Estos son los impuestos que el Gobierno estudia subir
7 octubre, 2020
El Gobierno ha presentado el techo de gasto con el que pretende elaborar los Presupuestos Generales
Cadena Ser
El Gobierno ha presentado el techo de gasto con el que pretende elebaborar los Presupuestos Generales del Estado. Unas cuentas públicas que permiten ya saber qué prestaciones tendremos e intuir qué precio y qué impuestos pagaremos. ¿Qué gastos y qué ingresos vienen si leemos los Presupuestos como unos presupuestos domésticos? Se va a batir récord de gasto público. La factura de la COVID es tal que el Estado va a gastar 60.000 millones más que el año pasado.
Nunca en democracia había crecido tanto el gasto público, un 53,7%. Y nunca en democracia se había gastado tanto: casi 200.000 millones de euros para políticas públicas (en concreto 196.000).
¿Qué significan 60.000 millones más?
60.000 millones más significaría multiplicar por 20 el presupuesto del Ministerio de Sanidad. Equivale a multiplicar por ocho el gasto del Estado en infraestructuras. O pagar tres años de paro. O pagar los ERTE a todos los que están acogidos a ellos todavía a día de hoy durante más de 6 años.
¿Y qué significan 60.000 millones más? Para seguir con la analogía de la economía doméstica, significa deuda porque parte de ese dinero habrá que devolverlo en próximos años.
El mayor aumento de gasto público.
Los impuestos que suben
Estos son los gastos que vienen y para devolverlos se necesitan ingresos; es decir, impuestos. Ya sabemos que algunos impuestos van a subir este año aunque el grueso quedará para cuando la recuperación esté en marcha. Para empezar, el Gobierno admite que sobre la mesa tiene varias medidas. Son estas de menos a más:
Subida del IRPF para las nóminas superiores a 130.000 euros al año. El Ejecutivo dice que 130.000 euros al año son buenas nóminas, sin duda, pero de grandes abogados, de pilotos o directivos. La subida de impuestos a los ricos vuelve a ir a las nóminas: 524 millones de euros espera recaudar por esta vía el gobierno.
Tasas. El Ejecutivo plantea una tasa Google para las grandes tecnológicas que operan en España pero apenas pagan impuestos en España y otra tasa a las transacciones financieras, en castellano, a la compra-venta de acciones del Ibex. En total, 1.818 millones más.
Y luego está la más polémica y novedosa: el Ejecutivo está estudiando subir el IVA de la Educación y la Sanidad privada. La AIREF estimaba que, con las deducciones vigentes hoy, el Estado dejaba de ingresar unos 3.500 millones de euros. Subir ese IVA al 21% sumaría, pues, 3.500 millones.
La suma total: 3.500 millones de IVA, 1.800 millones de tasas y 524 millones de nóminas altas que suman unos 6.000 millones de euros hasta llegar a los 60.000 de aumento de gasto falta mucho dinero.
Estas subidas son las que vendrán este año, pero cuando pase la crisis habrá más. Es lo que sugería la propia ministra de Hacienda. «Lo que vamos a hacer son algunos ajustes en las figuras fiscales pero los grandes hitos se irán trabajando pero se tendrán que acometer cuando la situación económica lo permita y lo aconseje», ha explicado María Jesús Montero.
Los impuestos que vienen. / CADENA SER
¿Habrá que apretarse el cinturón?
La subida de la Renta, IVA y Sociedades llegará, pero no ahora, sino en 2022 o 2023. No es una cuestión de si subirán los impuestos sino de cuándo. El saldo de más gastos que ingresos, significa que habrá que apretarse el cinturón o crecer más de lo previsto.
Las ayudas europeas son la clave. 140.000 millones en ayudas pueden servir de palanca, pueden multiplicar el crecimiento sin necesidad de que haya que recortar. Pero si se malgastan, si no se aprovechan, seguro que habrá que apretarse el cinturón con lo que hemos visto en el Presupuesto que viene. Fuente .- Cadena Ser
Tasa por exceso de contratación temporal..... Claro que teniendo en cuenta que quizás el empleador que más usa y abusa de un exceso de temporalidad es el propio sector público (sanidad especialmente....).
la plus belle des ruses du Diable est de vous persuader qu'il n'existe pas!
Hacienda baja el límite para pagos en efectivo entre profesionales y empresas a 1.000 euros
El Gobierno también ha aprobado una ley contra el fraude tributario que prohíbe las amnistías fiscales
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Gobierno pondrá en marcha la limitación del pago en efectivo para ciertas transacciones entre profesionales y empresas. Según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, para estos colectivos se reduce de 2.500 a 1.000 euros, mientras que para particulares se mantiene en 2.500 euros, aunque el objetivo es "ir disminuyendo cuantías" para combatir la economía sumergida.
Esta medida se incluye dentro del anteproyecto de ley de medidas de prevención de lucha contra la elusión fiscal que el Gobierno ha aprobado este martes. También se disminuye el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros para particulares con domicilio fiscal fuera de España.
Montero ha recordado que esto servirá también para trasponer una directiva europea. "La lucha contra el fraude fiscal es una prioridad" para el Ejecutivo, porque "no hay justicia social si algunos pretenden eludir sus responsabilidades", generando "competencia desleal" y “un deterioro" para las arcas públicas que es más grave en estos momentos de pandemia, ya que las prácticas irregulares suponen un "agravio" para los contribuyentes cumplidores y restan recursos al Estado de bienestar, ha asegurado.
Así, ha explicado que la norma incluye medidas de "gran calado" que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude "más avanzadas y complejas", que requieren de ingeniería, lo que a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.
La ministra de Hacienda ha indicado también que el proyecto de ley busca intensificar la labor que viene haciendo la Agencia Tributaria, que el año pasado consiguió ingresar 15.715 millones de euros, un 4,1% más respecto al ejercicio anterior, gracias a esta lucha contra la elusión fiscal.
Entre las otras actuaciones enmarcadas en este proyecto, se contempla prohibir los softwares de doble uso que las grandes compañías utilizan para hacer una doble contabilidad, un mayor control sobre las criptomonedas, actualizar la lista de paraísos fiscales y sus criterios, prohíbe las amnistías fiscales y amplía la lista de deudores con la Agencia Tributaria, rebajando el umbral para ser incluida en ella del millón de euros de deuda a 600.000 euros e incluyendo en ella también a los responsables solidarios.
La previsión es que las medidas incluidas en este proyecto de ley permitirían ingresar 800 millones de euros adicionales en un año, según ha dicho Montero.
AMNISTÍA FISCAL
Por otro lado, Montero ha indicado que la Abogacía del Estado se pronunció en su día acerca de la imposibilidad de publicar los nombres de los contribuyentes que se acogieron a la última amnistía fiscal, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esto supone que las condiciones en las que se produjo esta amnistía fiscal no se podían modificar posteriormente y, entre ellas, se encontraba el anonimato de las personas que se acogieron a dicha amnistía.
"Ojalá pudiéramos publicar esta lista, pero no podemos hacerlo", ha afirmado la ministra, asegurando que, por ello, el Gobierno ha dado este martes "un paso más" con la prohibición de amnistías fiscales tan "injustas" que sufrieron incluso el reproche del Tribunal Constitucional.
El Senado debate y aprueba este miércoles definitivamente las tasas 'Tobin' y 'Google'
Después de que la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta aprobase los dictámenes de las ponencias
La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero
El Pleno del Senado debatirá y previsiblemente aprobará este miércoles definitivamente, si no hay cambios en la votación, los proyectos de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales ('tasa Google') y del Impuesto sobre las Transacciones Financieras ('tasa Tobin'), después de que la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta aprobase el jueves los dictámenes de las ponencias.
En concreto, la Comisión de Hacienda del Senado ratificó el pasado jueves los dictámenes de las ponencias sin introducir modificaciones, con lo que se da 'luz verde' al debate de la aprobación de ambas tasas en el Pleno de la Cámara Alta este miércoles. La tasa 'Google' recibió dos vetos y 91 enmiendas en su primera fase en el Senado, mientras que la tasa 'Tobin' recibió igualmente dos vetos y un total de 64 enmiendas.
No obstante, al no introducirse modificaciones ni prosperar los vetos presentados por el PP y Vox, si continúan sin sufrir modificaciones, ambos textos podrán ser aprobados definitivamente el miércoles, para posteriormente ser publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
ENTRARÁ EN VIGOR EN ENERO
El pasado 30 de julio, la Comisión de Hacienda del Congreso ratificó las ponencias y validó sendos proyectos de ley, remitiéndolos directamente al Senado y contemplando autoliquidaciones mensuales y su entrada en vigor a los tres meses de publicarse en el BOE, de forma que previsiblemente verán la luz en enero de 2021.
La denominada 'tasa Google' recibió entonces 19 votos a favor, 14 votos en contra y 3 abstenciones, y se incluyó en ella una enmienda transaccional, mientras que la 'tasa Tobin' obtuvo un respaldo mayor, con 21 votos a favor, 14 en contra y una abstención, con dos enmiendas transaccionales introducidas.
Se trata de las dos primeras modificaciones fiscales contempladas en el plan fiscal del Gobierno de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. Los textos de los proyectos de ley contemplan la entrada en vigor de los mismos a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que previsiblemente los nuevos impuestos no se activarán hasta enero de 2021.
La intención del Gobierno es que los nuevos impuestos entren en vigor el próximo 1 de enero y la Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar el tipo impositivo y las exenciones del impuesto.
Con la 'tasa Tobin', el Gobierno prevé recaudar 850 millones de euros anuales, al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.
Por su parte, la 'Tasa Google' gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, dirigiéndose a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
Aunque Hacienda tenía prevista una recaudación inicial de unos 1.200 millones de euros (antes de la pandemia), posteriormente la rebajó a 968 millones.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que la norma tendrá "carácter transitorio" hasta que se apruebe una normativa mundial o europea y que la liquidación no se realizará hasta al menos el 20 de diciembre, lo que permite dar margen a que se logre un acuerdo internacional en el marco de la OCDE y el G20.
La tramitación de este nuevo impuesto se ha producido en medio de las amenazas de Estados Unidos a España, Francia, Reino Unido e Italia sobre represalias con nuevos aranceles sobre estos impuestos digitales, llegando a fijar aranceles sobre Francia.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró recientemente que no se escatiman esfuerzos para alcanzar un acuerdo sobre la tasa 'Google' en el marco de la OCDE o el G20, pero aclaró que si no se logra un acuerdo internacional este año, la UE aprobará una propuesta propia a principios de 2021.
El Gobierno subirá impuestos por 5.659 millones en 2021
Hacienda eleva del 10% al 21% el IVA de las bebidas azucaradas y gravará los envases de plástico
El Plan Presupuestario evita precisar aún qué otros tributos subirán por las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 6 de octubre. / DAVID CASTRO
El Gobierno prevé ingresar 6.487 millones adicionales en el 2021 como consecuencia de las subidas de impuestos previstas por el Ejecutivo para el año próximo y de la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal. Así figura en el Plan Presupuestario del conjunto de las administraciones para el 2021 que el Gobierno ha remitido a Bruselas este jueves, según la nota informativa remitida por Hacienda.
La cifra de mayor recaudación por medida fiscales incluye los 828 millones previstos por aplicación del proyecto de ley de lucha contra el fraude. El resto, son subidas de impuestos por un total de 5.659 millones de euros. Este cálculo incorpora los nuevos impuestos sobre servicios digitales (968 millones) y transacciones financieras (850 millones) cuyas leyes ya han sido aprobadas definitivamente por el Parlamento.
El resto de la recaudación adicional (3.841 millones) obedece a otras subidas de impuestos. Así el Plan Presupuestario apunta que el próximo año se impulsará la fiscalidad medioambiental, en líneas con las recomendaciones de la Comisión Europea. En este contexto, se enmarca la creación del impuesto sobre envases de plástico de un solo uso, que ya ha superado el trámite de información pública, con el que el Gobierno prevé recaudar 724 millones. El documento enviado a las autoridades europeas también recoge otros ajustes fiscales como el incremento del IVA de las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10% al 21%, cuyo objetivo es favorecer hábitos más saludables. En Catalunya existe además un impuesto autonómico sobre bebidas azucaradas envasadas.
Además, la subida de impuestos por 5.659 millones prevista por el Gobierno para el 2021 obedece también a otras medidas tributarias que no se detallan en la nota de prensa remitida por el Ministerio de Hacienda y que podrían estar pendiente de negociación entre los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos.
Sobre la mesa está la posibilidad de cambios en la fiscalidad de los planes de pensiones; una mayor tributación en el IRPF de las rentas más elevadas; la aplicación de un tipo mínimo en el impuesto de Sociedades para multinacionales; la eliminación de la exención en el IVA de los servicios privados de sanidad y educación, o una nueva fiscalidad para el diésel.
Subida de las pensiones
El documento incluye la previsión de una subida de las pensiones del 0,9% para el año próximo, tal como adelantó este miércoles EL PERIÓDICO. También asume la implementación plena del Ingreso Mínimo Vital y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad a 16 semanas.
El texto aún no incluye la variación de los empleados públicos para el año próximo que, según mantienen las fuentes consultadas, en principio se prevé que sea del 0,9%, en línea con la inflación prevista por el Gobierno para el año próximo. En el 2020, la subida salarial para los empleados públicos ha sido del 2%, en aplicación del acuerdo plurianual pactado con los sindicatos en el 2018.
El incremento salarial para los empleados públicos también forma parte de las cuestiones que aún siguen negociando los dos socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos. Desde el miércoles y a lo largo de este jueves el Gobierno ha estado incorporando múltiples modificaciones en el texto del plan presupuestario.
La subida prevista para las pensiones, del 0,9%, es la misma que la que se ha aplicado en el 2020. En todo caso, el Gobierno se reserva la decisión final sobre las prestaciones públicas al resultado de la posterior negociación política --en el marco del Pacto de Toledo-- y con los agentes sociales. Así se lo ha transmitido el Ejecutivo a dichos agentes, para evitar tensiones por lo que pudiera ser interpretado como una decisión unilateral del Gobierno en una materia tan sensible como la de las prestaciones.
Además el texto recoge el techo de gasto del Presupuesto del Estado para el 2021 aprobado en el Consejo de Ministros del 6 de octubre, que se acerca a los 200.000 millones (el 53% más que el del 2019) tras incoporar 27.436 millones de transferencias del Fondo Europeo de Reconstrucción (sobre el total de 71.604 millones previstos para España hasta el 2026; 140.000 millones, si se incluyen los préstamos)
Hacienda prevé que el déficit público se elevará al 11,3% del PIB este año (frente al 10,3% estimado en abril) y que se corregirá hasta el 7,7% en el 2021. Para el 2020 se ha elevado la previsión del deuda pública desde el 115% del PIB al 118%. Para el 2021 se prevé una tasa del 117,4% del PIB.
Procedimiento europeo
La presentación de un plan presupuestario ('draft', en la terminología de la Comisión Europea) ante la Comisión Europea antes del 15 de octubre forma parte de los mecanismos de gobernanza de las cuentas públicas que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Todos los países deben presentar a Bruselas las grandes líneas presupuestarias de todas las administraciones públicas para el año próximo y someterlas a examen de la Comisión Europea, que debe validarlas o sugerir cambios en un informe que emitirá en noviembre.
El plan presupuestario no es lo mismo que el proyecto de ley de Presupuestos del Estado, que, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se presentará en el Congreso de los Diputados antes de que acabe el mes de octubre (con varias semanas de retraso respecto del tope legal, establecido en el 30 de septiembre). Sin embargo, el plan presupuestario sí debe incluir las grandes cifras de ingresos y gastos de las administraciones públicas, así como el escenario macroeconómico en el que se deberán desenvolver las cuentas.
Así, el texto incorpora el escenario macroeconómico construido por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, con un recesión del 11,2% este año y un rebote para el 2021, con un crecimiento del 7,2%, que podría elevarse al 9,8% si se produce la plena absorción de los fondos comunitarios previstos. En este caso, la creación de empleo se elevaría a 600.000 puestos en el 2021 (200.000 más que en ausencia de los fondos, según las estimaciones de Economía) y la tasa de paro pasaría del 17,1% prevista para el 2020 al 16,3% el año próximo (frente al 16,9% sin aplicación de los fondos).
El recorte en la deducción de los planes de pensiones ¿oportunidad para la industria?
El borrador de los Presupuestos Generales del Estado 2020 anuncia un gran cambio en su fiscalidad
El borrador de los Presupuestos Generales del Estado 2020 anuncia un gran cambio en la fiscalidad de los planes de pensiones. Si salen adelante, este será el último año en el que los partícipes de planes de pensiones puedan beneficiarse de una deducción de hasta 8.000 euros en su declaración del IRPF: el límite máximo será de 2.000 euros anuales.
Es evidente que esta decisión va a provocar una transformación en la industria de los planes de pensiones, obligada pero necesaria. No hay que olvidar que ahora mismo las gestoras nacionales no ganan dinero y sobre ellas pende la amenaza de la llegada, en 2021, de las gestoras internacionales con sus planes de pensiones paneuropeos, que serán más baratos y estarán, sin duda mejor gestionados.
Esa reestructuración, que durante tantos años se ha visto pospuesta, ahora se va a acelerar. ¿Qué puede pasar? Tendrán que rebajar las comisiones de sus planes de pensiones y mejorar la gestión de los mismos. El inversor español siempre ha mirado a estos productos de ahorro como una ventaja fiscal, pero nunca como un complemento a su jubilación. Ahora cambiarán las tornas, ya que si tengo invertido un dinero que no me ofrece rentabilidad, y además la fiscalidad ya no es tan interesante, voy a buscar otras opciones.
Ahí entran los fondos de inversión, que también necesitan un cambio para adaptarse a la nueva situación. Con unos productos caros y mal gestionados, que repiten los mismos problemas de los planes de pensiones, las gestoras independientes tienen ante sí una buena oportunidad para captar una parte importante de ese dinero si cuentan con una gestión activa contrastada.
En cualquier caso, tanto si eliges planes de pensiones o fondos de inversión, siempre debes tener en cuenta tres consejos básicos a la hora de invertir en uno: debe adaptarse a tu perfil de riesgo, tener bajas comisiones y estar bien gestionado. Hagas lo que hagas, saca tu dinero de los depósitos bancarios. Cada día que pasa tiene menos valor.
Así me afecta la nueva fiscalidad si tengo un plan de pensiones
Empeoran las desgravaciones para los individuales, a costa de los planes de empresa
El Gobierno quiere reformar de arriba a abajo los instrumentos de ahorro para la jubilación: planes de pensiones y su equivalente en seguros, los planes de previsión asegurados (PPA), que tienen la misma regulación. El Ejecutivo pretende modificar el régimen de desgravaciones fiscales de estos productos, de modo que se primen los planes de pensiones colectivos (pactados, hasta ahora, en el seno de grandes empresas y Administraciones Públicas), al tiempo que empeora el régimen tributario de los planes de pensiones individuales.
Hasta ahora, cualquier persona podía aportar hasta 8.000 euros al año en un plan de pensiones y descontarse ese importe de la base imponible del Impuesto de la Renta (IRPF). Para los contribuyentes con altos ingresos, estas aportaciones podían aliviar mucho la factura fiscal porque esa desgravación iba directamente al marginal, que llega a superar el 45%. Así, el ahorro de impuestos podía superar los 3.600 euros anuales. Y en los 8.000 euros de beneficio fiscal a las aportaciones quedaba incluida la que se realizase al plan de pensiones de empresa.
Según los Presupuestos presentados esta semana, el incentivo fiscal para ahorrar en planes de pensiones individuales se reduce de forma drástica, de 8.000 a 2.000 euros. A cambio, se eleva el límite conjunto para aportar a un plan individual y uno de empresa a los 10.000 euros. Así, para exprimir al máximo el beneficio fiscal en 2021 habría que aportar 2.000 euros al plan privado y otros 8.000 euros al plan de empresa. Aunque la bajada del tope de aportación a un plan individual es muy destacada, lo cierto es que la mayoría de quienes lo tienen nunca llegan a superar los 2.000 euros de aportación anual.
Así, el punto ciego de la actual tributación de los planes de pensiones es que son más beneficiosos para las rentas altas que para las bajas. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el 37% de los beneficiarios de las desgravaciones de planes de pensiones pertenece al 10% de los contribuyentes con más rentas.
El problema surgirá para quienes desean seguir ahorrando para la jubilación en su plan de pensiones y no cuentan con uno de empresa. Mientras no dispongan de esa opción, este cambio fiscal va a obligar por tanto a los ahorradores a diversificar los instrumentos de inversión de cara a su jubilación y a las gestoras, a mejorar el atractivo de los planes de pensiones, a menudo poco rentables y con comisiones demasiado elevadas en proporción a sus resultados.
“El problema de los planes de pensiones está en que la gran parte del ahorro está en planes muy grandes y muy poco rentables”, asegura Paula Satrústegui, socia de asesoramiento patrimonial de Abante. Los fondos de inversión son una clara alternativa y cuentan con una fiscalidad nada desdeñable. Permiten el traspaso de un vehículo a otro sin tributar por las plusvalías latentes y en el momento del reembolso, el gravamen no es el de las rentas del trabajo, como sucede en los planes de pensiones, sino el del ahorro, que va del 19% al 23%. Y al 26% para la ganancia que exceda de 200.000 euros ya en 2021.
El cambio en la fiscalidad de los planes de pensiones también va a influir en la planificación financiera de las herencias. A menudo, y en especial para las rentas más elevadas, el plan de pensiones es una fórmula con la que dejar en herencia un patrimonio financiero, ya que el beneficiario del plan al fallecimiento del titular no tributará por el impuesto de sucesiones. Lo hará a su tipo marginal cuando rescate el plan. Además, si el titular de un plan de pensiones privado sigue haciendo aportaciones al plan –con su consiguiente beneficio fiscal– una vez jubilado, ese dinero ya no será para él sino para sus herederos.
El alza del tipo máximo para las rentas más altas también será otro elemento importante a la hora de decidir el rescate del plan de pensiones. Las prestaciones tributan al tipo marginal, que en 2021 subiría al 47% para las rentas superiores a los 300.000 euros. Y aunque el rescate del plan suele realizarse cuando el partícipe ya se ha jubilado y por tanto su marginal es menor y se ha alejado del máximo, quizá sea conveniente adelantar a este año el cobro. En especial si se tienen ya otras rentas como pueden ser rendimientos del alquiler.
Sí se mantiene el beneficio fiscal de la reducción del 40% para los rescates en forma de capital para lo correspondiente a lo aportado hasta el 31 de diciembre de 2006. Tal beneficio fiscal solo puede aplicarse si el plan se rescata en el año de la jubilación o en los dos siguientes, con lo que quien se jubile en 2020, deberá sopesar si rescata ya este año el plan, no solo para aprovechar esa reducción del 40%, sino para pagar menos impuestos si su renta supera los 300.000 euros.
Hacienda aprovecha la tasa Tobin para reintroducir el control fiscal a pisos turísticos
Plataformas como Airbnb y otros intermediarios deberán presentar una nueva declaración incluida en un real decreto ideado para regular la liquidación del impuesto a las transacciones financieras
La ministra Portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero.
El Ministerio de Hacienda ultima reintroducir en la legislación española el control fiscal sobre el alquiler de pisos turísticos, después de que un reciente varapalo judicial por parte del Tribunal Supremo obligara a la Agencia Tributaria a suprimir el modelo hasta ahora vigente. Para subsanar lo antes posible este revés a la supervisión tributaria, el departamento que dirige María Jesús Montero ha decidido valerse de la regulación de la liquidación del nuevo impuesto a las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin, para crear, de forma inminente, una nueva declaración informativa –acorde ya con los criterios judiciales– que deberán entregar al fisco las personas, entidades y “en particular” las plataformas colaborativas, como Airbnb.
El problema surgió en septiembre cuando el alto tribunal español, siguiendo a su vez la doctrina marcada por la Corte de Justicia europea el pasado diciembre, declaró como contraria a Derecho la vigilancia tributaria impuesta por Hacienda, “en prevención del fraude fiscal”, sobre estas actividades. El fallo supuso “la nulidad del apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que introduce un nuevo artículo 54.ter en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria”, por “no haberse notificado como reglamento técnico a la Comisión, durante la tramitación”.
El fallo llevó a la Agencia Tributaria a anunciar “la desaparición” del modelo 179, la conocida como “declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”. Todo un golpe a una de las líneas estratégicas de actuación desarrolladas por los inspectores en los últimos años ante el auge de este tipo de actividades.
Para retomar su vigilancia fiscal cumpliendo con la justicia, Hacienda ha informado a Bruselas de que creará una nueva declaración. La introducirá entre las disposiciones finales del real decreto ley que regulará la liquidación de la tasa Tobin, según consta en el borrador, en audiencia pública hasta el 3 de noviembre, al que ha tenido acceso este diario. La norma introduce un nuevo artículo 54 en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria que obliga a las personas, entidades y plataformas colaborativas que intermedien, a título oneroso o gratuito, en la cesión de viviendas con fines turísticos situadas en España a informar periódicamente sobre estas operaciones. Para ello, deberán presentar una declaración informativa facilitando la identidad de los propietarios del inmueble; la de aquellos que la disfruten, sea por arrendamiento, subarrendamiento, contrato de multipropiedad, de propiedad a tiempo parcial o similares; detallando la referencia catastral de la vivienda, el número de días de cesión y el importe abonado. El plazo de presentación de este documento, que hasta ahora era trimestral, se definirá en una orden ministerial que podría exigir nuevos datos. Quedan excluidos los arrendamientos ordinarios; los de alojamientos turísticos ya regulados expresamente, como los hoteleros, de medio rural, albergues o campamentos; y el uso de viviendas por turnos.
Aunque este real decreto entrará en vigor el 16 de enero de 2021, el mismo día en que lo hará el nuevo impuesto a las transacciones financieras puesto que concluye entonces el plazo dado de tres meses desde su reciente aprobación definitiva, la disposición que afecta a los pisos turísticos tendrá vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La memoria que acompaña a la normativa admite que “esta nueva obligación de información podría acarrear cierto impacto económico y presupuestario, así como afectar a las cargas administrativas de los obligados tributarios”, pues “debiera incrementar los ingresos públicos”. Teniendo en cuenta los datos aportados por los 1.992 declarantes del modelo 179 durante el ejercicio 2019, “el importe de las operaciones de cesión de uso de viviendas con fines turísticos declaradas ascendió a 1.771 millones de euros”. A partir de ahí, Hacienda espera “un efecto positivo sobre los ingresos en el erario público, si bien resulta difícil cuantificar los efectos” concretos al ser una medida antifraude, matiza.
TAMBIÉN ELEVARÁ LA VIGILANCIA DE LOS TITULARES DE CUENTAS BANCARIAS
La Dirección General de Tributos no solo se sirve del real decreto que regulará el modelo de liquidación del impuesto sobre las transacciones financieras para reintroducir el control tributario sobre los pisos de alquiler turístico. El texto del real decreto ley que el Consejo de Ministros tiene previsto impulsar en breve para aportar la letra pequeña a la aplicación de la tasa Tobin esconde otras modificaciones de interés entre sus disposiciones finales. Así, Hacienda aprovecha el texto para establecer la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que tengan a su nombre, o controlen, determinadas cuentas financieras. En concreto, el texto modifica el Real Decreto 1021/2015 para obligar a las instituciones financieras a presentar una declaración informativa cuando tengan clientes titulares de una cuenta con residencia fiscal en otro estado europeo; en un país que haya sellados acuerdos de intercambio de información tributaria con la UE, con España o de forma multilateral con varios estados. Las entidades deberán presentar la declaración anualmente, aún cuando concluyan que no existe información concreta que comunicar. Fuente.- Cinco Días
Gascón, en el transcurso de su intervención ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados ha explicado que "hay aspectos en los que se produce un choque de derechos, que son difíciles de resolver".
Así, ha explicado que ese derecho protegido constitucionalmente hay que conciliarlo con el hecho de que un investigador, con autorización judicial, pueda acceder a esos locales sin previo aviso, porque hacerlo tras el aviso no vale para nada cuando puede haber destrucción de pruebas. "Y lo que el Tribunal Supremo, lo que ha hecho ha sido ponerlo encima de la mesa y ha pedido que busquemos una solución, porque lo que hay ahora es endeble", ha exiplicad, para concluir señalando, que "tarea que tenemos por delante y enseguida la tengan ustedes también" refiriéndose a los miembros del Legislativo.
El director de la Agencia Tributaria ha negado su intención de que la Aeat recurra habitualmente a la vía penal, que ha considerado que es el último recurso ante los defraudadores.
Comparado con un año malo
Con respecto a los Presupuestos Generales del Estado, Gascón ha defendido un crecimiento del 10,8% de la demanda interna para 2021, aunque suena a mucho no es un crecimiento que esté comparado con un año normal, sino con un año malo como está siendo 2020".
Así, ha justificado que aplicando ese crecimiento del 10,8% al cierre de recaudación previsto para 2020, de 196.000 millones, el resultado sería de unos 217.000 millones para 2021, a lo que ha añadido que"faltan 5.000 millones que es lo que se corresponde con las figuras tributarias, para llegar al objetivo de la previsión de ingresos del año que viene, por lo que hay cierta consistencia en la previsión de ingresos".
Menos devoluciones en 2021
Por impuestos, Gascón ha señalado que con respecto al IRPF, la previsión es que mejore su recaudación un 7,8%, unos 6.800 millones de euros, espera que dicho aumento llegue, por un lado, del crecimiento en un 6,8% de la evolución del propio impuesto con respecto a remuneración de las rentas de los asalariados y, por otro lado, porque la estimación es que el resto de partidas del IRPF, como las rentas de capital y las ganancias patrimoniales, crezcan en torno al 10%.
La previsión de crecimiento de la recaudación del Impuesto de Sociedades es del 20%, lo que supone unos, 3.700 millones más, lo que supone una traslación de ese 10%, como en el IRPF, para las partidas que no son renta. Además, también explicó que hay que contar con nueva la tributación del 5% de los dividendos y plusvalías de fuente externa, que supondrá unos 455 millones, y las devoluciones en términos de caja, que será muy inferiores a las de otros años.
Pagos fraccionados
Gascón ha explicado que las devoluciones pendientes en el impuesto sobre Sociedades se van a realizar en 2020 para dejar limpio 2021. Y, además, están las devoluciones por los pagos fraccionados, que también se van a realizar este ejercicio. Estas dos actuaciones suponen hasta 3.000 millones más en términos de caja.
En cuanto al IVA, la mejora de recaudación prevista en las cuentas públicas es del 13,9%, se ha contado con que la demanda interna nominal crezca un 10,8% y con una estimación sobre el gasto final sujeto a IVA con un incremento del 12,6%, debido al aumento de la compra pública en 2021 respecto a 2020 y al mejor comportamiento del mercado de vivienda. Además, los cálculos incluyen las mayores devoluciones en 2020, que no se darán en 2021.
Sobre la polémica del IVA de las mascarillas, Gascón ha señalado que si bien la Comisión Europea va a proponer a a los Estados miembros que por unanimidad aprueben la aplicación del IVA al tipo 0% para las vacunas contra el Covid-19, tal y como se permitió con la importación de los materiales sanitarios, también sería preciso que aclare cómo deben tributar las mascarillas que se entregan a los consumidores finales, puesto que naidie va a entender que las mascarillas importadas tengan un tipo 0% y demás no tengan este beneficio.
La partida de la Agencia
Así, aunque en el proyecto de Presupuestos figura una partida de 1.109 millones de euros para la AEAT, lo que supondría un 0,4% menos, Gascón apuntó que la previsión del organismo es que el ejercicio 2021 cierre por encima de los 1.600 millones de euros, con una subida del 8,48%, de los que el 80% irán destinados a gastos de personal.
En cuanto a la plantilla con la que cuenta la Agencia Tributaria, Gascón recordó que antes de la crisis financiera de 2008 la AEAT venía contando con una plantilla de unos 28.000 trabajadores que bajó a 25.000 en torno al año 2011 y que, desde entonces, "estamos en fase de recuperación", incrementando la oferta de empleo, de manera que la previsión es superar los 27.000 trabajadores en 2021.
La UE contradice a Sánchez en la recaudación del impuesto digital y la 'tasa Tobin'
El Ejecutivo calcula una recaudación de 850 millones de euros, mientras Bruselas de 425 millones
Edificio de la Comisión Europea en Bruselas
La Unión Europea contradice a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en sus cálculos sobre el borrador de los presupuestos de recaudación del nuevo impuesto digital.
Este miércoles, la Comisión Europea ha valorado las cuentas de ingresos procedentes de la ‘tasa Tobin’, tasa sobre las transacciones financieras y el nuevo impuesto digital a multinacionales. Las autoridades comunitarias españolas han estimado un 0,6% de PIB en las arcas públicas en el plan presupuestario debido a las nuevas medidas. Sin embargo, Bruselas apunta en el informe técnico que sólo sería un 0,1% del PIB en 2021.
La contradicción entre ambos se debe a que “algunos cambios fiscales no fueron especificados con suficiente detalle” en el borrador técnico, por lo que, el resultado de la recaudación de impuestos produce “incertidumbre”.
Por lo tanto, el Ejecutivo español calcula una recaudación de 850 millones de euros para el próximo año debido al nuevo impuesto a grandes multinacionales digitales y a las transacciones financieras. Mientras, la Comisión Europea prevé 425 millones, un 50% menos.