Ciu ...principio del fin...

El juez envía a prisión al tesorero de CDC

El abogado de Andreu Viloca -detenido el miércoles- ha anunciado que recurrirá la medida al considerarla "exagerada"

Todo lo que tocan los convergentes se convierte en un pozo negro, una sentina, un residuo nuclear, un escándalo que se llama 3% porque así lo bautizó el expresidente Maragall, pero que es más, mucho más. Es el 3% para el partido, otro tres para los clanes familiares, más la parte de Millet, el del Palau, y la de los cuatrocientos gorrones (las famiglias con palco en el Palau y en el Camp Nou) que llevan mandando en Cataluña desde 1981. Muchas de ellas desde antes aún, cuando Franco.

La Generalidad es el centro del Universo 3%, que en Sicilia se llama Mafia y en Calabria 'Ndrangheta. Lo saben hasta en Alemania. Titular del Die Welt: "Die-Separatisten-Mafia". En la escapada, el proceso es la gran coartada, el escudo de Mas para atribuir el descubrimiento de la ciénaga a las cloacas del Estado, a los poderes ocultos, a la rancia España. Nada importa la confesión de Pujol. Eso es agua pasada, aunque Mas, en público, aún le llama "president". Las cloacas de Convergencia han funcionado a pleno rendimiento durante décadas, a veces con pleno conocimiento y consentimiento de los gobiernos de la Nación y siempre bajo amenaza implícita del extorsionador: amigo, si quieres hacer negocios en Cataluña deberás pasar por caja o marcharte a otra parte. Algunos, cierto es, pagaron y aún pagan de buen grado. Todo por lo causa. Y eso va del 3% a las constructoras, de la inmersión lingüística en los colegios, del incumplimiento de todas las sentencias, de la ínfima calidad democrática en la región y de espectáculos caudillistas como el de la marcha sobre el TSJC de los alcaldes y los consejeros con Mas a la cabeza. El régimen del 3% o el de los tíos de la vara. Pura filfa antidemocrática que tiene al Estado contra las cuerdas gracias a la financiación del Estado. El 3% es para otra cosa.

Afirma Mas que se siente víctima de una operación de "caza mayor". Sí, la batida del venado. Pero los supuestos cazadores no son furtivos, sino la Guardia Civil y por orden judicial. No pasa nada y él pone la mano en el fuego por Andreu Viloca, el último trincado, por Daniel Osàcar (anterior tesorero), por la familia Sumarroca (los íntimos del clan Pujol), por el de las infraestructuras y por los empleados de Convergencia arrestados. Dice que España le roba y la CUP no le quiere hacer presidente. Y es que a nadie, salvo a las moscas y los gusanos, les gusta el olor de la corrupción, en catalán merda y merder.

TRAMA DEL 3%
Detenido también
el extesorero de
CDC, Daniel Osàcar
La detención se produce horas después del ingreso en prisión del actual contable del partido. Esta mañana comparece Artur Mas en el Parlament.

Mas avisa a Pujol: «Si hubo algo ilegal no fue en mi mandato»
Pilar Ferrer. Madrid. Hace 15 horas 78

Así fue la reunión el pasado miércoles tras la detención del tesorero de CDC. Se encontaron en un domicilio particular tras varias llamadas del presidente en funciones a la secretaria del ex Molt Honorable: «Madrid nos cerca y ataca»

Hallan 600.000 euros en billetes de 500 en cajas fuertes de los detenidos
El juez deja en libertad al ex tesorero de CDC Daniel Osàcar, pero le retira el pasaporte

Durante los últimos registros en la operación contra la trama del 3%, la Guardia Civil se ha incautado de una cantidad que oscila entre los 500.000 y los 600.000 euros. Este dinero, según han informado a LA RAZÓN fuentes de la investigación, fue hallado en cajas fuertes de algunos de los empresarios que presumiblemente pagaron comisiones por la adjudicación de contratos públicos. Uno de los detalles que han llamado la atención de los agentes, es que la mayoría del dinero se guardaba en billetes de 500 euros.

A este respecto, los investigadores barajan dos hipótesis: que simplemente guardaran esas cantidades únicamente para hacer algunos pagos en metálico, o bien que lo estaban acumulando con el fin de, en su momento, trasladarlo a paraísos fiscales.

Las cantidades que se han incautado en los distintos domicilios oscilan entre los 80.000 y los 30.000 euros, así como otros efectos que no se revelan ya que forman parte de líneas de investigación en marcha que permanecen secretas.

Una anotación manuscrita relativa a un miembro de la familia Pujol se ha desvinculado de la investigación, ya que las pesquisas hasta ahora practicadas no permiten abrir nuevas líneas de investigación, independientemente de que en otros juzgados y por otras unidades de las Fuerzas de Seguridad se persiguen posibles delitos cometidos por la familia del ex presidente de la Generalitat.

En las próximas semanas, en las que, en principio no hay previstas nuevas detenciones, la Guardia Civil se va a dedicar a analizar toda la documentación incautada. En primer lugar, y en un rápido examen, los últimos documentos encontrados en los registros, por si de algunos de ellos se derivara alguna actuación urgente, bien sea la toma de declaración de un testigo o un nuevo registro.

La operación, tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer, está en sus albores. Las actuaciones que se han realizado hasta ahora están, como se dice en términos de las Fuerzas de Seguridad, perfectamente «abrochadas»; es decir, las detenciones y los registros tienen todos una base que justifica tales actuaciones, autorizadas todas ellas por el juez de El Vendrell

Con Viloca en la cárcel y Rosell, el máximo responsable de las adjudicaciones de obras de la Generalitat, a un paso de haber seguido los pasos de su compañero (además del arresto de Daniel Osàcar, el antiguo tesorero), la investigación judicial de la trama del 3 por 100 avanza firme y a su ritmo.

Los agentes llaman la atención de que es impropio llamar tesoreros a Viloca y Osàcar, ya que realmente eran gerentes con unos poderes omnímodos en un organigrama pensado para salvar de responsabilidades a sus jefes.

El juez de El Vendrell que instruye el caso dejó ayer en libertad con cargos al director general de la empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y al ex tesorero del partido Daniel Osàcar. A ambos el juez les ha retirado el pasaporte y deberán comparecer en sede judicial una vez al mes.

El enrevesado "caso del 3%" podría arrojar sorprendentes novedades el martes, cuando el director general de "Infraestructures.cat", la empresa de la Generalidad para las licitaciones de obra pública, y su abogado asistan a la apertura de la caja fuerte y los maletines entregados por un amigo de Josep Antoni Rosell, el director general de la empresa, a la Guardia Civil.

Mientras el amigo de Rosell se deshacía del material que se le había dejado en custodia al entender que podía estar relacionado con el caso y probablemente siguiendo instrucciones del propio director general, un alto funcionario de "Infraestructures.cat" se prestaba a colaborar con la Guardia Civil y explicar el procedimiento mediante el que se alteraban las adjudicaciones, algo que tan simple que consistía en modificar el apartado de criterios subjetivos.

Hay más personal de la Generalidad dispuesto a colaborar con los investigadores y el juez de El Vendrell (Tarragona), Josep Bosch Mitjavila, barcelonés de treinta años y con uno de los expedientes más brillantes de su promoción en la Escuela Judicial. Bajo una apariencia informal, Bosch dirige la investigación en franca sintonía con los fiscales anticorrupción y no hace declaraciones sobre un expediente que estalló en Torredembarra por la denuncia de una concejal de ERC, Montserrat Gasull, que fue fulminada por su propio partido. Desde entonces, enero del 2014, Bosch se hizo cargo de un caso con múltiples ramificaciones y que afecta tanto al partido de Artur Mas como a la administración que preside.

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El desmejorado aspecto de Mas

Esta martes se sabrá el contenido del material del amigo de Rosell aportado a la Guardia Civil de manera voluntaria. La caja fuerte, los maletines y las "traiciones" de funcionarios han hecho mella en Mas, que el viernes comparecía ante el Parlamento catalán con un aspecto francamente desmejorado, el cabello crispado y con la súbita aparición de canas. Admitió el cobro de donaciones a la fundación de su partido y que tales cobros acababan en las arcas del partido, pero negó que estuvieran vinculadas a las adjudicaciones de obra pública. Sin embargo, la documentación que pueda hallarse en los maletines y en la caja fuerte atenaza y bloquea la situación política catalana.

Mas ve alejarse la posibilidad de que la CUP cambie de criterio y acepte investir presidente a quien consideran culpable de los recortes y pringado por la corrupción. Y por muy mediáticas que resulten las operaciones de registro en las sedes, ayuntamientos y en edificios de la propia Generalidad, las acusaciones y excusas de Mas son cada vez más endebles.

Lamento del director de 'La Vanguardia'

El director de La Vanguardia, Màrius Carol, hace votos para que Mas supere el trance, pero no se muestra muy optimista en su billete de este domingo, en el que escribe: "Sería bueno que todo acabara en nada, pero no parece que esta vez salga gratis. Una caja fuerte que apareció tras los registros es objeto ahora de múltiples especulaciones.

El martes se procederá a su apertura. Si al final la justicia no tiene donde agarrarse, Mas y su gente podrán izar la bandera del victimismo. En caso contrario, el proceso podría embarrancar y la política catalana entraría en una nueva dimensión: la dimensión desconocida".

Comienzo de legislatura marcado

El hecho de que Mas pusiera la mano en el fuego por sus dos tesoreros detenidos y no por el director general de "Infraestructures" en la sesión parlamentaria del viernes pasado evidencian el pánico de Mas y de los dirigentes de su partido ante lo que pueda salir de la caja fuerte y de los maletines.

Este lunes se constituye el nuevo parlamento regional. Está prevista una solemne declaración de inicio del proceso de constitución de un "estado catalán independiente en forma de república". Como telón de fondo, las palabras de Mas sobre la posibilidad de desobedecer un fallo judicial en contra si Cataluña es un estado y las reiteradas negativas de la CUP. Con Mas no hay trato, sustancian. O se va (la CUP acepta a Neus Munté, vicepresidenta de la Generalidad en funciones y con pasado en la UGT) o no hay trato.

La comisionada y Pujol

En la huida hacia ninguna parte que ha emprendido Mas destacan dos lamentables coincidencias que generan reparos incluso entre sus propios socios de ERC. Que la comisionada para la Transparencia de la Generalidad, Núria Bassols, sea la esposa del empresario detenido Josep Manel Bassols, exalcalde de CiU y supuesto beneficiario de adjudicaciones, no ayuda a la defensa de Mas, que la mantiene en el puesto.

Núria Bassols es magistrada en excedencia del TSJC que debe decidir sobre el 9-N, una de las jueces de la cuota convergente en el tribunal. Tampoco conviene a Mas el trascendido de su reunión con Jordi Pujol en la casa de un exconsejero de Banca Catalana, el mismo miércoles en el que se desencadenó la tercera fase de la operación Petrum, unas detenciones y registros que pueden ser el principio del fin de la carrera de Artur Mas.

La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan si la manipulación de concursos públicos para beneficiar a empresas que pagaban comisiones a CDC estaba institucionalizada en Infraestructures.cat, el mayor licitador de obra pública de la Generalitat. Hasta el momento, sólo el director general del organismo, Josep Antoni Rosell, está imputado en el caso Petrum tras ser detenido el pasado miércoles. Sin embargo, declaraciones aportadas a la investigación por trabajadores y ex trabajadores del ente público apuntan hacia una cadena de supuestos amaños en la que habrían participado más cargos de un organismo que, desde que llegara Artur Mas al Govern, ha adjudicado 380 millones de euros públicos en cuatro años. La investigación que lleva el juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) indaga sobre contratos adjudicados desde 2008 y hasta la actualidad y con la vista puesta en las grandes obras realizadas en Cataluña en los últimos años. Los investigadores están sacando rendimiento de los detalles que trabajadores de Infraestructures.cat y GISA -antigua denominación del ente público- aportan al caso sobre posibles irregularidades. Tal y como avanzó EL MUNDO, la última colaboración de un informador interno llegó el pasado 21 de octubre, día en el que se realizaron los registros por el 3% en la sede central de CDC y en las oficinas del organismo público. De ellas la Guardia Civil se llevó más de 20 cajas con documentos.Cuando los agentes registraban las instalaciones de Infraestructures.cat, un trabajador de la empresa pública se dirigió a ellos de forma espontánea. O, como lo definió uno de los investigadores, «perdió el miedo a hablar». En su declaración ante dos de los policías reveló que Josep Antoni Rosell daba instrucciones para modificar criterios técnicos en concursos públicos para «facilitar» que empresas concretas obtuvieran adjudicaciones. El trabajador, sin embargo, no limitó las órdenes para manipular los criterios al director general. El técnico incluyó en su declaración al presidente de Infraestructures.cat, Joan Lluís Quer, a quien situó entre los supervisores que pedían modificaciones técnicas en los concursos. También a la Oficina Técnica de Evaluación, de la que depende el destino final de las adjudicaciones.El denunciante, a preguntas de los agentes de la Guardia Civil, confirmó además que desde la jefatura del departamento de Auditoría de Interna de la empresa se realizaban «correcciones» en los concursos públicos. Unos cambios que, presuntamente, facilitaban el camino para que las empresas constructoras del 3% obtuvieran adjudicaciones. Los «ajustes» técnicos, además, se basaban en cambios subjetivos. Es decir, que se puntuaban al alza elementos técnicos sin un criterio fijo del evaluador. Por el momento, Rosell es el único alto cargo del Govern que está imputado en la causa junto a otras 11 personas entre empresarios y cargos de CDC, entre ellos su tesorero y su antecesor, Daniel Osàcar. En libertad con cargos y con la prohibición de abandonar España, todas las fuentes consultadas por este diario consideran al gestor de infraestrucuturas como «un elemento clave» en la presunta trama de comisiones ilegales. La denuncia que aportó el trabajador el mismo día del registro podría ayudar también a estrechar el cerco en torno a otros cargos de la empresa pública. Su presidente, Joan Lluís Quer, se encuentra entre la decena de imputados en otra causa por la adjudicación de un contrato de más de 7,5 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la que tenía relación profesional.Grandes obrasLa Fiscalía Anticorrupción centra gran parte de su investigación en torno a Infraestructures.cat en la adjudicación de grandes obras y cómo estas, presuntamente, acababan repercutiendo en CDC a través de comisiones del 3% o superiores. Sin que se haya levantado todavía el secreto del sumario del caso y se sepa con certeza qué contrataciones están bajo sospecha, lo cierto es que el volumen de trabajos adjudicados es gigantesco.Entre los principales trabajos que Infraestructures.cat licita se cuentan la ampliación del metro de Barcelona, los alargamientos de las líneas de ferrocarril, la construcción y la reforma de carreteras y autovías... En los últimos cuatro ejercicios, el órgano ha promovido 1.761 contratos. Este verano, se calculaba que tenía 167 obras en marcha, valoradas en 2.540 millones de euros.Las cifras y la dotación de los proyectos del ente son notables, aunque los informes de la Generalitat resaltan que la obra pública ha caído en picado. Se confirma si se compara, por ejemplo, con los encargos de hace casi una década. GISA ordenó reformas tasadas en 4.535 millones de euros en el bienio 2006-2007, según la Sindicatura de Comptes. La inversión de la Generalitat se ha visto contenida durante el mandato de Mas a causa de los recortes presupuestarios. El Govern afirma que el coste de las adjudicaciones se ha situado siempre por debajo a los de servicios y suministros. En ese sentido, el importe desembolsado por Infraestructures.cat ha representado un 6,3% del gasto durante los primeros cuatro años del mandato de Mas. Aunque el porcentaje es modesto, la obra pública de la Generalitat experimentó un fuerte acelerón en 2014, año previo al maratón electoral de 2015, cuando los catalanes habrán votado en las municipales, las autonómicas y las generales. Entre 2013 y 2014, las adjudicaciones de obras de las administración catalana subieron un 70%, según la Oficina de Supervisión y Avaluación de la Contratación Pública del Govern. El dispendio global de la Generalitat en infraestructuras pasó de 104,22 millones de euros a 177,21 millones. En el caso de Infraestructures.cat, la inversión creció de los 67,43 millones de euros abonados en 2013 a los 109,87 millones el año pasado. No es la primera vez que la Guardia Civil peina las oficinas del ente gestor. Los agentes ya rastrearon su sede en febrero de 2011. Entonces, salió a la luz que una decena de constructoras influía presuntamente sobre los concursos de la entonces Gisa, para distribuirse entre ellas proyectos de carreteras en Girona. Según las pesquisas, se habrían quedado con encargos por unos 300 millones de euros. Las presuntas irregularidades corresponden al período de gobierno del tripartito, cuando el responsable de las infraestructuras era el conseller Joaquim Nadal. Fue detenido el ex gerente de carreteras de Gisa en Girona, Jordi Vergé.