocación del NIF y la baja de autonomos ya desmuestras que no hay actividad. Yo en mi caso estoy cobrando subsidio mayores de 52 años desde ha 5 años como voy a tener actividad es de logica. Yo no recuerdo con exactitud si le envié el 036. Estoy casi seguro que fue solo eso. Revocación y baja autónomo.