Aunque no hay una cifra general para las pérdidas, ya está claro que, debido a las incertidumbres sobre el rescate de la zona euro a la banca española, golpeada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y la recesión, los inversores minoristas tienen alrededor de 30.000 millones de euros en deuda subordinada y participaciones preferentes en bancos españoles pequeños y medianos.
Sólo una parte del total se enfrentaría a pérdidas, ya que los bancos que cumplen con los nuevos requerimientos de capital por su cuenta o que devuelvan las ayudas en junio de 2013 escaparían de dicha norma.
Esto implica que los inversores en Santander, BBVA , Caixabank y Popular, así como otros bancos pequeños pero sólidos, serían seguros mientras mantengan su ratio de "core capital" por encima del 9 por ciento requerido por las autoridades comunitarias.
Además, cuatro bancos nacionalizados -Bankia, NovaCaixaGalicia, Catalunya Caixa y Banco de Valencia- están negociando con la Comisión Europea fórmulas para minimizar la carga para los consumidores, muchos de ellos de avanzada edad, a quienes a menudo se les ha vendido este tipo de complejos instrumentos financieros como productos de ahorro.
"Estamos actualmente negociando el importe de la quita; la Comisión quiere que sea bastante alta pero confiamos en que podamos obtener algo mejor", dijo una fuente de uno de esos bancos.
"Hay varias opciones sobre la mesa: convertir las preferentes en bonos, en depósitos o en otro tipo de instrumentos", añadió.
Otras fuentes bancarias dijeron que ese tipo de acciones se han estudiado cuidadosamente y han sido implementadas con clientes individuales en algunos casos.
Una vez acordado el importe de la quita con Bruselas, el Gobierno tiene la posibilidad de pagar una compensación por las pérdidas.
El mes pasado, el comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, declaró que las condiciones de la ayuda para los bancos prohíben el uso de los fondos comunitarios para compensar a los bonistas, así que los propietarios de preferentes deberán aceptar pérdidas a valor de mercado. Pero hizo hincapié en que los gobiernos nacionales o locales tienen derecho de hacerlo.
Aunque usar el escaso dinero público para compensar a los inversores podría ser impopular, la primera fuente bancaria dijo que esta opción aún estaba encima de la mesa.
"Una cosa es compensar por la pérdida y otra cosa es incumplir las normas de competencia, pero otra cosa muy diferente es que el Estado tome una elección política soberana", dijo la fuente.
PÉRDIDAS FORZADAS
España obligará a los bancos que reciban ayuda estatal a que tengan pérdidas por los instrumentos híbridos de capital y los tenedores de deuda junior, según un documento de la Unión Europea obtenido por Reuters. Se modificará la actual legislación para finales de agosto para permitir que se materialicen esas pérdidas, según el borrador del memorando de entendimiento.
Los bancos españoles todavía tienen 65.000 millones de euros de deuda subordinada, o 47.000 millones de euros si se excluye a Banco Santander y BBVA, según Barclays.
De esta cifra, los inversores minoristas tienen un 62 por ciento en instrumentos como participaciones preferentes, una proporción muy superior a la de otros países como Irlanda, donde los tenedores de deuda junior también fueron forzados a cargar con parte de las pérdidas del rescate bancario.
La venta de participaciones preferentes a inversores minoristas, muchos de los cuales eran antiguos clientes de los bancos con pocos conocimientos financieros, ha indignado a los españoles, en un escándalo anterior al rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros.
La nacionalizada Bankia, que probablemente recibirá la mayor parte de los fondos europeos, tiene 3.100 millones de euros en participaciones preferentes.
La entidad, que pidió 19.000 millones de euros para ser rescatada, está en negociaciones con la Unión Europea, el Banco de España y el regulador bursátil español para encontrar un modo de compensar a los inversores, dijo un portavoz del banco.
Los bancos cotizados ya han convertido participaciones preferentes en capital, mientras que las cajas no cotizadas optaron por canjearlas por depósitos. Barclays Capital sugirió el miércoles en una nota que los tenedores minoristas de deuda pudieran ser compensados por un fondo estatal, pero otros expertos dijeron que eso sería difícil.
FIRMADO CON EL DEDO
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el miércoles un paquete de nuevas medidas con alzas de impuestos y recortes de gastos en un ajuste que pretende obtener 65.000 millones de euros para 2014.
En este contexto, la compensación pública para los inversores sería poco atractiva en términos políticos.
Los clientes bancarios afectados por las pérdidas en las participaciones preferentes manifestaron sus quejas ante el nuevo presidente de Bankia en su última junta de accionistas el mes pasado.
"Teníamos (mi mujer y yo) unos dineros a plazo fijo y Bancaja (una de las siete entidades que forman parte de Bankia) me los sacó del plazo fijo y me los puso en preferentes, engañándome miserablemente con mentiras. Deseo que ese dinero pase donde estaba íntegramente, todo el que me sacaron, y que lo paguen los que lo han robado", dijo Miguel García Tribaldo, jubilado de 85 años, durante la junta del banco.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, advirtió en la junta que sus opciones eran limitadas a la hora de encontrar una solución para estos inversores.
El banco central desalentará a que los bancos que han recibido ayuda pública compensen a los tenedores de deuda junior con más del 10 por ciento del precio del mercado, según el documento de la UE.
Esto supondrá que los inversores en estos productos podrían asumir pérdidas de hasta el 40 por ciento, teniendo en cuenta que estos instrumentos cotizan en los mercados con descuentos de entre el 20 y el 30 por ciento, según fuentes financieras.
NovaGalicia tiene 960 millones de euros en preferentes en manos de inversores minoristas y CatalunyaCaixa tiene 480 millones.
Banco de Valencia tiene 100 millones de euros en deuda subordinada para inversores minoristas, aunque no participaciones preferentes, según una portavoz de la entidad.
NovaGalicia está bajo una investigación judicial por supuestamente haber vendido estos instrumentos a inversores minoristas. El diario El País mencionó un formulario de compra por importe de 6.000 euros de títulos firmado por la huella dactilar de una mujer de 86 años