Si se repasan los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas entre 2014 y parte de 2015 sobre diferentes organismos de la Junta de Andalucía, aparecen más de 1.400 millones de euros de agujeros contables inexplicados, además de innumerables irregularidades administrativas y de personal que indican que la gestión socialista en la Junta de Andalucía es muy deficiente.
Si se suman los millones detectados en el informe sobre conciliación de saldos de las agencias públicas, 779, a los 444 millones del informe sobre la agencia IDEA, los 60 millones de la Agencia de Medio Ambiente y los 131 millones del último informe sobre la venta de 70 edificios públicos a una entidad financiera americana, el total resultante asciende a 1.414 millones.
Las irregularidades se refieren a dilaciones en las ayudas a empresas, el manifiesto enchufismo en las agencias conocidas como "Administración Paralela", subidas de sueldos indiscriminadas a directivos de Fundaciones de la Junta, casas gratis para altos cargos y numerosos errores administrativos. De caos manifiesto califica el PP de Andalucía esta situación reflejada en los informes de la Cámara de Cuentas.
Pérdidas de 131 millones con la venta de 70 edificios
A lo largo de 2011 algunos gobiernos autonómicos, sobre todo Cataluña y Andalucía, necesitaban recaudar más dinero tras las limitaciones originadas por la crisis, el déficit y los intereses de sus deudas. Según anunciaron sus responsables, Cataluña y Andalucía querían recaudar cerca de 1.000 millones de euros antes de que comenzara 2012. Pero en Andalucía, la venta de inmuebles se sustanció en 2014 durante el gobierno de José Antonio Griñán.
Ahora, la Cámara de Cuentas de Andalucía acaba de certificar que la Junta perderá 131 millones de euros en la operación de "arrendamiento operativo" que perpetró en 2014 con la empresa Inversiones Holmes, SRL, filial española del grupo de inversión inmobiliaria WP Carey. Griñán decía perseguir la liquidez de la caja de la Junta de Andalucía, pero la Cámara de Cuentas pone el acento en el quebranto causado a las arcas públicas futuras de la Junta de Andalucía. Es la consecuencia de un inmediatismo político que no tiene en cuenta los intereses generales de los ciudadanos, especialmente los de las futuras generaciones. Una clásica operación para "salir del paso".
En la Orden de 17 de junio de 2014, la Junta acordó la enajenación directa y simultáneo arrendamiento de 70 inmuebles y se aprobaron todas las cláusulas de los contratos de compraventa y arrendamiento, se fijó el importe mínimo para su venta según tasaciones decididas por una sociedad contratada y la cuantía anual de los arrendamientos que la Junta haría de los mismos en los próximos 20 años. Inicialmente, se barajó la cifra de 676 millones por la venta, pero la cifra bajó sensiblemente durante las negociaciones.
Estos 70 inmuebles representaban aproximadamente la quinta parte de todo el patrimonio de edificios administrativos de la Junta, pero más de la tercera parte de su superficie total. Todos los inmuebles fueron considerados miembros de un único lote y el precio mínimo de venta fue de 325.525.827 euros siendo la renta anual única del primer arrendamiento acordado para todo el lote la cantidad de 23.603.083 millones de euros. Finalmente, la operación redujo la nueva tasación de los 70 inmuebles a 300.000.000 €, cifra inferior a las cantidades establecidas inicialmente.
Libertad Digital y otros medios ya subrayaron en 2014 que la operación tenía elementos suficientes para considerarse "ruinosa". La responsabilidad política y jurídica recaen en la Presidencia de la Junta de Andalucía y, especialmente, en la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas que desempeñaba ya entonces María Jesús Montero.
Extraña sociedad compradora
La Cámara de Cuentas hace hincapié en que el comprador era un "grupo empresarial" instrumento de la matriz, esto es, un departamento o estructura auxiliar de la multinacional propietaria. De hecho, Inversiones Holmes S.L. contaba con 3.000 € de capital social suscrito al momento de su constitución, efectuada durante la operación, y abonó 15 millones de euros de fianza. Inversiones Holmes S.L se creó el 18 de noviembre de 2014, un mes antes del fin de la operación, y W.P. Carey, la matriz, adquirió el 100% de su capital el día 28 de mismo mes y año.
El acuerdo de arrendamiento expira en 20 años lo que obligará a la Junta a diseñar estrategias de gasto para albergar sus servicios administrativos a partir de fin del contrato, lo que supondrá otro agujero a los supuestos beneficios obtenidos en cuanto a liquidez momentánea. Desde 2034, "la Junta de Andalucía no dispondrá de las sedes administrativas para la prestación de servicios, objeto de este informe, habida cuenta de que no cabe la prórroga de los contratos de arrendamiento.
Por tanto, deberán considerarse estrategias o planes para seguir prestando esos servicios." En ese año, la Junta habría pagado a los compradores una cantidad muy superior al precio de venta en concepto de alquileres, entre 400 y 500 millones de euros.
La Cámara de Cuentas concluye en el resumen de su informe que, si bien la operación fue legal y se consiguió el objetivo inmediato que se pretendía," al vender por 300 millones de euros, el VNA de los flujos de caja del periodo 2015- 2034 serían 377,41 M€, a una tasa de descuento del 3,89%, generándose una pérdida de 77,41 M€. Por tanto, los inmuebles debieron de venderse por 377,41 millones para compensar los flujos de caja estimados en el periodo de arrendamiento. Si se considera la pérdida del valor residual de los terrenos en términos de coste de oportunidad, estimada en 116,53 millones, la pérdida ascendería a 131,73 millones".
