Ministros franquistas y democracia
Martin Villa es una de las figuras destacadas del franquismo. Destaca por el acervo de muertos bajo su mandato de Ministro de Gobernación y también porque es uno de los pioneros y gran beneficiario de las «puertas giratorias» que lleva décadas apoltronado en los consejos de administración más cotizados, entre otros, Endesa, Aguas de Barcelona, Comisión Control Cajas de Ahorros, FAES, Sareb, el banco malo de activos tóxicos, Sogecable, etc. La impunidad es su blasón y los consejos de administración su finca. Por la crueldad represiva que desplegó, le apodaron como «la porra de la Transición». Podríamos llamarle también el «okupa» de los Consejos de Administración.
Acusado por los sucesos de Vitoria, figura a la cabeza de 20 imputados con Utrera Molina y otros, con orden de extradición dictada por la Juez Mª Servini dentro de la Querella argentina. Este 7 de febrero, seis nuevas familias incorporan a la Querella Argentina otras tantas denuncias por los familiares muertos. Refuerzan la imputación de Martín Villa, como responsable de diseñar y amparar tan sangrienta represión. El número de muertos y las circunstancias que les rodean, constituyen violaciones de lesa humanidad, imprescriptibles ante la Justicia Universal.
Hace unos meses insistía con arrogancia: «No quiero parapetarme en la amnistía de 1977. Quiero declarar ante la juez argentina». ¿A qué espera para hacerlo? La impunidad que le es tan familiar, le lleva a tales balandronadas. Cuenta con el apoyo del Gobierno del PP obstinado en no abrir un resquicio en la impunidad de los veteranos hijos del franquismo. Es la defensa a ultranza de los suyos, como lo vimos ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros en que se anuncio que se ha aprobado un informe del Ministerio de Justicia que deniega la petición de extradición que la jueza argentina María Servini había pedido contra los ministros franquistas Utrera Molina (por haber convalidado con su rúbrica la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich), y Martín Villa .
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha argumentado que los crímenes ya han prescrito, y la pena de muerte 'en los años setenta estaba prevista en el código penal de la época', y por tanto 'quien firmaba una pena de muerte no cometía un delito '.
Y a eso le llaman democracia.