Alfonso Guerra pide aplicar ya el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y avisa que no se les frenará hablando de nación de naciones
El exvicepresidente del Gobierno y ex 'número dos' del PSOE Alfonso Guerra cree que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería explicar por qué no está aplicando ya el artículo 155 de la Constitución para frenar "los excesos de los secesionistas" en Cataluña. Si existe alguna razón, afirma Guerra, debería explicarla, "pues cada día se hace más difícil entender su parálisis ante la manifiesta rebeldía del nacionalismo catalán contra las leyes".
Así se expresa el veterano socialista en un artículo en la revista Tiempo, recogido por Europa Press, en el que también advierte de que no se podrán "calmar las ansias secesionistas aceptando ese extraño ser artificial 'España, nación de naciones".
Alfonso Guerra defiende que "nadie contesta" a "cuántas naciones" hay en España
Guerra rebate ese concepto, recientemente adoptado por el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, preguntándose "de cuántas naciones". "Nadie contesta", lamenta. A su modo de ver, la respuesta de los nacionalistas es "una solemne bobería": Si "nación es cuando lo dicen los pobladores", se pregunta, ¿pasarán a serlo los cartageneros si así lo deciden?.
En su texto, titulado El momento de actuar, Guerra sostiene que ya se están dando las condiciones para aplicar el artículo 155 de la Constitución: que una comunidad no cumpla las obligaciones que le imponen la Constitución y las leyes, puesto que la Generalitat ha desobedecido sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o que atente gravemente contra los intereses de España.
En su opinión, este segundo supuesto también se ha dado, con los contactos internacionales para lograr apoyos de Gobiernos e instituciones supranacionales a su referéndum y, como "guinda del pastel", calificar a España de "estado autoritario". "Resulta patético contemplar a ese grupo de políticos enredados en la tela de araña de la corrupción, buscando desesperadamente librarse de la Justicia española por un procedimiento insólito, desconectando a Cataluña de España para librarse de la prisión", argumenta.
El artículo 155 de la Carta Magna permite al Gobierno "adoptar las medidas necesarias para obligar" a una comunidad autónoma al "cumplimiento forzoso" de sus obligaciones legales o a proteger el interés general de España y para ello puede "dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas".
"Resulta patético contemplar a ese grupo de políticos desconectando a Cataluña de España para librarse de la prisión"
Guerra recuerda a los "atemorizados" que son reacios a aplicarlo que ese artículo fue votado favorablemente por los nacionalistas cuando se redactó la Constitución. Y deja claro que no le vale la excusa de evitar un "choque de trenes" porque cree que "sólo hay un tren desbocado, con pilotos alocados" y enfrente "un Gobierno paralizado".
Es más, denuncia que los independentistas han llegado ahora "al descaro de los más ladinos delincuentes", haciéndolo todo "mediante órdenes verbales para que no queden en los escritos las pruebas del delito".
"EL ÚNICO FRANQUISMO QUE QUEDA ES EL DE LOS NACIONALISTAS"
Guerra acusa a los independentistas de estar dando "un golpe de Estado" mientras hablan de democracia, cuando en realidad, advierte, "el único franquismo que queda en España lo representan los dirigentes nacionalistas".
De hecho, después de que el grupo radical Resisteix Lleida haya colocado carteles tachando de "enemigos de Cataluña" a dirigentes como Inés Arrimadas (Cs), Xavier García Albiol (PP), Miquel Iceta (PSC) y Lluís Rabell (Sí Que Es Pot), el ex vicepresidente ha avisado de que "las patrullas nazis hacían lo mismo en la década de los años 30 del pasado siglo".
serra que no te enteras que yo no te digo como debes llamar a la gente eso perdona que te diga que va con la educacion....yo te he dicho (y copio y pego)
Por cierto yo no soy unionista ni defiendo a los que llamas unionista yo soy español y cumplo la ley y defiendo la libertad, la soberania y la democracia....saludos compatriota
saludos compatriota y tomate una tila que te veo enfadado con la marcha del processsss desinflado como un sufle...jjj
Malestar en altos cargos del Govern porque no se les informa sobre el referéndum
El Ejecutivo catalán aplaza hasta el 4 de julio las explicaciones sobre la base legal del 1-O
Algunos 'consellers' temen las acciones penales del Estado y ven "populista" la estrategia
JULIO CARBO
Apenas 24 horas después de que trascendieran las discrepancias entre el PDECat y ERC sobre la cobertura legal del
referéndum unilateral del 1 de octubre, el Govern de Junts pel Sí ha anunciado este jueves otra fecha señalada en el cuentagotas del 'procés', el
4 de julio, en la que asegura que dará respuesta a los interrogantes que se acumulan sobre la base jurídica y las garantías que tendrá una consulta fuera de la legalidad española.
Garanties.cat es precisamente el nombre de la página web que el día 4 se activará para contener toda la información relativa al proceso de votación. Será el mismo día que
el Ejecutivo catalán celebrará un gran acto para dar cuenta de estas "garantías". Y a partir de entonces, Junts pel Sí organizará hasta 200 actos de pequeño formato en otras tantas ciudades catalanas para difundir la información y resolver dudas.
LA DISYUNTIVA
El nombre de la web no es inocente, sino que entronca con la condición más importante que han fijado los 'comuns' para avalar el 1-O: exigir que la cita con las urnas tenga "garantías", esto es, un sostén jurídico-legal e internacional que la legitime. Pero mientras llega el 4 de julio --se habló del 30 de junio para ese gran acto, pero el Govern ha decidido posponerlo--, en la Generalitat reina el mutismo, ante las
posiciones enfrentadas que mantienen el PDECat y ERC respecto a la hoja de ruta a seguir.
La disyuntiva radica en si aprobar una única norma que regule el referéndum y aplazar la
ley de transitoriedad jurídica hasta después del 1-O, o bien aprobar ambos textos a la vez. Este segundo camino representa una especie de
declaración unilateral de independencia, es decir, supone un desafío mucho mayor al Estado. En este dilema se debaten los protagonistas del
sanedrín del Govern, un núcleo duro casi impermeable que incorpora a 'president', vicepresidente, dirigentes de ambos partidos y de las entidades soberanistas y otros 'notables', como
Artur Mas,
Francesc Homs,
Xavier Vendrell (ERC) y
Oriol Solé, exjefe de campaña de Junts pel Sí.
DESCONFIANZA CRECIENTE
Quedan fuera de este sanedrín ‘consellers’ y altos cargos del Ejecutivo, algunos de los cuales no esconden su desconfianza respecto a la estrategia que se está siguiendo, por lo que puede representar para ellos en cuanto a la
actuación punitiva del Estado. El clima está enrarecido. Valga como muestra la opinión de un miembro del Govern que relata que las relaciones "se han deterioriado mucho" en el seno del Gabinete, al tiempo que censura la
base "populista" de los preparativos: "El rol institucional se va haciendo pequeño en beneficio de los líderes iluminados, en un proceso revolucionario de base populista".
El ambiente es también de mucha prevención por parte de algunos
altos cargos, que en privado advierten de que no están dispuestos a sacrificar su carrera profesional y familiar por unas decisiones que les puedan acarrear penas de cárcel o de multa económica si se les imputa el delito de
prevaricación. En este sentido, no es descartable que se produzcan deserciones internas durante unos preparativos que se siguen cocinando de forma opaca en el
Palau de la Generalitat, lo que acentúa los recelos. "Cuatro, cinco o diez toman decisiones que tienen que ejecutar otros", lamenta un alto cargo.
LAS INCÓGNITAS
El 4 de julio, el Govern deberá explicar, por ejemplo, cómo puede hablar de un referéndum con la misma base legal que unas
elecciones ordinarias. ¿Cómo se conseguirá que juristas integren las juntas electorales? ¿De qué modo se accederá al censo y se enviará a todos los catalanes una tarjeta censal a su domicilio? ¿Qué garantías existen de que se pueda expresar el
voto exterior cuando las 'conselleries' de
Governació y Exteriors se responsabilizan mutuamente de no tener preparado el registro de catalanes en el extranjero?
Un cargo del Ejecutivo añade una duda más: “¿Cómo se puede dar garantías de
neutralidad si la preparación, verificación, convocatoria y recuento del referéndum corre a cargo de independentistas?”.
El siguiente paso de la escalada de enfrentamiento con el Estado --los más escépticos del Govern creen que se persigue solo una reacción drástica del Gobierno del PP para justificar posteriores acciones desde Catalunya-- puede ser la efectiva
compra de las urnas, pese al
aviso de la fiscalía sobre la 'consellera' de Governació y su exnúmero dos, hoy director del gabinete jurídico del Govern. Veremos.
El Ayuntamiento de Barcelona dirigido por
Ada Colau y con el PSC en el equipo de gobierno pedirá un informe al secretario del ayuntamiento para dilucidar su postura ante la convocatoria de referéndum del presidente catalán, Carles Puigdemont. Según ha podido saber LA RAZÓN, el consistorio barcelonés no moverá pieza en favor de la consulta ilegal sin un informe del Secretario que garantice que la convocatoria «es legal, vinculante y que tiene todas las garantías legales y democráticas».
El Gobierno catalán quiere seguir atizando las ascuas del referéndum independentista del próximo 1 de octubre. El día de la Independencia de los EEUU, el 4 de julio, tienen la intención de poner en marcha una campaña en la que se darán todos los detalles de la consulta ilegal con el objetivo de «blindarla». En este acto, intervendrán Carlaes Puigdemont y
Oriol Junqueras, además de los diputados que han estado elaborando las leyes que simularán dar «cobertura legal» al referéndum. Estos detalles se darán a conocer en un acto que llevará por título Garanties.cat y será el pistoletazo de salida para más de 200 actos por toda la geografía catalana para tratar de insuflar confianza ante las múltiples dudas que se están generando en los alcaldes y los funcionarios de los ayuntamientos. Garanties.cat se convertirá en una página web en la que se podrán conocer todo tipo de datos y los aspectos organizativos.
No es de extrañar que el Gobierno catalán impulse esta campaña porque las dudas afectan a los funcionarios, que exigen órdenes por escrito, y también a los alcaldes que ven peligrar sus candidaturas en las próximas municipales si son inhabilitados. Por eso, la batalla propagandística se está centrando en los ayuntamientos.
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De momento, la mayoría de los alcaldes socialistas han dejado clara su voluntad de no participar en un referéndum que «se sitúa fuera del marco legal vigente», en palabras de Núria Parlon, responsable de Cohesión Social en la nueva ejecutiva de
Pedro Sánchez porque «es un referéndum para la autodeterminación asociado a la independencia y no es pactado con el Estado». En esta línea se sitúan la mayoría de los consistorios socialistas como Lérida, Tarragona, Cornellà, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramanet, L’Hospitalet de Llobregat, Viladecans, Gavà, Sant Adrià del Besós, Pineda, Sant Andreu de la Barca y una larga lista, que aglutina a una buena parte de la población catalana.
En esta lista existen dudas en ayuntamientos socialistas como Tarrasa –donde el PSC tiene la alcaldía apoyada por el PDeCAT– y Gerona –donde el PSC forma parte de un equipo de gobierno liderado por el PDeCAT– y también incertezas en otros municipios que se han situado en la ambigüedad, tales como Castelldefels y Granollers, donde impera el silencio. Muchos de estos ayuntamientos pedirán un informe al secretario municipal. «Ya se lo hemos pedido y nos ha expresado que Santa Coloma, con sus funcionarios, no puede incumplir la ley vigente», dijo ayer Parlon, que también es alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet.
En este escenario, todas las miradas se dirigen a Barcelona, donde gobierna
Ada Colau, que no regresará de su baja por maternidad hasta comienzos de septiembre. Según ha podido saber LA RAZÓN, Barcelona también pedirá el informe preceptivo al secretario para garantizar que el referéndum convocado es «legal, vinculante y tiene todas las garantías».
Cabe recordar que el Gobierno municipal está formado por Barcelona en Comú y el PSC. Ambos grupos piensan que el «secretario cumplirá con la legislación para proteger a los funcionarios porque la convocatoria anunciada no es ni legal, ni vinculante ni tiene garantías». Además, se argumenta que un consistorio no puede movilizar ni recursos ni trabajadores en una consulta electoral si no cuenta con «la comunicación de la Junta Electoral», y ese requerimiento «no llegará nunca porque el referéndum del 1 de octubre no es legal».
El Gobierno catalán trata de suplir la falta de funcionarios con la formación de 4.000 agentes electorales que les reemplazaran en las funciones, pero «si no hay funcionarios no hay ni garantías ni legalidad», apuntan desde el consistorio barcelonés. A este maremágnum de declaraciones e interpretaciones, se ha sumado la senadora de Podemos en Tarragona, Celia Cánovas, que ha exigido por burofax a la dirección del partido la convocatoria de una Asamblea Ciudadana para tomar posición ante un referéndum ilegal e unilateral. No son buenas noticias para el Govern de Carles Puigdemont.
si la junta electoral es el organo que comunica a las administraciones, los recursos necesarios para la celebracion de un referendum ....como ve hacer el amigo puigdemont cuanto esa junta esta formada por...
Las Juntas Electorales de Zona
Las Juntas Electorales de Zona están compuestas por:
Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia o Instrucción designados mediante insaculación por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Cuando no hubiere en el partido de que se trate el número suficiente de Jueces, se designará por insaculación a Jueces de Paz del mismo partido judicial.
Dos Vocales designados por la Junta Electoral Provincial, entre licenciados en Derecho o en Ciencias Políticas y en Sociología residentes en el partido judicial.
El Secretario de la Junta Electoral de Zona es el Secretario del Juzgado de Primera Instancia correspondiente y, si hubiera varios, el del Juzgado Decano.
Los Secretarios de los Ayuntamientos son Delegados de las Juntas Electorales de Zona y actúan bajo la estricta dependencia de las mismas.
Las Juntas Electorales Provinciales se constituyen inicialmente con los Vocales judiciales el tercer día siguiente a la convocatoria de elecciones. Estos eligen, de entre ellos, al Presidente de la Junta.
La designación de los Vocales no judiciales tendrá lugar una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los representantes de las candidaturas presentadas en el distrito propondrán conjuntamente las personas que hayan de desempeñar estos cargos.
Su mandato concluye cien días después de las elecciones. Si durante este período se convocasen otras elecciones, la competencia de las Juntas se entenderá prorrogada hasta cien días después de la celebración de aquéllas.
#802
Re: Cataluña 2017: El final del camino.
Estaba leyendo la frialdad cómo ha recibido la UE las primeras propuestas de UK. Los problemas de May dentro y fuera de su país. El descrédito que se está ganando el que antes fue todo un modelo de país occidental..... Después me he dado un paseo por ara y he visto el enésimo artículo en defensa y construcción de los países catalanes.....
Reflexión: No es cuestión de supuestos derechos y deseos. Hay que actuar con cabeza y saber que vivimos en el siglo XXI.
Ni los británicos van a recuperar su antiguo esplendor imperial, ni Castilla va a volver ser potencia mundial. Estás absurdeces pertenecen al imaginario de un adolescente lleno de granos que tiene los sesos fritos de tanta novela, series de TV y relatos románticos de supuestas Arcadias y Jaujas.
Y lo peor es que estos proyectos románticos se basan en el menosprecio o directamente odio hacia los demás. Cómo es natural: Yo soy muy bueno, tú muy malo y por eso no quiero estar contigo. Soy mejor que tú y tu mera presencia me incomoda.
La capital de la «terra ferma», donde gobierna el PSC gracias a un pacto con Cs, ha sido la primera en rechazar claramente el referéndum
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Fachada del Ayuntamiento de Lérida, con el despacho de ERC a la izquierda - INÉS BAUCELLSDANIEL TERCERO Lérida - Actualizado: Guardado en:
Actualidad Política
«La ciudad está muy tranquila, la convivencia política es perfecta».
Àngel Ros es alcalde de Lérida desde hace catorce años y atiende a ABC, en su despacho del ayuntamiento, 72 horas después de rechazar, en el último pleno,
ceder espacios municipales para el referéndum ilegal anunciado para el próximo 1 de octubre por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
Lérida es la
séptima ciudad de Cataluña (138.000 habitantes) y la más poblada fuera de la influencia directa de Barcelona. Pero sobre todo es, desde el pasado martes, la primera que rechaza explícitamente cualquier consulta secesionista al margen de la ley. Con Tarragona, la capital de la «terra ferma» se resiste a caer en manos de partidos independentistas, alejándose así de Gerona —de la que Carles Puigdemont fue alcalde— y sin comparación posible con Barcelona.
«Lérida no ha tenido
nunca mayoría independentista», recuerda Ros, quien no parece tener dificultades para regir la ciudad pese a contar solo con ocho de los 27 concejales. Es alcalde
gracias a su pacto con Cs (cuatro ediles) y no duda en formar un tripartito circunstancial y constitucional con el PP (dos ediles). Algo atípico en Cataluña. El resto lo forman PDECat (seis), ERC (tres), la CUP (dos) y Comú (dos).
Pocas «esteladas»
También es poco habitual que
en una población del interior de Cataluña las «esteladas» brillen por su mínima presencia en los balcones, y que las tres banderas (la del municipio, la de la región y la del país) ondeen en los edificios oficiales, como marca la legislación. Tampoco forman parte del paisaje los grafitis y los carteles de grupos secesionistas. «La provincia de Lérida es dual, la
ciudad es abierta y no nacionalista; pero los pueblos son de mayoría independentista, y no es fácil ser del PP ahí», confiesa Dolors López, líder de los populares en la ciudad.
Así es, Lérida no es Tárrega, Balaguer o Cervera, por poner tres ejemplos, en los que la voz municipal del PP es mínima, la del PSC es apenas testimonial y la de Cs es inexistente. Pareciera, sin embargo, que
los grupos independentistas estuvieran interesados en «conquistar» la capital. ¿De qué manera? Intimidando a los líderes o a los cargos públicos de las tres formaciones y atacando sus sedes.
«En
Lérida no hay más de 20 ultras que son muy radicales», cuenta Ángeles Ribes, responsable de Cs en Lérida y culpable del pacto de investidura con el PSC cuyo resultado es el mejor trofeo del partido naranja en toda Cataluña. Ros y López comparten la reflexión, que a lo sumo elevan hasta una treintena de ultras,
si bien reducen a cuatro o cinco los que son reiterativos en sus ataques. «Los conocemos a todos», añade López. Ribes excluye de la convivencia «perfecta» las campañas electorales. Son momentos de máxima tensión.
«No todos estamos en las mismas condiciones a la hora de poner carpas», denuncia López. «Pero si la ciudadanía no estuviera a favor del bilingüismo y de que el consistorio cumpla la legalidad no nos votarían», puntualiza la líder de Cs, antes de responder cordialmente al saludo de Pau Juvillà, edil de la CUP, en la plaza de San Juan.
Lérida
tiene una tasa de paro del 11,6%, está 3,1 puntos por debajo de la tasa de Barcelona y a casi cuatro de la media catalana. El alcalde recuerda que, además, gestiona una ciudad con una tasa de inmigración de alrededor del 20%, unos cinco puntos más que la media de Cataluña.
«La gente está interesada por su día a día, por el trabajo, por la calidad de la enseñanza de sus hijos, por la buena salud de su familia», incide López, que, sin embargo,
no esconde una preocupación política: «Hay gente que tiene miedo a lo que pueda suceder el 1 de octubre, y nos lo dicen en privado».
Es normal, el pulso propuesto por la Generalitat es de alto voltaje y, como en el resto de Cataluña, se escucha más a los que piden romper España que a los que apuestan por la concordia, pese a que los números del consistorio muestran que los segundos son mayoría.
«La base social en Lérida
está cada vez más con los partidos constitucionalistas, pero mediáticamente los secesionistas siguen apareciendo como mayoritarios», explica Ribes. Ros expone a su manera lo que es Lérida en estos temas: «Tras la votación del martes, tres ciudadanos me felicitaron, y otros tres me lo reprocharon. Los independentistas no son mis enemigos. En democracia, se pueden defender las ideas con tranquilidad. Hay que confrontalas».
«No se les ve mucho»
A simple vista,
parece que estos debates no se viven con intensidad en la calle. Ramón, jubilado, explica que a él lo que le importa es el buen estado del pavimento y «las baldosas sueltas que nos dificultan caminar sin miedo». Jordi, educador social, sí se moja, pero con cierto agotamiento: «Me gustaría que nos dejaran votar y que nos escuchen». La joven que regenta una heladería no da su nombre,
no se mete en política, pero sí quiere dejar claro que, en su opinión, los políticos hacen poco por la ciudad: «No se les ve mucho por la calle». Con estos mimbres, la propuesta de plurinacionalidad del nuevo PSOE lo va a tener difícil para que cuaje.
La prueba inequívoca, sin embargo, de que la reivindicación secesionista en Lérida adquiere tintes poco autóctonos y alejados de la población es que, hace un mes, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lérida (FAVL) tuvo que decirle que no a los responsables del Pacte Nacional pel Referèndum. La dirección sondeó por mail a sus 40 entidades para valorar una posible adhesión y la respuesta fue demoledora. Solo cuatro asociaciones votaron a favor. Otras cuatro dijeron que ni hablar. Y el resto, 32, ni respondieron.
No parece pues que al alcalde Ros le haya dado un golpe de calor (pese a los más de 40 grados que soportan los ilerdenses estos días), que es como, despectivamente, le ha despachado el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, por defender que la Paeria cumplirá la ley el 1 de octubre.
La sensación, más bien,
es que el alcalde Ros (físico de formación y excelente conversador) conoce a la perfección a sus conciudadanos. No en vano, el nombre de la Paeria (título que solo ostentan las ciudades de Lérida y Cervera, gracias al rey Jaime I), procede del original «la casa del jefe de los hombres de paz».
En este conocer a los suyos se enmarca su petición para que la selección de fútbol acuda próximamente a la ciudad a jugar un partido. La solicitud se aprobó
en el mismo pleno del martes, a petición de Cs, y gracias a los votos del tripartito constitucionalista. Desde 2004, España no juega en Cataluña, a pesar de haber disputado 43 partidos dentro de la frontera.
Para Ribes, que la selección de fútbol dispute en Lérida un partido no es solo una cuestión política. «Es
una promoción mundial a nivel turístico, sitúa a la ciudad en el mapa de mucha gente y es un beneficio económico al que no podemos renunciar», añade.
Lérida se reivindica frente al poder político centralizado en Barcelona y encabeza, sin proponérselo, una incipiente rebelión de ciudades que dirán «no» a colaborar con la Generalitat en su pulso al Gobierno y la aplicación de la legalidad.
La plana de Lérida es seca y árida y sus habitantes están a caballo entre Barcelona y Zaragoza, con Huesca y Tarragona en la cercanía. El objetivo más importante que Ros se trae entre manos es conseguir que la Seu Vella sea Patrimonio de la Humanidad. Desde el cerro en que está fija se divisa toda la ciudad y ahí sigue desde el siglo XIII.
«Capital de Cataluña»
No es ninguna broma.
Si hay muchas Cataluñas, una es Lérida. En cada pleno, el tapiz que se sitúa detrás del «jefe de los hombres de paz» recuerda a todos los asistentes —y a los que quieran darse por enterados— que «Barcelona es capital de Cataluña en el mar, y en la tierra firme (lo es) Lérida». Así lo dejó escrito Ramón Muntaner.
La
respuesta pausada y democrática a las intenciones de la Generalitat no ha hecho más que empezar. A Lérida le seguirán otros. La alcadesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlon (PSC), recordó que el secretario del consistorio advirtió de que el 1 de octubre no podrán actuar contra la ley. Por su parte, Antoni Balmon (PSC), alcalde de Cornellá de Llobregat, irónico, responde así cuando se le pide su opinión sobre la propuesta de Puigdemont: «¿Referéndum? No sé de que me habla».
