La abogacía es otro ámbito en el que dejan huella los dinosaurios franquistas, ahora reclamados por la Justicia desde Argentina. Nunca se ha ocultado, por ejemplo, que Antonio de Troncoso de Castro se anuncia en la web abogadosmilitares.com como director-fundador y consejero de Troncoso y Reigada S.L. Ahí explica que es «coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, diplomado en Derecho Penal Militar, exfiscal del Tribunal Supremo, exvocal del Tribunal Marítimo Central, letrado de ACAL (Acción contra el Acoso Laboral) y especialista en Derecho Militar, de la Guardia Civil y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Antonio Troncoso de Castro, el militar que firmó las condenas de muerte del proceso de Burgos. Aunque han pasado ya 44 años de aquello, sigue en activo en actos como el de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios celebrada el pasado setiembre en Arbo (Pontevedra). Intervino en la conmemoración del segundo aniversario de la batalla de Mourentán, de la llamada «guerra de independencia» española contra los franceses. Una crónica del acto apunta que «hubo una misa de campaña para rezar por todos los caídos de las Fuerzas Armadas, tras lo cual se sirvió un rancho legionario y hubo una convivencia legionaria muy animada y distendida». Se apunta en la misma que Troncoso es legionario de honor con graduación de coronel.
Bastante más conectado con la rabiosa actualidad es el desempeño profesional de Carlos Rey, reclamado por Servini por haber firmado la condena de muerte del estudiante Salvador Puig Antich en 1974. Aquel Carlos Rey es ahora el abogado de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, en el turbio caso del espionaje de la agencia Método 3. Desde fuentes cercanas al PP ya se insiste en la torpeza de Sánchez Camacho al escoger tal letrado. Por tanto, más cerca aún tiene el Ejecutivo español a este reclamado por la Justicia.
En el Estado español pasan cosas tan peculiares como que un imputado por crímenes franquistas pertenezca a la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, definida a sí misma como «foro de encuentro de los saberes sociales, económicos, filosóficos, políticos y jurídicos», como es el caso Fernando Suárez González, acusado de convalidar las sentencias de muerte de setiembre de 1975.