España
es que les pasa de todo ...les toca la loteria y se enfadan entre ellos, imputan a media UGT de asturias y ahora esto del tabaco uffffff se nota que pedro no es secretario general....jj si ponen al amigo lopez lo que nos vamos a reir...van hacer bueno a mi paisano rubalcaba....saludos
Arranca el juicio contra excargos de una fundación afín a Unió por desviar fondos al partido
El fiscal constató «un injustificado beneficio económico» hacia la formación, que dejó de pagar el alquiler de cinco locales
El sindicato CSIF va a denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción el tráfico de influencias y la prevaricación que, presuntamente, está realizando la consejería de sanidad de la Comunidad Autónoma de Valencia que dirige Carmen Montón; una de las políticas que mas ha respaldado a Pedro Sánchez para que siguiera al frente del PSOE y que ha demostrado su radicalidad anticapitalista en varias ocasiones, oponiéndose a la participación de las empresas en la gestión pública sanitaria.
CSIF, el sindicato que representa los intereses de los funcionarios españoles, presentará una denuncia por los citados delitos contra el comisionado del Hospital de La Ribera, José Sanfeliu, por unas grabaciones en las que este alto cargo de la administración de Montón anticipa sus planes para el citado centro sanitario una vez que se produzca la reversión discrecional de la concesión que ha impulsado el “modelo Alzira” de colaboración público–privada.
En concreto, Sanfeliu admite sin tapujos que despedirá a 300 empleados y que creará una bolsa de trabajo “para meter a todos nuestros familiares y amigos”. Aunque el comisionado ha presentado su dimisión en CSIF consideran que no es suficiente y quieren que sea Anticorrupción quien tome cartas en el asunto e investigue la existencia de delitos.
CSIF también incluirá en la denuncia al número 3 de la sanidad valenciana, el subsecretario de sanidad regional, Ricardo Campos, que participó junto a Sanfeliu en el acto en el que el comisionado hizo gala de su nepotismo. Campos no sólo no se opuso a las palabras de su compañero, sino que calificó a las compañías de salud de ser “parásitos” que “viven de los impuestos de los ciudadanos”.
Despedir trabajadores para colocar a “familiares y amigos”
Además, Campos atacó duramente a los especialistas sanitarios que trabajan en el centro hospitalario, calificándoles de “tropa contratada a dedo” cuyo trabajo “no tiene la misma calidad que la de los compañeros y compañeras del sistema regional de salud”. Tras estos insultos, el subsecretario avanzó que los actuales trabajadores del hospital no tienen sus puestos garantizados porque deberán superar unas pruebas discrecionales impuestas por el departamento de Carmen Montón mediante un nuevo concurso que se realizará en los próximos meses.
Campos avanzó también el ardid legal que va a utilizar para poder sacar de sus puestos de trabajo a los profesionales sanitarios actuales: “Vamos a subrogar los contratos de los trabajadores y, luego, cuando se haga la plantilla (…) saldrá a concurso público”. Y en este proceso se penalizará a los empleados que provengan del sector privado contabilizándoles menos puntos en el concurso por cada año trabajado respecto a los trabajadores que hayan opositado.
“Yo lo siento mucho por los trabajadores, pero saben que los años trabajados se reconocerán a lo que dice la ley, pero no puntuarán exactamente igual que los que están trabajando en el sistema público de salud. En los hospitales de concesión administrativa el tiempo de trabajo no cuenta lo mismo que el tiempo trabajado en un hospital de estatutarios”, dijo el número tres de la Sanidad valenciana.
Sanidad
El subsecretario de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ricardo Campos.
Nombramiento a dedo de la hermana de Ricardo Campos
La denuncia de CSIF llega justo después de que el Hospital General de Valencia haya aprobado el nombramiento de la hermana del subsecretario de Montón, Cristina Campos, como jefa de sección en el servicio de Reumatología del centro sanitario. Ha sido designada sin oposición ni examen previo, lo que prueba la intención de colocar a familiares del equipo de la consejería, según denuncian funcionarios valencianos. La dirección del hospital indica que la hermana de Campos desempeñará su cargo tan sólo de forma interina y que la solicitud fue realizada antes de que el subsecretario tuviera cargo público.
Aunque los sindicatos han solicitado la dimisión de Campos, el número 3 de Carmen Montón sigue en su puesto. Este político licenciado en medicina y odontología mantiene un duro enfrentamiento con el sector empresarial valenciano y sus posiciones ideológicas son extremas, rozando el fanatismo. En 2009, cuando todavía no era subsecretario de sanidad en la comunidad valenciana publicó un artículo en su blog contra la Iglesia Católica en el que utilizó como ilustración un montaje fotográfico en el que acusaba a todos los sacerdotes de ser pederastas.
Trillo y el Ejército facilitaron a José Bono todos los papeles del Yak-42
Recibió una estantería con 6.000 folios cuando tomó posesión y no forzó ningún armario en el Estado Mayor de la Defensa
El exbanquero reclama que la UCO aporte al juez información detallada y «de manera inmediata» de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora a sus espaldas.
los casos de rato y sino al tiempo, se van a quedar en nada
Probablemente tengas toda la razón, pero el ex-
vicepresidente cree que la UCO ha realizado investigaciones «secretas» y «sin control judicial alguno»
algo de razon puede tener, pero no le quita la caradura que ha tenido, mas habiendo sido presidente del FMI y ministro del gobierno de españa, personalmente le he admirado durante años y mi decepcion ha sido grande y aunque se libre de la carcel, cosa que creo ocurrira para mi ha sido una decepcion quizas la mayor que he tenido de mis compañeros de partido.
saludos
Bárcenas asegura confiado que ha acreditado el origen legal de sus fondos en …http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/8105637/01/17/Barcenas-dice-que-ha-acreditado-el-origen-legal-de-sus-fondos-en-Suiza.html
El exmiembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP Alberto López Viejo se ha negado este miércoles a responder a las preguntas que quería realizarle la fiscal Anticorrupción Concepción Nicolás en relación con los ingresos que tanto él como su esposa Teresa Gabarra realizaron en un banco en Suiza.
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura del caso que investiga a la jefa de personal del PP, Milagros Puentes, por los delitos de falsedad documental y estafa procesal en relación con el despido del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
La fecha del juicio se fijará en las próximas semanas. Previsiblemente, la vista se celebrará entre septiembre y marzo. La Fiscalía pide para Neymar dos años de prisión y una multa de 10 millones de euros. Por su parte, la acusación de DIS reclama que sea condenado a cinco años de prisión y exige una sanción para el FC Barcelona de 195 millones de euros.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-01-26/neymar-video-declaracion-audiencia-nacional_1321773/
José Bono no aclaró a las familias por qué se destruyeron restos del Cougar
No contestó en su día a las cartas que le enviaron los familiares de los fallecidos preguntándole por la destrucción de pruebas
Acabamos de saber que España repitió en el 2016 su peor resultado histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI), situándose en el puesto 41 sobre 167 países, entre Costa Rica y Georgia. Recientemente, fruto de la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la propia TI ha visto la luz un ranking con el número de acusados y/o procesados, el de procedimientos judiciales y sentencias recaídas en casos de corrupción que afectan a políticos y funcionarios públicos: prevaricación urbanística y administrativa, cohecho, tráfico de influencias o despilfarro de recursos públicos. Los datos de este repositorio se extraen de los órganos judiciales y del Registro de Penados y del número de presos preventivos. Catalunya ostenta el dudoso honor de liderar la lista: entre el 1 de julio del 2015 y el 30 de septiembre del 2016 se juzgaron o procesaron aquí hasta 303 personas, duplicando a Madrid (147 personas) o Andalucía (153).
FALTA DE INDICADORES
Como la mayoría de actividades ilícitas, la corrupción es una práctica opaca y difícil de medir. Como había advirtido el Consejo de Europa, en el caso español estaba el problema añadido de la falta de indicadores oficiales sobre el fenómeno. Hasta ahora, los investigadores nos habíamos basado en las denuncias y requerimientos del ministerio público o de los jueces de instrucción. También en las encuestas a inversores nacionales y extranjeros, expertos o ciudadanos en general interrogados por su experiencia en el pago de sobornos a funcionarios o políticos (encuestas de victimización). Por su parte, los estudios de opinión (CIS, CEO o el índice de TI) ponen de relieve periódicamente el nivel de percepción subjetiva y el grado de preocupación ciudadana. En la actualidad hay una veintena de instrumentos de medición, globales o regionales, muchos de ellos muy sofisticados (UNDP o Global Integrity).
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Medir la corrupción
FRANCINA CORTÉS
Que últimamente haya más políticos presuntamente corruptos puede querer significar que la lacra se combate más, no que existen más casos
El hecho de disponer ahora de datos objetivos constituye un avance innegable. Ya ahora la explotación de los datos de las Memorias de la Fiscalía, teniendo en cuenta que a menudo anotan como delictivos hechos que posteriormente no lo son, nos permite dibujar un retrato-robot realista y desmitificador. Por ejemplo, sabemos que la corrupción más extendida se localiza en los municipios de costa, ligada a la discrecionalidad de los convenios urbanísticos, y que por cada 10 políticos corruptos solo hay un funcionario implicado de media. Poco que ver con el cliché que proyectan los casos de más notoriedad mediática.
UN RETO COMPLEJO
Este tipo de datos deben permitir encarar las reformas legales (contratación pública, urbanismo, etcétera), si bien no hay que sacralizarlas. Que Catalunya aparezca como la campeona de la corrupción puede querer decir que el volumen del sector público es mayor de acuerdo con la población, que hay más celo en denunciar, que el aparato policial y judicial es más diligente, etcétera La medición de la corrupción es, pues, un reto complejo. Como ilícito que es comporta clandestinidad y a menudo no hay víctimas o se descubren menos casos de los existentes. Tampoco estamos seguros de que estas mediciones cuantifiquen la calidad del sistema judicial, la voluntad política de combatir la corrupción o su nivel real. Por otra parte, la existencia de una causa abierta no implica que haya condena, ni siquiera procesamiento. La misma Fiscalía reconoció que es probable que un 10% de los casos lleguen a convertirse en acusaciones. No hay que olvidar que los que reportan casos de corrupción pueden ser opositores políticos del acusado con motivos para desacreditarlo.
VOLUNTAD DE COMBATIR
Sea como sea, España es, junto a Italia, el país en el que más ha aumentado el número de encuestados que consideran importante el problema. A ello ha contribuido el hecho de que se haya incrementado el contingente de políticos involucrados. Pero también puede significar que se está combatiendo más la corrupción, no necesariamente que hay más. Hay, pues, un problema de retraso en los efectos después de años de indulgencia social en tiempos de bonanza y exuberancia irracional. En efecto, los casos que han irrumpido en los últimos tiempos provienen de los años en que la percepción era más optimista y los expertos estimaban que se estaba en la buena dirección. es decir, el estallido de nuevos casos es la expresión de una voluntad inequívoca y positiva de lucha contra el problema --demostrable, entre muchos otros factores, por la potenciación de la Fiscalía Anticorrupción, las unidades policiales especializadas o la creación de la Oficina Antifrau--. Finalmente, la mayoría de los casos están estrechamente vinculados al boom de la construcción, felizmente periclitado en el 2007. Felicitémonos, pues.
Joan Ridao
Girona, 26 ene (EFE).- Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) falló en febrero 1993 que los Agentes Rurales, "cuando estén en acto de servicio, llevarán obligatoriamente el arma que corresponda", y resolvió así un conflicto de competencias vinculado con el reglamento de este cuerpo y denunciado por el Gobierno.