Notarios, abogados y procuradores son "sujetos obligados" en la detección de las operaciones de blanqueo de capitales, según el nuevo Reglamento que entrará en vigor el próximo 22 de abril.
El Gobierno impone a los notarios comunicar por escrito sus sospechas sobre operaciones de blanqueo
Se trata del nuevo Reglamento para la Prevención del Blanqueo de Capitales y otras normas de Regulación del Sistema Bancario, Financiero y Asegurador, publicado en el BOE el pasado 22 de enero
EUROPA PRESS / MADRID
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó hoy que el Gobierno ya ha aprobado una norma, que entrará en vigor el próximo 22 de abril, por la que los notarios estarán obligados a dar cuenta, y por escrito, "de todas las operaciones que resulten sospechosas de ser de una trama de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas".
Se trata del nuevo Reglamento para la Prevención del Blanqueo de Capitales y otras normas de Regulación del Sistema Bancario, Financiero y Asegurador, publicado en el BOE el pasado 22 de enero, y que incluye a los notarios, abogados y procuradores como "sujetos obligados" y no meros colaboradores en la detección de las operaciones de blanqueo de capitales.
López Aguilar explicó hoy en rueda de prensa que el Real Decreto por el que se aprobó este Reglamento incide en diversas medidas "para potenciar la productividad y transparencia de las Administraciones Públicas", en las que se recoge el mandato expreso de que los notarios deban dar cuenta por escrito de operaciones sospechosas de constituir blanqueo de capitales, por la gran cantidad de dinero que mueven y cuya procedencia no se justifica.
La directora general de Registros y del Notariado, Pilar Blanco, explicó que el nuevo Reglamento tiene su origen en una directiva comunitaria, aunque se adapta a las "peculiaridades" de nuestro Ordenamiento Jurídico. El artículo 2 del Reglamento incluye a los notarios como sujetos obligados a comunicar operaciones de blanqueo de las tengan conocimiento, mientras que el 27.3 se refiere a los registradores de la propiedad y mercantiles como colaboradores.
López Aguilar reconoció que esta cuestión ha adquirido relieve en los últimos días "por la implicación en la operación 'ballena blanca' de algunos profesionales de la Notaría", y añadió que "no se combatirá el terrorismo, el tráfico de personas, el narcotráfico ni ninguna modalidad de criminalidad mafiosa si no somos capaces de tasar el dinero".
Según el titular de Justicia, "sólo de forma relativa el blanqueo tiene que ver con la proximidad física a un paraíso fiscal", ya que las mafias son capaces de "desplazar a velocidad de vertigo grandes cantidades de dinero con independencia de la proximidad física" de alguno de estos lugares.
La especulación atrae a las mafias
López Aguilar afirmó que "a nadie se le escapa" que "el modelo de crecimiento basado únicamente en la especulación inmobiliaria es donde se va concentrar ese inmenso caudal de dinero negro obtenido de negocios ilícitos, que necesitan ampliarse". Los 'puntos sensibles' en la geografía española serían el litoral Mediterráneo, Baleares y Canarias y también Madrid, según el ministro.
Añadió que a los poderes públicos les deben preocupar "todos los eslabones de la cadena, el blanqueo de capital y también el crimen organizado del que procede esa inmensa masa de dinero negro, cuyo origen es el tráfico de personas, extorsión de mujeres, narcotráfico o el tráfico de armas".
"Allí donde el suelo y las viviendas se encarecen a veces doblando su precio en muy pocos años, es un lugar idóneo para que las mafias se establezcan", insistió López Aguilar, lo que obliga al Gobierno, pero "también a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales a tomar este problema muy en serio y a cooperar para garantizar seguridad a la ciudadanía&q