La Agencia Tributaria abrió a Gowex en febrero de 2013 una inspección sobre impuesto de sociedades e IVA de los ejercicios 2008, 2009 y 2010 y se encontró con irregularidades que la llevaron a ampliar la investigación durante más de un año. Hacienda escrutó las cuentas de la empresa proveedora de wifi, en concurso de acreedores tras haber admitido fraude contable, y alertó de “presuntos delitos económicos continuados en Go-wex”, según el informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 10 de julio, al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento, entregado cuatro días antes de que testificara el fundador, Jenaro García, también recoge un “masivo” e injustificado desvío de fondos a “cuentas ocultas” en Costa Rica, tierra natal de Florencia Maté —esposa de Jenaro García—, adonde viajó tras estallar el escándalo.
Florencia Maté, esposa del fudador de Gowex, tras declarar en la Audiencia Nacional el 28 de julio.
“En 2010, afloran fondos masivos en Costa Rica. En total, las entradas de fondos a dichas cuentas en dicho ejercicio, atribuidas por Let’s Gowex a cobros de clientes, arrojan un total de 12.104.796 euros y las salidas ascienden a 4.295.288 euros”. Este elemento supone la “posible existencia de rentas que se han ocultado a la Hacienda pública”. “No se han acreditado la fecha de apertura ni la persona contratante, ni se han aportado los justificantes bancarios donde conste el origen y el destino de los fondos que entran y salen de las mismas”, remacha el escrito.
El desvío de fondos a Costa Rica es detallado por los inspectores: “Las primeras imposiciones datan de junio de 2010, y en tres de los casos se ha constatado que coinciden con salidas de cuentas abiertas en España cuyos fondos proceden de los obtenidos en la ampliación de capital suscrita por inversores privados” y presumiblemente han “sido enmascarados como operaciones comerciales”. Hacienda ignora si los fondos siguen en tales cuentas, y apunta que Gowex “mantiene cajas de seguridad que han podido utilizarse para depositar el efectivo hasta su traslado a Costa Rica a nombre de Let’s Gowex o alguna otra cuenta en el extranjero en beneficio de los accionistas iniciales”. A los inspectores les llevó nueve meses descubrir las cuentas en el país centroamericano, según afirman, porque estaban “ocultas en el balance de Gowex Wireless”, una de las filiales que juzgan mera instrumental.
Hacienda detectó el “presunto falseamiento de parte de su actividad [facturas, filiales, clientes, valoración] (...) para aparentar una actividad mayor de la que realmente desarrolla”.
La Agencia Tributaria detalla las irregularidades contables halladas en su inspección: “Se ha podido verificar una masiva falsedad y opacidad de las diferentes operaciones de compra y de venta que se producen a lo largo de los diferentes años comprobados”. Los inspectores apuntan su finalidad: “Todo indica que el objetivo sea aumentar el volumen de facturación del grupo, ya sea con clientes falsos, con clientes que lo niegan o con clientes exteriores con la idea de aparentar un grupo sólido y con capacidad de negocio que resulte atractivo al pequeño inversor, capaz de acudir a Bolsa a las diferentes ampliaciones de capital habidas con importante prima de emisión. Este supuesto posibilitaría entender que el comportamiento es fraudulento”.
“La sociedad se ha financiado”, afirmaban los inspectores, “en esencia con ampliaciones de capital que llevaban primas de emisión muy elevadas, lo que explica a su vez que hayan alcanzado cotizaciones tan elevadas en el mercado secundario. En consecuencia, los socios antiguos estaban dispuestos a vender participaciones en el capital a precios cada vez más elevados”.
Agotada tal vía para obtener recursos, según Hacienda, se buscó otra: “En 2013, la principal fuente de financiación procede de deudas a largo plazo con entidades de crédito. Se incrementó en más de un 200%. Ha pasado de 4,5 millones a 16,8 millones”. Gowex se endeudaba en el mismo año que Hacienda le inspeccionaba. Hubo una tercera línea de ingresos: “Es posible que la mayoría o todos los proyectos de I+D justificativos de las subvenciones disfrutadas tengan un soporte falso de trabajos inexistentes llevados a cabo por el conjunto de empresas fantasma que circulan alrededor de Gowex Wireless”, apunta el informe. Hacienda pide que se investigue un posible delito en la captación indebida de subvenciones, que suman millones.
El documento informativo de Gowex cuando salió a Bolsa en 2010 deja claro que “ni la sociedad rectora del mercado alternativo de valores ni la CNMV han aprobado o efectuado algún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido de este documento”. Y la auditora, a juicio de Hacienda, no solo no declaraba al fisco, sino que uno de sus dos representantes estaba imputado en dos juzgados por “las mismas conductas defraudatorias” (empresas que cobran el IVA pero no lo ingresan porque se deducen facturas falsas).
Hacienda se topó con varias contradicciones. Gowex acusaba de impagos millonarios a grandes empresas como Acciona y Unidad Editorial Información Deportiva. Hacienda les preguntó. Y ambas negaron ser clientes de Gowex.
La firma aseguraba haber facturado también a la multinacional india del automóvil Tata, pero se comprobó que daba como domicilio una calle ajena a dicha firma. Y habló de facturas de la firma Ricasa, pero citaba como sede un hotel de Costa Rica. Gowex, preguntada por la identidad real de los clientes extranjeros, da esta respuesta: “Las personas que están detrás de estas entidades han decidido ocultar su identidad”. Y alega que “no puede desvelar dicha información por riesgo a perder esta fuente de negocio”.
A todo esto se unen las empresas fantasma de la trama, filiales sin vida real, que, según la Hacienda, cruzan facturas con la matriz hasta anularse en más de un 90% del negocio. “A pesar de que Gowex Wireless tiene su domicilio fiscal en Sevilla, no dispone allí de ningún local ni de personal. El resto de las sociedades dependientes, a pesar de tener en su mayoría denominaciones que incluyen el nombre de una capital española, tienen su domicilio social en la dominante”. Algunas apenas facturan 6.000 euros en un año. Sin embargo, cada una de ellas logran créditos por valor 200.000 euros. “Se desconoce si dicha financiación se obtuvo con la prestación de garantías reales”, apuntan los inspectores.
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