El 30 de enero el Gobierno fue advertido por la OMS de lo que llegaba y el Ministerio de Sanidad tenía la obligación legal de tomar medidas para toda España, por encima de las competencias autonómicas. El 23 de febrero el gobierno italiano decretó el confinamiento de pueblos, cierres de colegios e incluso canceló el histórico Carnaval de Venecia. El 8 de marzo cerró Lombardía y otras provincias, total 16 millones de italianos confinados. Pero el mismo día 8-M desde los medios paniaguados del Gobierno animaban a acudir a la manifestación feminista. No habría tenido sentido prohibir fútbol, conciertos, misas o el mitin de Vox y al mismo tiempo convocar a la gente a una manifestación. Aquí hay una clarísima responsabilidad criminal. Y si no se puede culpar al Gobierno de la llegada del virus, sí se les puede acusar de su catastrófica dimensión. Como mínimo hoy 1.000 personas podrían seguir viviendo. 1.000 personas con cara, nombre y apellidos, o sea cinco 11-M. Como mínimo.