Cataluña 2017: El final del camino.

En el Gobierno no dejan ningún margen para la posibilidad de que Carles Puigdemont consiga ser investido telemáticamente como presidente de la Generalitat. Puigdemont se aferra al poder y quiere una investidura telemática, vía Skype o bien delegada, es decir, que otro diputado de su formación lea su discurso. En el PDeCAT no ven claro este planteamiento y ERC también está midiendo el escenario, después de que el primer resultado de la negociación abierta con Puigdemont, con Marta Rovira como interlocutora, se haya sustanciado en el acuerdo para que haya una mayoría independentista en la Mesa del Parlamento catalán. Al menos esto era lo conocido hasta ayer, ya que la negociación sigue abierta.  

Salga como salga, en el Gobierno son categóricos: «Puigdemont no va a ser nunca presidente a distancia. Eso no pasa en ningún lugar del mundo y es un escenario que no va a llegar a darse». La pregunta inmediata es cómo se frena si tiene el apoyo de una mayoría independentista dispuesta a hacer lo que sea para restituir al presidente cesado por el artículo 155 de la Constitución. Y ya hay precedentes en los que al final lo que parecía que no iba a ocurrir llegó a ocurrir, aunque los planes del Gobierno y sus hipótesis de trabajo fueran distintos. El independentismo trampeó y acabó consiguiendo urnas y celebrando un referéndum ilegal, por ejemplo.

Ahora, ante las pretensiones de Puigdemont de seguir «retorciendo» las instituciones y los procedimientos, Mariano Rajoy buscará pactar una respuesta conjunta con el PSOE y con Ciudadanos (Cs), de llegar a haber acuerdo entre JxSi y ERC para materializar la investidura telemática. En el Gobierno confían en que los republicanos no secundarán esta estrategia, y cuentan, además, con que los letrados de la Cámara autonómica se opondrán a la misma. En el caso de que sí hubiera acuerdo para avanzar por esa dirección, Rajoy prevé pactar con PSOE y Cs los pasos jurídicos para impugnarla. Las conversaciones entre los tres partidos en relación a Cataluña nunca se han interrumpido.

Y ya, como solución extrema, desde el Gobierno advierten de que el artículo 155 sigue estando ahí, y exige la vuelta a la normalidad y a la legalidad. Puigdemont como presidente, y ejecutando su programa de mantener la vía unilateral, justificaría plenamente reeditar el 155, aunque desde el Ejecutivo piden prudencia porque esperan no tener que llegar a ese supuesto.

Antes, cualquiera que sea la artimaña que utilice la Mesa del Parlament tendrá una respuesta inmediata de los Servicios Jurídicos del Estado. Según fuentes jurídicas, el posible escenario tras la constitución de la Mesa es doble. Por un lado, cabe la posibilidad de que, para agilizar la investidura de Puigdemont, no se recurra a una reforma exprés del Reglamento de la Cámara que habilite expresamente la investidura telemática del president o a través de un diputado interpuesto que se encargue de leer su discurso de investidura. En ese caso se optaría por hacer «una interpretación forzada» del Reglamento que el Gobierno impugnaría acogiéndose al artículo 161,2 de la Carta Magna, que le habilite para «impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas». La iniciativa acarrearía la suspensión de la resolución automática de la Mesa hasta que el Pleno, en un plazo no superior a cinco meses, se pronunciase sobre el fondo del asunto. Una investidura posterior de Puigdemont amparándose en esa disposición sería, por tanto, nula de pleno derecho.

Si, por contra, el frente independentista opta por una reforma exprés del Reglamento que dé vía libre a la investidura on line, la respuesta del Gobierno se articularía a través de un recurso de inconstitucionalidad, al tener rango de ley el artículo modificado del Reglamento. En este supuesto, la suspensión de la reforma legal sería también inmediata desde que se produzca la admisión a trámite del recurso. Las fuentes consultadas insisten en que la investidura del futuro presidente de la Generalitat «tiene que ser presencial».

El TC ya avaló el pasado noviembre la reforma exprés del Parlament que allanó en julio la tramitación de las leyes de desconexión. Pero lo hizo precisando que la aprobación en lectura única debe garantizar que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas. La Mesa, por tanto, ya sabe cuál es la línea roja que no puede sobrepasar.

Una tercera vía para frenar la investidura telemática a través de una reforma acelerada del Reglamento orillando a la oposición quedaría en manos de los grupos de los partidos constitucionalistas, que podrían recurrir en amparo ante el TC al considerar conculcado su derecho a la participación política que consagra el artículo 23 de la Carta Magna Algo que ya hizo el PSC de Miquel Iceta horas antes de la aprobación de la declaración de independencia por el Parlament el pasado 27 de octubre.