El chollo vasco

Ha surgido la noticia de que los trabajadores vascos soportan la menor presión fiscal del Estado. Teniendo en cuenta que tienen la mayor renta per cápita por paridad de poder adquisitivo (dobla la de Extremadura) del país resulta llamativa dicha circunstancia.

Quizá la causa de esta situación haya que buscarlo en el privilegio que supone para Euskadi el concierto vasco. Y más que en dicho concierto, en la forma de realizar los cálculos del mismo. El concierto vasco surgió en 1878 tras la Tercera Guerra Carlista y tuvo su origen en la necesidad de arbitrar algún sistema por el cual las provincias vascongadas pagasen los impuestos al Estado. De tal manera que obligaba a que los ciudadanos de estas provincias pagasen impuestos según sus posibilidades, al igual que los demás españoles. Pero ya entonces el cálculo se realizó de forma beneficiosa para Euskadi. Tras la Guerra Civil el general Franco declaró traidoras a las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya, y abolió el concierto en dichas provincias. Posteriormente y con la llegada de la democracia se les volvió a reconocer el privilegio en la propia Constitución, con posterior desarrollo legislativo.

En virtud de dicho concierto las diputaciones forales recaudan casi todos los impuestos. El País Vasco pasa a compensar al Estado por los servicios que recibe. Menos de la mitad, siendo generosos, de lo que le correspondería por su peso económico y demográfico. Lo que paga el País Vasco no depende de los ingresos que tiene sino de los gastos que tiene el Estado. Por ello si tienen una mejor situación económica salen claramente favorecidos. Solo en el caso de un deterioro económico significativamente superior al resto del Estado la situación empezaría a ser desventajosa para el País Vasco. Como tienen capacidad normativa propia pudieron establecer en su momento, por ejemplo, las llamadas “vacaciones fiscales” que favorecían a sus empresas respecto de las del resto de comunidades (sobre todo las limítrofes). En Europa no existe ningún territorio con una independencia fiscal semejante. La propia justicia comunitaria ha multado a España (no a Euskadi) con 30 millones de euros. Las autoridades comunitarias no entienden esta situación de privilegio.

Evidentemente las causas de estas cesiones económicas son de raíz política. Las presiones nacionalistas, las amenazas de pedir la independencia llevan a los gobiernos centrales a intentar saciar sus apetencias. A pesar de ello la presión nacionalista no cesa. ETA ha dejado de matarnos pero los vascos continúan extorsionándonos. No hay que olvidar que el PNV tuvo como fundador a Sabino Arana, personaje que consideraba la raza vasca superior a la española, a la que consideraba corrupta, inmoral y degenerada. Evidentemente esta ideología actualmente se consideraría racista, xenófoba y propia del fascismo.

Ante esto no resulta extraño que Cataluña solicite un tratamiento fiscal más favorable, con el claro objetivo de alcanzar un sistema lo más parecido al vasco. Los nacionalistas catalanes y vascos apoyándose en un sentimiento identitario de gran parte de su población lo utilizan para conseguir privilegios económicos. Los partidos que se han alternado en el poder (PSOE y PP) han intentado solucionarlo con cesiones de índole económica, lingüística, competencial, etc. Creo que esto solo son parches, una forma de retrasar el problema. Llegará un momento, si no ha llegado ya, en que no quede nada que ofrecer. Y entonces, ¿qué?

Sería mejor llegarles incluso a permitir que se independizaran, pero sin más cesiones. Que ellos decidieran si les conviene. Por ejemplo, las exportaciones de Cataluña al resto de España suponen entre el 20% y el 30% de su producción. El País Vasco también tiene como principal mercado el resto de España. Un abandono de España por su parte supondría el establecimiento de aranceles para ellos en España y el resto de la UE que les haría perder competitividad. Cuando regularizaran su situación se podrían encontrar con el cumplimiento de una ley de la Física que dice que el espacio vacío tiende a ocuparse. Les resultaría sumamente complicado volver a recuperar sus actuales cuotas de mercado.

No hay que tener miedo a la democracia. Solo hay que ser firmes. Es preferible su independencia al hecho de que, por ejemplo, en las Cortes nacionales existan unas fuerzas políticas, con capacidad de quitar y poner gobiernos, que responden a la defensa de unos intereses que no son nacionales, sino de sus propios territorios. Las cesiones solo retrasarán el problema, no lo solucionarán. El modelo de Estado no puede estar continuamente en debate. No debemos dejar como herencia este problema a nuestros descendientes.

El Estado de las autonomías, que se diseñó con la idea de atender a las peculiaridades culturales de determinados territorios, se está convirtiendo en un sistema de acentuación de divergencias económicas entre territorios intolerable. No es de recibo que en un mismo estado los vascos sean el doble de ricos que los extremeños. No es de recibo que una comunidad con una renta per cápita superior a la europea tenga que ser financiada en parte por comunidades más pobres. Y ya no solo se trata de vascos y catalanes, ya nos encontramos con que autonomías, artificiales y sin ninguna explicación histórica, realizan sus propias reivindicaciones económicas. El actual estado autonómico puede llevarnos a la ruptura, ya que bajo el disfraz de identidades culturales acaban apareciendo diferencias de trato económico.

En definitiva, la culpa no es de los vascos y catalanes, tampoco de PSOE y PP. La responsabilidad de esto es de los ciudadanos españoles, que votamos mayoritariamente a unas fuerzas políticas que anteponen una obligatoria unidad nacional a la defensa de los intereses de TODOS sus gobernados. Deberíamos votar a opciones que, por ejemplo, plantearan la renegociación del concierto vasco (también el navarro) y que no cedieran a las presiones económicas catalanas.