Un líder carismático, movilización de las masas y voluntad de situarse por encima de la voluntad general. El desafío secesionista de Artur Mas tiene los elementos propios de los movimientos fascistas del siglo pasado, según ha advertido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un desayuno informativo organizado por Europa Press.
«Después de un siglo tan convulso como fue el siglo XX, el regreso a este tipo de planteamientos compromete los derechos y libertades de todos los españoles apelando al liderazgo carismático de un líder y a la movilización en la calle de las masas para confundirlas con el conjunto de la sociedad», ha señalado.
A juicio de Catalá, la solución de los problemas de España no consiste en «juegos de palabras» ni en «emprender revoluciones», sino que hay que trabajar a partir del marco de convivencia. «Hay que deshacer cuanto antes esa idea de que la política es algo diferente a la ley» y de que no debe haber interferencias entre la ley y la política. «Sin el respeto a la ley desaparece la política y la democracia», ha dicho el titular de Justicia. Fuera de la ley, «no se puede hablar de nada».
Sobre la relación del Gobierno con la Fiscalía a raíz de la querella que finalmente presentó Eduardo Torres-Dulce por la desobediencia del 9-N, el ministro ha señalado que el Ministerio Público hizo un «magnífico trabajo de análisis» y cumplió con su obligación constitucional. Ha asegurado, que en virtud del Estatuto Fiscal, el Gobierno podría haber dado instrucciones a la Fiscalía para que emprendiera la acción penal, pero que no fue necesario hacerlo porque desde el primer día el órgano que dirige Torres- Dulce «trabajo en defensa del interés general».
Junto con la subversión de los principios democráticos, el otro gran bloque que, a juicio de Catalá, amenaza al Estado de Derecho, es la corrupción. El ministro ha alabado las medidas que el pasado jueves expuso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Congreso. «La corrupción se publica, se investiga, se juzga y no se oculta como un pecado de familia del que no se quiere hablar». En este sentido, ha valorado la propuesta de que los delitos de corrupción no prescriban hasta pasados 15 años o la agilización de los procedimientos de corrupción, medidas legislativas inminentes como la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial o del Código Penal, este último en trámite de enmiendas en el Congreso.
Sobre cómo puede afectar a los procesos en marcha la salida del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional (cuando está a punto de cumplirse su comisión de servicio), Catalá se ha mostrado convencido de que el Consejo General del Poder Judicial, en cuyas manos está la renovación de Ruz durante otros seis meses o sacar a concurso su plaza, actuará «con responsabilidad».
Catalá ha asegurado que la renuncia de Mercé Pigem como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras ser sorprendida entrando en España con cerca de diez mil euros en efectivo, ha sido un «ejercicio de responsabilidad y lealtad con la institución». A su juicio, si bien su comportamiento no es delictivo, en estos momentos «hay una exigencia de una calidad ética y de transparencia extraordinaria» y es aquí donde hay que enmarcar su decisión, que la propia Pigem vinculó en un comunicado con la situación de Cataluña.