GRacias minies79, esta publicación aclara algunas de las dudas que teníamos sobre su entrada en vigor y sus efectos en las prefes:
"La nueva Ley, aprobada el pasado miércoles por el Senado de forma definitiva, y que se espera que se publique en el BOE esta semana, extiende a los ciudadanos particulares las tasas hasta ahora sólo previstas para empresas, y eleva exponencialmente sus cuantías. En la jurisdicción civil, las tasas van, en primera instancia, desde 150 a 300 euros; en segundo instancia, otros 800 euros; y si se recurre ante el Tribunal Supremo, habrá que desembolsar otros 1.200 euros. Todo ello aparte de los gastos de abogado y procurador.
En la jurisdicción contencioso-administrativa, los pleitos en primera instancia costarán entre 200 y 350 euros; la apelación, otros 800 euros; y acudir al Supremo, 1.200 euros. Por último, en la jurisdicción social, es decir, a la que acuden todos los trabajadores despedidos de sus empresas --una legión en los últimos tiempos--, la tasa ha quedado finalmente fijada --tras aceptar el Gobierno una rebaja instada por varios colectivos y grupos parlamentarios-- en 200 euros por el recurso de segunda instancia, y otros 300 si debe acudirse al Supremo. La primera instancia de este orden laboral, como el penal en todas sus fases, está exento de tasas.
A estas cuantías fijas de la tasa, debe sumarse otro componente variable que es de un 0,5% de la cuantía procesal --es decir, el interés económico del pleito--, hasta 1 millón de euros, y del 0,25 a partir de esa cifra, con el límite total de 10.000 euros.
En el caso de un afectado por las preferentes que reclamase por la vía civil al banco 100.000 euros, la tasa que tendrá que pagar al Estado a partir de esta semana será de 300 euros --juicio ordinario civil-- más 500 euros de tasa variable (0,5% de los 100.000 euros). Es decir, 800 euros, a los que tendrá que añadir otros 1.300 euros si presenta recurso de apelación por no estar conforme con la sentencia de primera instancia. Ya irían 2.100 euros.
La recaudación continuaría si finalmente, el sufrido ciudadano decide buscar justicia en el Tribunal Supremo, que no estudiaría el caso sin el pago de otra tasa más de 1.700 euros. Total: 3.800 euros. La cuantía ascendería notablemente si el dinero invertido en las preferentes fuese mayor, como ha sucedido en numerosas ocasiones."
Saludos.