En primer lugar, es preciso aclarar que los delitos por los que estas personas han sido acusadas, deben conllevar penas bastante más elevadas que unos pocos meses o un par de años de prisión, únicamente. Todo eso, siempre y cuando se puedan presentar las pruebas pertinentes, las cuales y por lo que hasta hoy es conocido, son totalmente inexistentes.
Condenar, en todo caso, a unos pocos meses de cárcel a los responsables, no justificaría ni de lejos, la salvajada cometida con la intervención de las empresas y del consiguiente atropello a todos sus ex - clientes.
En concreto, una de las pruebas esenciales que se ha tratado de obtener a toda costa, para sostener o justificar una condena, ha sido la localización del dinero que los acusados habían robado, supuestamente. El resultado que han obtenido tras enviar infinidad de comisiones rogatorias, durante más de nueve años y por casi todos los países del mundo, ha sido el de un fracaso total, tan ridículo como estrepitoso y también para nuestras autoridades, un desvergonzado "esperpento".
Así, con esta confirmación, es un hecho seguro que a los procesados tendrán que considerarlos insolventes y que no será por ahí por dónde podamos recuperar, al menos algo de nuestro dinero, los ex - clientes. Quien no quiera ver o haga como que no ve esta obviedad tan evidente, o se está engañando a sí mismo o (peor todavía) trata de engañar (interesadamente) a todos los perjudicados inocentes.
Concluyo mi observación, advirtiendo y recalcando que a ningún Estado se le podrá jamás, señalar como responsable patrimonial, si declaran a los procesados culpables (tan deseado por algunos) de ser los autores de nuestro expolio, finalmente. De hecho, ya se pronunció la Justicia en una Sentencia de un Tribunal Supremo, sobre ese supuesto y ya nadie se atrevió a recurrir a ningún otro Tribunal Superior (interno o externo).
La única esperanza en la que debemos volcarnos, por tanto, es que se demuestre la inocencia de los dirigentes y la plena ilegalidad de la intervención de la empresa, consecuente. Tan solo, así, la exigencia de una clara responsabilidad patrimonial al Estado, por nuestra parte, tendrá la necesaria legitimidad para que prospere, jurídicamente (si no en España, en otro Tribunal exterior, independiente). Quien no lo reconozca claramente así, deliberadamente, miente.