La astucia que anunció Artur Mas para sortear la decisión del TC de suspender el referéndum ilegal original solo le ha servido para ganar algo de tiempo. Su «proceso de participación» tampoco podrá celebrarse el 9-N y cualquier acto preparatorio de los poderes públicos será nulo e ilegal.
¿Qué ha decidido el TC?
El Pleno admitió ayer a trámite el recurso del Gobierno, lo que supone la suspensión automática de forma cautelar de la consulta alternativa de Mas y de los actos preparatorios.
¿Qué consecuencias tiene?
El «proceso de participación ciudadana» que convocó Mas tras la suspensión del referéndum original queda bloqueado y la Generalitat no podrá consultar a los ciudadanos sobre la independencia el 9-N. La suspensión cautelar no determina el sentido del fallo sobre el fondo de la cuestión, sobre el que los magistrados pueden pronunciarse en cinco meses, aunque probablemente lo harán antes.
¿A quién obliga?
La suspensión tiene efectos retroactivos desde el 31 de octubre, día en que el Gobierno registró su recurso. Obliga a todos los poderes públicos. Cualquier acto administrativo relacionado con el «proceso de participación» queda anulado. La Generalitat no puede hacer campaña, ni habilitar centros escolares ni pedir colaboración a los ayuntamientos, que tampoco podrán ceder espacios para esa consulta.
¿Quién debe vigilar el cumplimiento?
Son los órganos jurisdiccionales y la Fiscalía a quienes corresponde vigilar el cumplimiento de la suspensión acordada por el TC.
¿Qué ocurre si Mas sigue adelante con su consulta?
Podría incurrir en un delito de desobediencia y, en su caso, también de prevaricación. La Fiscalía puede actuar de oficio.
¿Cuál sería la respuesta del Gobierno?
El Gobierno cree que no habrá consulta el 9-N y que Mas acatará la ley. Aun así, si el presidente de la Generalitat siguiera adelante con el referéndum encubierto, el Ejecutivo dispone de medios constitucionales, como la recuperación de las competencias de educación y seguridad, aunque son medidas improbables.
¿Puede haber urnas en los colegios catalanes?
En ningún caso. Para dar un uso distinto al docente en los centros escolares, en este caso la colocación de urnas, es necesario un acto administrativo de la Generalitat, algo que el TC ha bloqueado.
¿Las asociaciones civiles pueden poner urnas en la calle?
Es una de las posibilidades que se manejan. Si la Asamblea Nacional Catalana recoge papeletas en la calle el efecto sería nulo, no tendría ninguna validez, más allá del impacto que pudiera producir una foto de la movilización ciudadana.
¿Qué situación se prevé el 10 de noviembre?
La consulta organizada y convocada por los poderes públicos no se habrá podido celebrar, al ser ilegal. Mas podría estar abocado a un adelanto electoral o a un cambio de socios para aprobar los presupuestos y acabar la legislatura. El Gobierno se ha mostrado dispuesto a dialogar, dentro de la ley. No se cierra a hablar de una reforma de la Constitución, si hay amplio consenso y objetivos claros.