Perfil bajo. Ésta es, de momento, la conducta que piensan observar el Gobierno y la Fiscalía en relación con el 9N. Se siguen con atención los acontecimientos, pero sin voluntad de actuar si no se produce algún hecho grave, algún incumplimiento flagrante de la orden dada a la Generalitat para que deje de actuar como instancia impulsora de la consulta, considerada por el Ejecutivo y por el Consejo de Estado como un referéndum encubierto y para el que una comunidad autónoma carece de competencias.
La Fiscalía tiene plena autonomía de funcionamiento y permanece en actitud vigilante para que se cumpla la resolución del Tribunal Constitucional (TC) de suspender la consulta. Pero los fiscales son perfectamente conscientes de que el Gobierno no quiere complicaciones innecesarias e inútiles. Y de que de ningún modo pretende convertir estos días hasta el 9N en un pulso constante para impedir la libre manifestación de las ideas.
La Fiscalía no se va a dedicar a perseguir independentistas, ni siquiera si actúan para lograr que el proceso de participación en curso se asemeje a una consulta. Las instituciones del Estado querían que se impidiese un referéndum ilegal y creen que, con las resoluciones del Constitucional, ya lo han conseguido. Para el Gobierno y la Fiscalía, en suma, lo más importante es que la Generalitat se atenga a dicha orden de suspensión y no lleve a cabo actividad alguna relacionada con la organización de la consulta.
Pero no van a impedir que los ciudadanos acudan el 9N a determinados puntos de convocatoria -ya sean institutos, colegios o cualesquiera otros- y se expresen o manifiesten a favor de lo que quieran. En definitiva, considerará la consulta alternativa, si se produce de forma limitada y por vía de hecho, sin intervención explícita de la Generalitat, como un ejercicio democrático sin otras consecuencias, similar a una manifestación o a una recogida de firmas.
Las instituciones del Estado van a aplicar a la consulta alternativa la filosofía opuesta a la que exhibió en plena transición Manuel Fraga cuando dijo aquello de que "la calle es mía". Esa batalla no la darán. No se trata de dominar la calle, sino de que el 9N discurra en paz y sin que pueda deducirse de lo que ocurra que se ha celebrado un referéndum ilegal. En definitiva, que pase el día, seguir dando la batalla en el Constitucional para que se anule la ley de Consultas cuando se dicte sentencia sobre el fondo del asunto, y no ofrecer el flanco descubierto ante los sectores que piden actuaciones duras hacia el Govern y el president de la Generalitat, Artur Mas.
El Gobierno espera que con el recurso al Tribunal Constitucional, que según confiesa estaba obligado a presentar desde el momento en que Artur Mas utilizó medios de la Generalitat para una reedición de la consulta, aunque llevara el nombre de proceso participativo, se haya acabado toda su actuación. Los servicios jurídicos del Estado, no obstante, están a la expectativa, pero con la instrucción de que no se actuará salvo que haya una violación flagrante de la suspensión por parte de la Generalitat y de su president.
Lo hecho hasta ahora hecho está, y recuerdan que el TC suspende cualquier nueva actuación. Así, el reparto de papeletas, por ejemplo, que ya se realizó, no sería impugnable, y sólo si de manera ostensible la Generalitat toma a partir de ahora alguna nueva decisión, el Gobierno de Mariano Rajoy se vería obligado a actuar.
La pretensión del Ejecutivo es dejar pasar el proceso participativo como una manifestación más de los grupos independentistas, no de la Generalitat, en algo similar a lo que fueron las consultas populares sin cobertura legal como el de Arenys de Munt en el 2009, que dio lugar a otras en Catalunya. Desde el Gobierno se asegura que el 9N no habrá reacción oficial al proceso participativo, ya que "no habrá consulta". Y sobre las manifestaciones cívicas, el Ejecutivo no tiene nada que decir.
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