Lamentablemente mis predicciones se están confirmando:
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/02/14/el-gobierno-rechaza-el-87-de-las-peticiones-de-paro-de-autonomos-4221/
El Gobierno rechaza el 87% de las peticiones de paro de autónomos
El Gobierno ha encontrado un gran nicho impositivo del que sacar una gran rentabilidad. Y lo ha hecho a costa de los autónomos. Lo comprobamos al observar las cifras que dejan el primer año en que los autónomos que cotizaron por el cese de actividad (el llamado 'paro de los autónomos') empezaron a solicitar las ayudas correspondientes tras dejar de trabajar por cuenta propia.
Y es que, de los 8.418 autónomos que solicitaron la prestación por cese de actividad, tan solo 1.538 pudieron acceder a ella. En otras palabras: el Gobierno rechazó el 81,72% de las peticiones.
Se cotiza por ella, pero no se cobra
Pero si el número de autónomos que accedieron a esta prestación fue bajo, no así lo fue el de cotizantes: según los datos oficiales, fueron 501.530 los autónomos que cotizaron por este concepto en todo 2012.
Según los datos aproximados que en su momento dieron tanto PSOE como PP, la recaudación por este concepto en 2011 fue superior a los 50 millones de euros, una cantidad muy alejada de los 2,1 millones que el Gobierno asegura haber desembolsado en 2012, lo que deja un saldo positivo cercano a los 48 millones de euros en las arcas del Estado. En este contexto, cabe preguntarse: ¿por qué solo un 18,28% de los solicitantes de esta prestación pudieron cobrarla? Las razones se encuentran en los requisitos redactados en 2010 por el Gobierno del PSOE y mantenidos ahora por el del PP.
De entrada, para acceder a la prestación la baja no puede ser voluntaria, sino justificada. El criterio parece lógico, pero, ¿qué se entiende por 'baja justificada'? Es ahí donde empieza el embrollo: según la disposición legal, el cese se justificaría, entre otras cosas, con criterios como "unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo, superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en dos años consecutivos y completos".
No obstante, "en ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos", con lo que se cuenta a partir del tercer año.
No parece fácil pensar que un autónomo que lleve dos años perdiendo dinero aguante dado de alta sólo por acceder a esta prestación, máxime cuando, durante un año, ha tenido que cotizar un 3% de su base para poder optar a esta ayuda y teniendo en cuenta que, como dice la ley, la prestación se extiende durante seis meses en el mejor de los casos, y durante solo dos en el peor.
De este modo, si bien el Gobierno anima a los autónomos a dedicar parte de sus impuestos a esta ayuda, lo cierto es que las condiciones para finalmente poder cobrarla (aunque se haya cotizado por ella) son lo suficientemente complejas para que, como decimos, solo un 18,28% de los solicitantes haya podido acceder a la misma.
Obligatoria para 2014
No obstante, el problema no acaba ahí, ya que, si en 2011 hubo poco más de 500.000 autónomos que cotizaron para poder optar a esta ayuda, la intención del Gobierno es que pronto lo hagan los poco más de tres millones de autónomos que hay en nuestro país.
Así lo ha asegurado en varias ocasiones la ministra Fátima Báñez, desde cuyo ministerio se está trabajando para que la cotización por esta prestación sea obligatoria para todos los autónomos de nuestro país a partir del 1 de enero de 2014.
De hecho, es una medida cuya obligatoriedad ya se intentó aplicar a 2013, pero finalmente se desechó por las protestas de numerosos grupos de autónomos, que, a la vista de las cifras, ven en esta prestación un nuevo impuesto, en vez de una ayuda.
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