La corrupción (esa España mia, esa España nuestra)

«Si roba un político se le abuchea, pero si es un futbolista la gente calla»

Si los corrutos del PP volaran......Nunca veríamos el sol.

zpedo que no son corruptos mas que de ellos mismos ni del pp ni del psoe ni de ningun partido son corruptos nada mas....y siempre los ha habido pero desde hace unos pocos años se han tomado medidas para que acaben en la carcel ....saludos170

Que medidas han tomado?
Los de los ERES y formación ....donde están?
Los pujoles.....les tocan los congojos.
Los de los sobres del PP que se han puesto morados.
Todos siguen chupando y descojonándose del pueblo.
¡ Venga ya ¡
Eso si saquear a los currantes y a los pensionistas.....para eso si que toman medidas.
Pandilla de chorizos...170.

pues un monton solo hay que ver las detenciones de estos ultimos años saludos170

Lo que caracteriza la corrupción de estos últimos años y quedará en los anales es:
"Luis sé fuerte, hacemos lo que podemos" Ése que se cree un nuevo elegido por la G. de Dios.

Son yonquis del dinero

ANDALUCÍA / ERE
El «caso UGT» cumple tres años al ralentí tras el apartamiento de Alaya
El magistrado Juan Jesús García Vélez abrió el 22 de agosto de 2013 las primeras diligencias de una causa que volvió a su juzgado en 2014. A partir de ese momento el diapasón bajó: la instrucción debe acabar a mediados de 2017.

¿La justicia funciona?, ¿en qué quedamos?

El clan Pujol vela armas....La familia unida...¿jamás será vencida?. Los Pujol preparan una ofensiva jurídica para tratar de anular las causas que se instruyen en la Audiencia Nacional contra sus nueve integrantes. El clan quiere demostrar que la Policía obtuvo de forma ilegal el pantallazo que revela que habían ocultado durante años 3'4 millones de euros.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-08-25/pujol-ofensiva-anular-causas-supuestas-presiones_1250965/

El concejal de Ciudadanos de Jerez de la Frontera (Cádiz), Mario Fernando Rosado, ha negado tajantemente los hechos de malos tratos hacia su pareja que se le imputan a resultas del incidente acaecido en la madrugada de este miércoles entre las calles Esperanza y Sendeja de Bilbao. No sólo los niega, sino que su versión, y la de su pareja, difieren sustancialmente de una noticia que destapó el alcalde de Bilbao mediante un comunicado, en el que apuntaba que se había detenido "a un edil de un pueblo del Estado por agredir a su pareja".Rosado llegará este jueves a Jerez, donde emitirá un comunicado. Sin embargo, ELMUNDO.es ha podido hablar con su hermano. "Sufre una fractura del tabique nasal y llegó a perder el conocimiento en la calle, a resultas de la agresión que sufrió impidiendo que le atracaran", subraya. Al final, "le robaron la cartera" y no recuperó el conocimiento hasta por la tarde, ya en el hospital, por lo que no pudo identificar a su agresor. Al parecer su pareja sí ha indicado qué persona fue, ya que fue una de las que la Policía Municipal de Bilbao identificó como uno de los testigos de las presuntas agresiones sufridas por su novia. "Es más, es que la excusa para tapar el atraco fue que estaba impidiendo un caso de malos tratos", enfatiza su hermano. Al llegar la policía, los agresores, según los familiares, "para zafarse de los hechos", informaron sobre una supuesta agresión de Rosado a su pareja, por lo que la policía actuó en consecuencia, pese a que la pareja del edil de Ciudadanos "informó varias veces a los agentes que no le había puesto la mano encima y que habían sido víctimas de un robo, sin que tomaran en cuenta sus palabras". Su pareja ha declarado en tres ocasiones negando los hechos, y el juez de Violencia de Género "ni siquiera ha decretado medidas cautelares". El único parte de lesiones que existe es el de Mario Rosado, que sufre, entre otras, policontusiones faciales y fractura del tabique nasal. Este jueves procederá a denunciar en Bilbao, antes de regresar a Jerez, a su agresor.Mario Fernando Rosado es, además de concejal de Ciudadanos en Jerez de la Frontera, abogado de profesión y está en turno de oficio de Violencia de Género.Ciudadanos esperará el dictamen judicial En medio de las negociaciones con el PP para un acuerdo de investidura, y en pleno debate sobre las responsabilidades que deben asumir los cargos públicos, Ciudadanos se ha visto inmerso en una delicada polémica: un caso de supuesta agresión que implica a un concejal de este partido en Jerez de la Frontera. Desde la dirección nacional trataron de ponerse en contacto con Mario Fernando Rosado a última hora del miércoles, pero resultó imposible, debido a las versiones contradictorias sobre lo sucedido. Ante esta circunstancia, el partido de Albert Rivera ha decidido no tomar ninguna decisión "a la espera de que la Justicia esclarezca lo ocurrido". Una versión califica el incidente como malos tratos hacia su pareja -descrita en un comunicado por el Ayuntamiento de Bilbao-, versión que niegan los implicados, que aluden a que fueron objeto de una agresión en un intento de robo.Desde la dirección de Ciudadanos se mantiene a la espera del dictamen de la Justicia. "Si ha habido agresión será expulsado inmediatamente del Partido. En Ciudadanos no hay cabida para personas con ese tipo de conductas", señalan desde la dirección del partido.

¿Impidió que le atracaran o le robaron la cartera? Algunos son muy torpes mintiendo.

La guerra abierta entre la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, y su Policía Local se ha recrudecido este verano. Con la negociación por la mejora de las condiciones laborales como telón de fondo, el Gobierno de la también líder del PSOE-M ha abierto hasta veinte expedientes sancionadores contra los agentes por la huelga encubierta que emprendieron a finales del año pasado. No solo eso, también ha iniciado una investigación interna para identificar a quién filtró que utilizara el coche oficial; unas diligencias que los agentes califican como «caza de brujas».

La tensión entre Hernández y los policías explotó en diciembre de 2015. Con la negociación enquistada y sin visos de mejora, los agentes del turno de noche llevaron a cabo una de huelga celo. Como publicó ABC, se comenzaron a sancionar estacionamientos irregulares que tradicionalmente se habían consentidos, con un incremento exponencial de las multas. Según el sindicato CSIT, «ninguna de las sanciones impuestas fue ilegal».

Expediente sobre la apertura de una investigación interna en la Policía Local de Getafe- ABC
Los vecinos de algunos barrios de la localidad, como el Sector 3, Juan de la Cierva o Las Margaritas, llegaron a encontrarse con dos o tres multas cada semana, con un importe de 90 euros cada una. El Ayuntamiento no reaccionó a las quejas de los afectados hasta el 17 de diciembre, a las puertas de las generales del 20-D. El Gobierno de Hernández, afín a Pedro Sánchez y candidata de Ferraz para las pasadas elecciones a la secretaría general del PSOE en Madrid, aseguró entonces que «no iba a ceder» a las presiones de los agentes, a los que tildó de «insolidarios». Como medida disuasoria, incluso retiró durante meses los boletines de denuncia, con el perjuicio que conlleva para la actuación policial.

Según explican a este periódico varios policías locales del turno de noche, entre sus peticiones está una subida salarial prometida por la alcaldesa cuando estaba en la oposición, aplicar la legislación que señala que no se puede estar más de cinco años en este turno y que se igualen sus derechos laborales con los del resto de agentes del Cuerpo.

Si bien las relaciones parecían haberse calmado, los afectados se han encontrado con una oleada de veinte expedientes sancionadores desde junio hasta la actualidad. En los escritos, a los que ha tenido acceso ABC, se abren diligencias por un «incremento desproporcionado de denuncias en materias de tráfico», considerado como una falta «muy grave», que supone una suspensión de empleo y sueldo de tres meses a seis años.

«Golpe autoritario»
Fuentes de la Policía Local aseguran que cunde una «gran preocupación». Consideran que la alcaldesa, que fue edil de Seguridad Ciudadana en el gobierno de Pedro Castro, actúa con «poca profesionalidad y consideración». Desde CSIT acusan a Hernández de emprender una «caza de brujas» contra sus policías y «dar un golpe propio de un gobierno autoritario». A su juicio, estos expedientes «no tienen mucho recorrido» y se reservan acudir a los tribunales por presunta prevaricación.

Pero la persecución no acaba ahí. El pasado 13 de junio abrió una investigación interna para dirimir la filtración «de un parte interno realizado por una unidad de la Policía Local». Las diligencias se refieren a la utilización del coche oficial para una reunión con su concejal de urbanismo, Jorge Juan Rodríguez Conejo, en la Consejería de Medio Ambiente. Renunciar a este transporte y a los escoltas era una de sus promesas electorales, para lo que incluso firmó un código ético.

ABC
Pillada en el coche oficial

«Renunciaré al coche oficial y a los cuatro escoltas, la seguridad es un derecho de los ciudadanos y no un privilegio del alcalde», dijo Sara Hernández en abril de 2015, en un acto en Getafe sobre transparencia en la política. Solo un año después, incumplió su promesa y relegó a papel mojado el código ético que firmó como prueba de que no haría uso del vehículo. Incluso ha reconocido usarlo hasta en veinte ocasiones. Publicado su cambio de parecer, la alcaldesa abrió una investigación interna para identificar al filtrador de la información.

El expresidente del PP de Palma se desvincula de la trama de corrupción
Rodríguez ha declarado ante el juez en calidad de investigado por su presunta relación con este caso, que todavía sigue abierto

Los 39 acusados del caso Gürtel se sentarán a partir del 4 de octubre en el banquillo de la Audiencia Nacional.

El juicio contra la mayor red de corrupción vinculada al PP que ha marcado la política española reciente, se alargará varios meses y juzgará por primera vez al partido por beneficiarse de la trama.

Se espera que dure varios meses y se adentre en 2017, aunque por ahora tan solo hay fijadas 32 sesiones en octubre, noviembre y diciembre únicamente para las cuestiones previas y la declaración de los acusados.

Los 39 encausados, así como el PP como partícipe a título lucrativo, serán juzgados por la actividad de la trama en su primera época, de 1999 a 2005, por lo que este no será el único juicio en torno a la trama, sino que en un futuro habrá otro sobre la segunda época y varios más por cada una piezas separadas, como la caja B de Bárcenas (pendiente de fijar fecha).

Además del PP, la exministra de Sanidad Ana Mato también responderá como responsable civil a título lucrativo, en este caso por beneficiarse de los regalos que recibió de Gürtel su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, quien se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción pide 328.440 euros al PP por los beneficios obtenidos por Gürtel en los Ayuntamientos de Pozuelo de Alcorcón y Majadahonda, y a Mato otros 28.468 euros por lo que recibió su marido.

Correa y Pablo Crespo, principales encausados
Los principales acusados son el cerebro de la red, Francisco Correa, que se enfrenta a 125 años de prisión, y su número dos, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo (85 años y medio), pero no serán los encausados que atraigan más atención mediática.

También se sentarán en el banquillo tres extesoreros del PP: Luis Bárcenas (42 años y medio), Ángel Sanchís (8 años) y Álvaro Lapuerta (3 años), así como el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y 10 meses) y el exconsejero de Deportes del PP Alberto López Viejo (46 años).

Una vez declaren los acusados, le tocará el turno a los 300 testigos admitidos por la sala que juzgará el caso, entre ellos cuatro exministros: Francisco Álvarez Cascos (Fomento), Ángel Acebes (Interior), Rodrigo Rato (Economía) y Jaime Mayor Oreja (Interior). Testificará asimismo la expresidenta autonómica de Madrid Esperanza Aguirre.

Tres jueces
José Ricardo de Prada, Julio de Diego y Ángel Hurtado, serán los encargados de juzgar esta trama. A su izquierda, se sentarán las dos fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, así como los abogados de las acusaciones populares (PSOE y Adade) y de la Abogacía del Estado.

Hace ocho años, Sabadell empezó junto con Miriam Segura (que luego se ocupó de la vertiente valenciana) a investigar la trama corrupta bajo las órdenes del juez Baltasar Garzón, a quien luego relevó Pablo Ruz. Ahora se encarga de la instrucción el magistrado José de la Mata.

La presidencia del tribunal y la tarea de redactar la sentencia le corresponden a Hurtado, un juez de carácter conservador, al igual que De Diego, dos magistrados cuya ideología contrasta con la de su compañero De Prada, de tendencia progresista.

Escucharán las palabras de los acusados, testigos y peritos, que intentarán defender y rebatir las acusaciones de la Fiscalía por decenas de delitos como asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad, contra la Hacienda Pública, cohecho, malversación, apropiación indebida y, en el caso de Bárcenas y su mujer, estafa procesal por tratar de justificar sus cuentas en Suiza con facturas falsas de supuesta compra venta de cuadros.

Entramado societario
La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que desde 1994 a 2009 Correa se sirvió de un entramado societario constituido por empresas de organización de eventos y viajes, tanto para obtener contratos públicos vulnerando las normas de contratación, como para ocultar los pagos a funcionarios y sus propios gastos personales.

La red de influencias de Correa, que le permitió apropiarse de fondos públicos, se extendió a comunidades gobernados por el PP, concretamente Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León, además de los municipios de Madrid, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.